Liga Comunista Internacionalista (LCI-CORCI), Baja California

La reciente publicación del Protocolo Estatal de Actuación Gubernamental para la Prevención y Atención de Manifestaciones y/o Protestas Desarrolladas en el Estado de Baja California, presentada oficialmente por el gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda el pasado 31 de julio de 2025, marca un preocupante retroceso en las libertades democráticas y constituye una amenaza directa contra el derecho a la protesta social en nuestro estado. Este documento continúa la tendencia autoritaria que han venido mostrando los gobiernos de la Cuarta Transformación.

Aunque se presenta bajo un discurso de “atención institucional” y “coordinación entre dependencias”, lo que verdaderamente representa este protocolo es la instauración de un mecanismo de contención, vigilancia, espionaje e incluso criminalización de las expresiones de descontento popular. El gobierno de MORENA en Baja California, respaldado por su cómoda mayoría legislativa y el capital político heredado del discurso de la 4T, ha hecho lo que los gobiernos panistas y priistas no se atrevieron a hacer: formalizar y reglamentar la represión.

¿Un protocolo “para los funcionarios”?

Como reportó Proceso (31/07/2025), el gobierno de Marina del Pilar insiste en que este documento no está dirigido contra la ciudadanía, sino que busca establecer normas de actuación para los funcionarios públicos. Sin embargo, una revisión crítica del contenido del protocolo —que establece medidas de coordinación, control territorial, despliegue de personal, monitoreo de redes sociales y creación de “comités de análisis preventivo”— revela que su verdadero objetivo es disuadir, canalizar y neutralizar las protestas desde su raíz.

Lo más grave es que se otorgan atribuciones a instancias como la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Coordinación de Comunicación Social y la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos para intervenir en el curso de las protestas, documentarlas, identificar participantes y controlar su impacto mediático. Es decir, no se trata de respetar el derecho a manifestarse, sino de cercarlo, modularlo y contenerlo.

Se exigirá que se identifique a un responsable de cada manifestación. Es decir, si existe alguna situación de infiltración, el culpable será ese responsable, lo que abre la puerta a su criminalización, establecimiento de sanciones e identificación de los grupos u organizaciones de activistas y luchadores sociales.

Además, se exige que las manifestaciones se programen y se solicite permiso con días de anticipación, como si el descontento social o las situaciones de urgencia pudieran planearse. ¿Qué sucederá cuando haya una desaparición forzada, un feminicidio o una detención arbitraria de activistas? El protocolo sugiere incluso destinar espacios específicos para manifestaciones, como aquella vieja propuesta del PAN en Tijuana de construir un “marchódromo”, lejos de las instituciones gubernamentales y de las zonas más concurridas.

MORENA y la Cuarta Transformación: del discurso progresista al autoritarismo funcional

Este protocolo no surge en el vacío. Llega como respuesta a un ciclo creciente de descontento social contra la administración morenista en Baja California. Después de las protestas contra el reemplacamiento, y tras la manifestación convocada bajo el nombre “La carnita asada contra Marina”, donde decenas de personas denunciaron los malos manejos de la actual administración, los negocios privados con fondos públicos, la inseguridad reinante y las investigaciones que el gobierno de EE. UU. mantiene abiertas contra la gobernadora y su esposo Carlos Torres Torres, el gobierno decidió blindarse.

Además, en el estado se han llevado a cabo manifestaciones por las jubilaciones no pagadas, en apoyo a los maestros de la CNTE, contra la criminalización del magisterio, por los altos costos de la vida, los privilegios de la clase gobernante, la represión a las protestas feministas, el abandono de sectores sociales y en solidaridad con el pueblo de Palestina.

Estos malestares no son nuevos. Lo novedoso es que, en los últimos años, se ha desarrollado una nueva cultura de la manifestación como medio legítimo de expresión y presión política en el estado. Esta cultura expresa una mayor conciencia de clase y de la necesidad de intervenir en la vida política. Y lo más importante: ya no proviene solamente de los partidos tradicionales o del empresariado, sino de jóvenes, mujeres, sectores populares, trabajadores y votantes decepcionados de la 4T.

En lugar de abrir canales de diálogo y rendición de cuentas, el gobierno estatal opta por institucionalizar un mecanismo que puede derivar fácilmente en represión preventiva.

Una arquitectura legal de la represión: antecedentes y riesgos

Es imposible no recordar los precedentes de represión a manifestaciones feministas en Mexicali, Tijuana y Ensenada, donde se utilizaron cercos, gas pimienta, detenciones arbitrarias y estigmatización mediática contra activistas que exigían justicia por feminicidios impunes.

En lugar de atender las causas de fondo, se ha perfeccionado la logística de control. El nuevo protocolo legaliza estas prácticas bajo el manto de la “coordinación gubernamental”.

El PAN y el PRI no pudieron: solo el bonapartismo morenista lo logra

Durante décadas, los gobiernos del PAN y del PRI intentaron sin éxito establecer protocolos similares en Baja California. El rechazo social, la debilidad política de sus administraciones y la presión de organizaciones de derechos humanos lo impidieron. Ahora, es el gobierno que se dice “del pueblo” y “democrático”, el que dice “tener el corazón por delante”, quien tiene la legitimidad política suficiente para imponer estos mecanismos de control.

Como detalla La Voz de la Frontera (02/08/2025), este protocolo forma parte de una estrategia más amplia de “profesionalización gubernamental” para el manejo de manifestaciones. Pero esta supuesta profesionalización no es más que una actualización moderna y legalizada de las viejas prácticas de inteligencia, infiltración y vigilancia contra el movimiento social, legitimadas por una narrativa de “prevención” y “acompañamiento”.

MORENA ha demostrado que, una vez en el poder, asume sin vacilar los instrumentos autoritarios del viejo régimen y los perfecciona con mayor eficacia. Ya no necesitan toletes ni tanquetas: basta un comité de “análisis de riesgos”, un equipo que grabe la protesta y un discurso que tache de “radicales” o “antidemocráticos” a quienes se organizan.

¿Qué sigue para quienes luchamos?

El malestar social no se contiene con protocolos. La represión preventiva no apaga el fuego: lo aviva. A pesar de los cercos, amenazas, filtros y mecanismos de control, la rabia acumulada de la clase trabajadora, de la juventud precarizada, de las mujeres violentadas y de los despojados encontrará formas de expresarse.

Desde la Liga Comunista Internacionalista (LCI) denunciamos este protocolo como una amenaza directa al derecho democrático a la protesta, y convocamos a organizaciones populares, colectivos feministas, estudiantes, sindicatos independientes y ciudadanía crítica a manifestarse en su contra.

No podemos permitir que un gobierno que se dice progresista instale en Baja California una nueva arquitectura de represión preventiva, mientras protege los intereses del capital inmobiliario, la gentrificación, las concesiones privadas y el deterioro de las condiciones de vida de las mayorías.

¡Abajo el protocolo de represión disfrazado!

¡Ni PAN, ni PRI, ni MORENA: el pueblo organizado debe decidir!

¡Alcemos la voz contra la militarización del espacio público y la criminalización de la protesta!

¡Por una Baja California libre, combativa y solidaria!

¡La lucha sigue y seguirá en las calles!