Si el poder de los militares en Burkina Faso expulsó a las tropas francesas del país y rompió con la CEDEAO, que estrangulaba la economía, al mismo tiempo ha emprendido prácticas peligrosas contra la democracia y los trabajadores. En una conferencia celebrada el 24 de marzo, el portavoz de la central sindical CGT-B denunció estos ataques: «Mientras que todas las actividades de los partidos políticos y las organizaciones de la sociedad civil son prohibidas so pretexto de la lucha contra los grupos terroristas armados, las autoridades de transición y sus partidarios organizan reuniones y mítines para demostrar su fuerza (…). Las amenazas con machetes forman parte de las maniobras destinadas a amordazar a nuestro pueblo, impidiendo cualquier crítica a la gestión de la crisis de seguridad y, más en general, a la gobernanza del poder».

El gobierno sigue embargando unilateralmente el 1% de todos los salarios para financiar la lucha contra los atentados terroristas, y ha prorrogado un año la movilización general contra el terrorismo, al tiempo que intenta impedir que los trabajadores defiendan sus intereses: «Hoy continúa la intimidación con ataques seguidos de amenazas de muerte contra los trabajadores del Ministerio de Economía, Finanzas y Perspectivas, acusados injustamente de fomentar un golpe de Estado», continúa el comunicado.

El 27 de marzo, una decena de organizaciones de defensa de los derechos democráticos denunciaron las «amenazas, secuestros, arrestos y detenciones arbitrarias» e hicieron un llamado a que la Constitución sea respetada.

Con nuestros corresponsales en Burkina Faso