Artículo extraído de Tribuna de Trabajadores México #1 Marzo de 2024

El instituto Nacional Electoral es un organismo “autónomo”, cuya defensa se ha convertido en la bandera de los grupos de la derecha mexicana, que han movilizado a cientos de miles contra de su desaparición equiparando la existencia del INE con la democracia.

El INE (antes IFE) surgió a principios de la década de los noventas con la intención de que el presidente sacara las manos de los procesos electorales (con ello evitar la manipulación y los fraudes como el de 1988 contra Cuauhtémoc Cárdenas), en la actualidad se ha convertido en una estructura burocrática controlada por los partidos políticos que les garantiza el monopolio del acceso a los cargos públicos y el acceso a los recursos del erario.

En cada reforma electoral han sumado más funciones, justificando en cada ocasión un mayor presupuesto para este organismo.

El INE además de organizar las elecciones, debe: actualizar el padrón electoral y resguardarlo definir la geografía electoral (es decir las secciones electorales y distritos), fiscalizar todos los recursos de los partidos y de las elecciones, monitorear los tiempos de radio y televisión, promover la educación cívica, procesar los conflictos entre partidos, impulsar acciones que promuevan la no discriminación, organizar consultas y referéndums para modificar leyes y renovar las credenciales de elector.

Abordar como el INE ha fallado en cada una de esas funciones, implicaría una serie completa de artículos, pero basta con unos ejemplos: el padrón electoral ha sido filtrado y vendido por internet, la “redistritación” se ha convertido en un botín político donde cada partido busca crear sus propios distritos seguros (como los llamados corredores azules del PAN), en relación con la fiscalización se trata de una verdadera estafa (las multas de los partidos las terminamos pagando los propios ciudadanos) y el dinero del crimen organizado corre en las campañas electorales, además la existencia autónoma de este organismos no ha evitado que se cometan fraudes como el de la elección presidencial de 2006, por el contrario los ha avalado.

A esto hay que agregar que las credenciales y boletas electorales son las más caras del mundo, ya que junto a la reproducción del material electoral se han convertido en un negocio muy lucrativo para algunas empresas en las que están involucrados los funcionarios y líderes de los partidos.

Hoy el sistema electoral mexicano es el más caro del mundo, el presupuesto invertido a nombre de mantener la democracia va a parar a las manos de unos cuantos funcionarios, líderes de partidos y sus empresas.

El INE representa un organismo antidemocrático para la clase trabajadora.

En México, las leyes consideran a los partidos como entidades de interés público a través de los cuales se ejerce el derecho constitucional de cada ciudadano a votar y ser votados. El encargado de registrar a los partidos y otorgarles el presupuesto es el INE (recientemente se creó la figura de candidato independiente cuyo registro también está a cargo del INE).

La legislación actual prohíbe que existan candidatos promovidos o respaldados por organizaciones sindicales o movimientos sociales, pese a que la constitución otorga el derecho a la libre organización y a la coligación para la defensa de derechos.

Desde hace décadas el IFE y después el INE le han negado el registro a las organizaciones de la clase trabajadora que han intentado participar con las reglas del sistema electoral actual, en particular se ha negado el registro a las organizaciones abiertamente socialistas que plantean una trasformación radical.

Se han impuesto requisitos y reglamentaciones que hacen que sea practicante imposible que una organización independiente cumpla las exigencias de este organismo, lo cual impide que en las elecciones se exprese una opción diferente a las de los partidos burgueses.

En el caso de las candidaturas independientes, en cada proceso electoral es más difícil lograr el registro para la participación formal. Esta figura además tiene el agravante, de que se aplican las reglas como si el candidato fuera equiparable a un partido político, en particular la llamada “fiscalización” que es un obstáculo infranqueable. (mientras los partidos contratan bufetes de abogados y contadores para saltarse las reglas, los candidatos independientes deben hacerlo con sus propios recursos)

Sumado a ello, el INE tiene facultades que le dan la posibilidad de entrometerse en la vida interna de los partidos, puede imponer procesos, exigir modificaciones estatutarias, remover cargos electos, modificar las plataformas políticas e incluso imponer candidaturas por razones de cuotas de género, origen étnico o identidad sexual. Un órgano autónomo que no responde a nadie tiene la capacidad de incautar la autonomía de los partidos y pasar por encima de los militantes agrupados en ellos.

Para la LCI, es claro que el INE es una institución que ha dejado de cumplir con una misión democratizadora consolidándose como una estructura burocrática devoradora de recursos públicos y limitante del ejercicio de los derechos políticos.

Consideramos que los partidos políticos no deben ser calificados como “entidades de interés público”, ya que son organizaciones eminentemente privadas que responden a intereses de sus militantes que se agrupan de manera voluntaria para llevar adelante un proyecto de sociedad común con una ideología propia.

Pensamos que es totalmente antidemocrático que se utilicen recursos públicos, que se cobran de nuestros impuestos, para sostener a organizaciones cuyo programa va en contra de los intereses de la clase trabajadora, recursos que deberían ser dirigidos a los servicios públicos y no al despilfarro, al negocio de unos cuantos. Por lo tanto, planteamos que se debe eliminar el subsidio público a los partidos.

Consideramos que quien desee ejercer su derecho a la participación política debería hacerlo libremente, sin que existan obstáculos jurídicos y burocráticos, no debería existir un órgano que impida que los ciudadanos se organicen libremente, participen en las elecciones y actúen por lo que consideran justo y mucho menos que tenga la facultad de decidir que organizaciones partidistas pueden o no participar en las elecciones. Deben ser los ciudadanos quienes decidan a quien quieren como representante y a quien le darán su voto, por lo cual debe existir libre registro en todos los procesos electorales.

Creemos que el sistema electoral en su conjunto debe ser reconstruido, por un Congreso Constituyente, acorde a la voluntad popular, que garantice la democracia política y los derechos; lo que pasa necesariamente por la desaparición de este supuesto organismo autónomo, la remoción de sus funcionarios y la eliminación de las trabas a la participación política.

NOTAS

1 Una de las últimas organizaciones que aspiró al registro fue la Organización Política del Pueblo y los Trabajadores (OPT), en su momento el IFE le exigió modificar su programa político, ya que su consigna central era sustituir la constitución actual a través de un Congreso Constituyente, el INE argumento que no puede existir un partido político registrado que atente contra la constitución actual.

2 Los candidatos independientes impulsados por organizaciones como el MTS y la OPT de BC terminaron los procesos multados e inhabilitados por los organismos electorales, por no “justificar gastos” que eran inexistentes.