PORQUE LA CLASE TRABAJADORA DEBE OPONERSE A ELLOS

Artículo extraído del primer número de Tribuna de Trabajadores, boletin de la LCI-CORCI marzo de 2024

Durante las últimas décadas los gobiernos mexicanos crearon diversos organismos estatales a los que se les denomina como “autónomos”, su creación coindice con la implementación de las políticas neoliberales, la justificación de su existencia fue que hay espacios de la administración pública que deben ser dirigidos y organizados por “expertos”, siendo organismos “técnicos” que no deben “politizar” sus decisiones.

Los primeros “órganos autónomos” tienen su origen durante la ocupación de Alemania y de Japón por parte de las tropas de los aliados después de la Segunda Guerra Mundial. En estos países las potencias vencedoras crearon “organismos autónomos” al mismo nivel que los de los gobiernos locales, dirigidos por “expertos en economía “, quienes tomaban decisiones por encima de los ciudadanos de esas naciones, dirigiendo la administración pública para el interés de las grandes potencias, impidiendo que los pueblos tomaran decisiones de manera soberana, particularmente sobre el uso de su presupuesto público.

Siguiendo este ejemplo los organismos financieros internacionales promovieron en todo el mundo la creación de dichas instituciones “autónomas” para facilitar el cambio en las leyes y en las legislaciones que no le favorecían al capital trasnacional. Los órganos autónomos fueron organismos auxiliares de las reformas neoliberales, las avalaban y justificaban por su necesidad “técnica”.

A diferencia de los políticos, o funcionarios públicos, los titulares de este tipo de organismos tienen la ventaja de que no rendir cuentas al pueblo o los ciudadanos, porque no fueron elegidos, su continuidad en el puesto no depende de la opinión popular o del voto.

En México se crearon varios de estos organismos, en áreas primordiales de la vida de la nación, como lo es: la emisión de moneda, las telecomunicaciones, las energías, minería, la educación, la estadística y las elecciones.

Cada uno de estos institutos autónomos esta al mismo nivel jurídico que los poderes públicos electos (diputados, senadores y presidente), cuentan con un patrimonio propio (bienes muebles y inmuebles, fideicomisos, cuentas de inversiones), tienen sus propios reglamentos; presupuesto y son dirigidos por funcionarios designados por el congreso y por los presidentes a discreción y sin la participación de la ciudadanía.

En la mayoría de los casos quienes dirigen estos órganos son designados por periodos más allá de un sexenio, por lo que tienen poderes, que, en su ámbito, son más amplios que los de los propios presidentes, como es el caso del presidente del Banco de México o Comisión Federal de Competencia Económica.

He aquí el gran problema, en un verdadero sistema democrático debería ser el pueblo quien elija y remueva a los representantes públicos, pero los órganos autónomos son una forma de negar la soberanía y la democracia, en áreas que son de interés general.

Si bien se argumenta que son organismo de carácter técnico y sus decisiones no se basan en cálculos políticos, la realidad es muy diferente, en el sistema capitalista no pueden existir organismos que sean neutrales en la lucha de clases, los intereses económicos se imponen y estos órganos están diseñados para que la clase trabajadora no tenga la posibilidad de incidir en ellos, son órganos  que sustraen funciones al poder legislativo y al ejecutivo liberándolos de la responsabilidad por sus decisiones.

Además, se argumenta que son “apolíticos”, conformados por “ciudadanos”, pero estos son designados por el Congreso a propuesta del Presidente, son avalados por los partidos políticos a través de negociaciones cupulares, entonces estos “ciudadanos” terminan siendo asignados en base a cuotas de poder y le deben su puesto a grupos políticos y económicos.

El resultado ha sido evidente, estos órganos han impulsado o avalado cada una de las reformas que privatizan los recursos naturales y las empresas públicas. Son quienes diseñan e implementan las reformas, como en el caso de la reforma educativa de EPN.

Recientemente estos organismos se han opuesto a la renacionalización de sectores como el petróleo o la energía eléctrica a nombre de garantizar la “competencia”.

La clase trabajadora no puede aceptar que existan organismos por encima de la democracia y de la soberanía y en especial si estos responden a los intereses particulares de los grupos económicos y políticos.

La LCI considera que estos órganos deben de extinguirse y que sus funciones deben ser asumidas por nuevas instituciones emanadas de un Congreso Constituyente, que le regrese la soberanía al pueblo.