Artículo extraído de LA TRIBUNE DES TRAVAILLEURS #440 (15 de mayo de 202) Semanario del Patido de Trabajadores (Francia)

 Las lluvias diluvianas y las inundaciones en el Estado de Rio Grande do Sul, en el sur de Brasil, han dejado una centena de muertos, centenas de desaparecidos y de heridos y a 150,000 personas sin techo. En un llamado que nos acaban de hacer llegar, maestros militantes sindicales del Estado de Rio Grande do Sul explican: “Aun cuando la primera causa está ligada al fenómeno del Niño y al calentamiento climático, esta catástrofe no es solo “natural”. Es el resultado de incesantes ataques contra el medio ambiente por un modo de producción que ya es del pasado: el sistema capitalista”.

Las devastaciones son también la consecuencia de los agentes locales del gobernador del Estado, Eduardo Leite (PSDB, de derecha). En los inicios de su primer mandato, en el 2019, echó considerablemente para atrás la reglamentación de la legislación del medio ambiente del Estado, una de las más antiguas del País. Casi 500 artículos del Código del medio ambiente fueron modificados en el puro interés de los patrones.

Por ejemplo, con el fin de acrecentar la superficie de plantaciones de soya y de llenar aún más la bolsa de la agro-industria, Leite autorizó la destrucción parcial o total de los bosques y de la vegetación de preservación, favoreciendo el desarrollo de cenegas en los ríos y con ello las crecidas.

Otra medida: la división por veinte del presupuesto de la protección civil de 2022 a 2024, mientras que el Estado había ya estado confrontado a tres inundaciones mayores entre junio y noviembre del 2023. Eso no le impidió al gobernador posar ante las cámaras, vestido de un uniforme de miembro de la protección civil.

Sebastián Melo (MDB, de derecha), alcalde de la capital Porto Alegre, no se queda atrás: se comprometió a privatizar el Departamento municipal del agua y saneamiento, a quienes deja deliberadamente sin personal suficiente, rehusándose a contratar. Consecuencia: el derrumbamiento de diques hechos para proteger a la ciudad contra las crecidas.

Hoy la población está estupefacta por los resultados de esta política de privatización. En los barrios inundados se vivió una gran solidaridad hacia los siniestrados, la población toma ella misma en mano la organización de los socorros. La mayor organización sindical del Estado, el sindicato de los maestros, el Centro de profesores del Estado de Rio Grande do Sul, CPERS (alrededor de 80,000 miembros) jugó un papel mayor en la organización de esta solidaridad.

Las organizaciones obreras tienen por supuesto el deber de participar en el socorro de los siniestrados, pero también deben unirse por un plan de urgencia y salvamento de la población, que, según nosotros, debe avanzar, entre otras, las siguientes reivindicaciones:

1. El pago anticipado de un treceavo mes a todos los trabajadores afectados a la reconstrucción;

2. Aumento de salarios y pensiones de los maestros y de todos los funcionarios;

3. Una ayuda de urgencia del Estado para los siniestrados en situación de necesidad;

4. Abrogación del plan de economías presupuestales en nombre del reembolso de la deuda y anulación de la deuda;

5. La renacionalización de la electricidad para bajar las tarifas y evitar los cortes;

6. La abrogación de todas las leyes que han desreglamentado el Código del medio ambiente;

7. El restablecimiento del aumento de fondos destinados a la protección civil.

En ese caos provocado por la ley de la ganancia capitalista, la dirección del sindicato de maestros (CPERS) debe, para nosotros, llamar a sus miembros a poner su experiencia militante al servicio de la organización de asambleas en cada barrio para formular cuadernos de reivindicaciones para dirigirlos a los alcaldes, al gobernador y al gobierno federal.

Pedro Jacobs (secretario de la sección sindical n° 39 dl CPERS);

Jairo S. Vieira (militante del CPERS;

Amaraji Pires da Conceicao (militante del CPERS);

Hemengarda Cavalheiro (militante del CPERS).