Artículo extraído del #2 de Tribuna de Trabajadores (México) junio-julio 2024

Después del triunfo de Sheinbaum, la discusión pública se ha centrado en la propuesta de reforma al poder judicial defendida en campaña por la candidata de MORENA y propuesta por el presidente AMLO desde hace varios meses.

La iniciativa de reforma propone:

• Reducir el número de integrantes de la suprema corte de justicia de la Nación (SCJN) para pasar de 11 a 9 integrantes y recortar el periodo de su encargo de 15 a 12 años; eliminar la pensión vitalicia para actuales y futuros ministros, y que sus remuneraciones se ajusten al tope máximo establecido para el presidente.
• Las salas de la SCJN desparecerán y solo podrán sesionar en pleno y de manera pública.
• En el caso de la conformación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se reducirá a 5 magistrados que no podrán ser electos para un nuevo periodo; asimismo desaparecerá el Consejo de la Judicatura Federal (organismo encargado de supervisar el buen funcionamiento del poder judicial) y será suplido por el Tribunal de Disciplina Judicial.
• Y la propuesta más difundida es que los ministros, magistrados y jueces sean elegidos por voto directo, mientras que actualmente son designados a través de una terna presidencial por el Senado de la república, es decir por el voto de los partidos.

La elección se realizaría a través del voto popular, en un proceso extraordinario, donde las campañas se harán sin financiamiento público o privado, con difusión solo en los medios de comunicación que ofrezcan foros gratuitos y en debates organizados por el INE, prohibiendo que los partidos políticos hagan campaña y los candidatos serán pasados por un filtro que garantice su formación y preparación para los cargos, eso sí, para el caso de los ministros de la SCJN solo podrán participar candidatos propuestos por los actuales poderes, 10 por el presidente, 10 por el Congreso de la Unión y 10 por la actual Suprema Corte.

Esta propuesta que se trata de una modificación legal para democratizar al único poder público que hasta la fecha no es electo, ha generado oposición por parte de los grupos empresariales, los poderes facticos y los partidos tradicionales del régimen.

Desde hace varias semanas no para el desfile de “opinologos” en los medios, cada uno de ellos repitiendo que esta reforma “destruirá la autonomía de la suprema corte”, “romperá con el estado de derecho” “politizará la elección de los jueces” “permitirá la injerencia del crimen organizado” “ahuyentará las inversiones” y finalizan llamando a la población a oponerse a ella.

¿Qué hay detrás de la oposición a la reforma del poder judicial?

Cada uno de los argumentos de estos “opinadores” se cae por sí mismo, ya que desde hace décadas, especialmente desde 1994 (ver 1994 y el TLCAN: el Golpe de Estado del que nadie habla), el poder judicial ha estado en manos de los partidos políticos y de los grupos de poder que se han repartido los cargos a través de cuotas, así como de la delincuencia organizada.

En teoría el poder judicial, es el encargado de impartir la justicia, hacer respetar los derechos de los ciudadanos, hacer valer las leyes vigentes, sancionar los actos inconstitucionales de los otros poderes, interpretar la ley y hacer valer la constitución mexicana, pero no sucede así, ha funcionado como una oficina que avala cada nueva modificación a la constitución.

Desde la aprobación del TLCAN la  SCJN, se dedicó a adecuar el marco legal mexicano a las exigencias de las trasnacionales y de los grupos de poder, pasando por encima del espíritu de la constitución de 1917 y de las leyes que de ella derivaron.

Además, la impartición de justicia no ha mejorado y hoy más del 90% de las denuncias queda impune lo que ha abonado al clima de inseguridad, corrupción e impunidad que vivimos todos los mexicanos (1).

Los magistrados de la suprema corte y demás miembros del poder judicial en cada ocasión han votado en contra de los intereses del pueblo de México, dándole un barniz legal a acciones a todas luces ilegitimas, como lo ha sido:

· La aprobación de las privatizaciones, de los sectores energéticos: minas, petróleo, electricidad; de las vías de comunicación, de los ferrocarriles, puertos y aeropuertos, de las playas y recursos naturales.

· El aval a todas las reformas estructurales del periodo neoliberal, como lo fueron la reforma hacendaria, la educativa.

· La aprobación de las reformas a las jubilaciones, para entregar los fondos a los bancos extranjeros a través de las AFORES

· El pago de las jubilaciones en UMAS y no en salarios mínimos

· Otorgamiento de amparos a empresas para evadir el pago de impuestos, y a diversos políticos y empresarios.

· El aval al fraude electoral de 2006

· El aval a la militarización del país y la firma de acuerdos de cooperación en materia de seguridad nacional con los EUA.

En el mismo tenor ha rechazado cada uno de los procesos y peticiones de los movimientos populares como lo han sido:

· La defensa del agua, los bosques y territorios, depredados por empresas trasnacionales, particularmente canadienses.

· Los amparos colectivos contra la reforma a la ley del ISSSTE, a la reforma educativa.

· El amparo contra el cierre de la compañía de Luz y Fuerza del Centro, avalando las acciones de Felipe Calderón.

Es decir, la SCJN y el poder judicial en su conjunto durante las últimas décadas ayudaron a construir las instituciones, leyes y tratados que permitieron el saqueo de los recursos naturales, la perdida de nuestra soberanía, el sometimiento a la economía de los Estados Unidos, además de que facilitaron el abuso, la corrupción y el control de las bandas del crimen organizado de regiones enteras de nuestra nación.

Este es el “estado de derecho” que defiende la oposición, un sistema de leyes contarios al interés nacional, que solo les beneficia a ellos y a los intereses de empresas extranjeras que ellos representan.

Hay que agregar que siendo un poder al mismo nivel que el ejecutivo y el legislativo se han asignado para sí mismos grandes privilegios, entre los que se incluyen los salarios más altos para un funcionario público $ 827,792 mensuales (datos de El Economista 19 de octubre de 2023) (2), además de fideicomisos, régimen de jubilación propio, viáticos, pago de residencia, uso de automóvil, telefonía personal doméstico y de servicios a cargo del erario público (3).

Después de ver este panorama, cualquier trabajador conciente estaría de acuerdo en la necesidad de modificar al poder judicial, como lo demuestra la encuesta realizada por el equipo de Sheinbaum, que constató que entre el 77 y 83% de los ciudadanos están de acuerdo con realizar una reforma al poder judicial (4).

Las leyes para los marxistas

Para nosotros los marxistas las leyes, las constituciones, son parte de la superestructura jurídico política y no tienen una historia propia, independiente, están determinadas por las condiciones económicas en las que vive cada sociedad, por los medios y fuerzas productivas, no existe un “estado de derecho abstracto”, “leyes inmutables” así como no existe una supuesta “naturaleza humana ahistórica”.

Las leyes, se redactan en función de los intereses de clase de los grupos (clase/s dominante/s) que las han creado y en general los cambios en la superestructura son consecuencia de los cambios en la estructura económica, es decir las leyes reflejan la lucha de clases.

El socialista Fernando Lasalle, explicaba que las leyes no son sólo un documento escrito, sino que son algo más…reflejan en ellas mismas las contradicciones de la sociedad, las fuerzas activas y la correlación de estas en el momento en que se redactó la ley. Para él, las constituciones reflejan sólo una cristalización de la correlación de fuerzas (5).

Un ejemplo mexicano de esta situación fue la lucha de los campesinos por incluir en la constitución de 1917, el derecho a la tierra, el reparto agrario por el cual se levantaron en armas: durante la discusión del Congreso Constituyente diversos representantes de los grupos burgueses y de caciques se oponían a incluir el derecho a la tierra en el texto constitucional y fue solo mediante la amenaza de cientos de campesinos armados que se apostaron frente a la sede del congreso que los constituyentes accedieron a incluir la demanda, a riesgo de prender de nuevo la chispa de la lucha armada entre los campesinos, algo similar sucedió con los artículos 3ero relacionado con la educación pública, laica, científica y gratuita, el 123 de los derechos laborales y el  130 de la separación de la Iglesia y el Estado.

El mismo juego de la correlación de fuerzas se expresó en el momento del decreto de expropiación petrolera con Lázaro Cárdenas, cuando la situación internacional previa a la segunda guerra mundial y la movilización del sindicato de petroleros, con el apoyo abrumador de la población posibilitó dar ese paso en la recuperación de las riquezas y la soberanía nacional

Entonces debemos concluir que la correlación de fuerzas para el campo popular para los campesinos, los obreros y los explotados en general fue de tal forma desfavorable los últimos 30 años, que la oligarquía, la burguesía mexicana y detrás de ella el imperialismo tuvieron la posibilidad de imponerse, dotándose de un aparato judicial que les sirvió para hacer pasar sus intereses como si fueran las necesidades de la nación.

Claro que estas reformas debieron enfrentar la oposición de los movimiento sociales y populares, no pudieron ser impuestas de la manera más cómoda y sencilla, por lo cual se recurrió a la represión de la protesta y de las resistencias.

También debemos evidenciar que esa correlación de fuerzas desfavorable expresa que los trabajadores han carecido de un instrumento político propio que defienda sus intereses, se ha carecido de la unidad y de un programa que unifique al conjunto de los explotados. Es decir, de la conciencia de clase y de las organizaciones que la expresen en el terreno de la lucha de clases concreta.

El rechazo a la reforma judicial expresa el miedo al cambio en la correlación de fuerzas

Como expresamos antes, los grupos oligárquicos se oponen a la reforma porque ven sus intereses amenazados.  La sustitución de la actual Suprema Corte genera la incertidumbre de que la nueva no les beneficie, además su  derrota electoral evidencia que si hoy se hiciera la elección “sus jueces” seguramente serían rechazados.

Pero hay un temor mayor: el que se cumpla el mandato popular, que se abra una brecha al poder popular para que impongan una serie de reformas que echen por el suelo a las instituciones del PRIAN, esto no depende de MORENA ni de Sheinbaum que como han expresado, están dispuestos a negociar con los grupos de poder, sino depende de la capacidad de organización y movilización de la clase trabajadora.

¿Porque afirmamos esto?, porque con reforma o sin reforma al final de este sexenio la SCJN va a cambiar, ya que con la actual ley le corresponderá a la presidenta Sheinbaum reemplazar a 4 de los ministros actuales y ya le toco a AMLO reemplazar a 5, con lo cual MORENA contaría con la simpatía de 9 de los 11 miembros.

Entonces no se trata solo de que ministros sean asignados o electos, sino de que esta reforma pueda permitir el cambio en la conciencia de los mexicanos en su organización y abra una nueva coyuntura política, donde la fuerza de los explotados pueda expresarse, donde los trabajadores, las mujeres, los jóvenes lleven adelante sus demandas y se impulsen cambios.

Para ello la reforma no debería ser solo un cambio legal formal, sino que debe de acompañarse de la exigencia de que la nueva SCJN desmantele las instituciones heredadas del PRIAN, castigue a corruptos, a los culpables de las represiones y desapariciones. Sin esto el cambio no beneficiara a la clase trabajadora.

Exigir la aprobación de las reformas y construir al mismo tiempo un Partido Obrero Independiente.

Sin embargo, el panorama que esbozamos arriba depende de que los sectores populares se organicen de manera independiente sin someterse a los intereses del propio gobierno de la 4T, que no es un gobierno de los trabajadores, sino que representa el programa de una de las facciones de la burguesía mexicana, además que como explicamos en la editorial, este próximo gobierno y el congreso incluye a decenas de políticos del PRIAN que negociaron su apoyo electoral a MORENA a cambio de mantener sus posiciones.

Si aquellos que depositaron su voto, se quedan de brazos cruzados esperando los cambios, estos no se darán, la verdadera transformación de la vida nacional depende de nuestra auto organización.

En la LCI hemos lanzado una carta dirigida a los diputados, a los senadores electos, a la presidenta electa Sheinbaum y AMLO para exigirles cumplan el mandato conferido que aprueben las reformas que beneficien a la clase trabajadora, con la legitimidad que les dio una votación de más de 35.7 millones de mexicanos. Hoy con la mayoría calificada no hay pretextos que valgan, para no hacerlo, la oposición de derecha esta derrotada y representa a una minoría de la nación no hay que dar margen de negociación.

Al mismo tiempo llamamos a agruparnos para oponernos a aquellas reformas perjudiciales, como lo es la militarización de la nación y a construir un instrumento político, para que los trabajadores tengan una alternativa propia.

Por ello impulsamos una reunión nacional de firmantes de esta carta, para generar un espacio de dialogo y de coordinación.

Puedes descargar el boletin TT #2 completo aqui:

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(1) Ver: Más del 90% de los delitos denunciados en el país no se resuelven, muchos los ‘congela’ el MP en https://animalpolitico.com/2019/08/delitos-denuncia-impunidad-mexico-justicia

(2) Ver Cuanto ganan los ministros de la corte en https://www.eleconomista.com.mx/politica/Cuanto-ganan-los-ministros-de-la-Corte-con-prestaciones-y-seguro-en-2023-20231019-0106.html

(3) Ver nota Estos son los “40 privilegios” de los ministros de la Suprema Corte que enlistó Ricardo Monreal en https://www.eluniversal.com.mx/nacion/estos-son-los-40-privilegios-de-los-ministros-de-la-suprema-corte-que-enlisto-ricardo-monreal/)

(4) Ver: Ciudadanos avalan reforma al Poder Judicial: Sheinbaum presenta resultados de encuestas en  https://www.milenio.com/politica/sheinbaum-da-resultados-de-encuesta-sobre-reforma-al-poder-judicial

(5) Ver Lassalle, Fernando ¿Qué es una constitución? https://norcolombia.ucoz.com/libros/Lassalle_Ferdinand-Que_Es_Una_Constitucion.pdf