El gobierno presentó el Proyecto de Ingresos y Egresos de la Federación para 2026 con un discurso que ya conocemos: que los aumentos de impuestos son necesarios para “mantener los programas sociales”. Pero cuando revisamos las cifras, queda claro que la verdadera prioridad no es el bienestar del pueblo, sino pagar la deuda externa y mantener tranquilos a los mercados financieros.

Más impuestos para los trabajadores

En 2026 se espera que el gobierno recaude más de 10.1 billones de pesos, un aumento de 12% respecto al año anterior. De esa cantidad, los impuestos aportarán casi 6 billones de pesos. Los tres más importantes serán:

• ISR (Impuesto Sobre la Renta): 3.07 billones.
• IVA: 1.58 billones.
• IEPS (gasolina, refrescos, cigarros, alcohol): 761 mil millones.

Es decir, el grueso del ingreso público vendrá de lo que se descuenta a los trabajadores en su salario (ISR) y de lo que todos pagamos cada día al consumir. El aumento en IVA e IEPS golpea directamente al bolsillo popular, porque no distingue entre ricos y pobres.

Mientras tanto, los grandes capitales, bancos y monopolios siguen gozando de privilegios fiscales y facilidades para evadir impuestos.

La deuda: un lastre que se paga antes que la salud o la educación

El gobierno presume que redujo amortizaciones de deuda para 2026, adelantando pagos por 3,593 millones de dólares. Sin embargo, la realidad es que el servicio de la deuda sigue devorando el presupuesto: en 2024 se pagaron 1.15 billones de pesos sólo en intereses, casi lo mismo que se destinó a salud y más que lo que se gastó en educación pública.

En otras palabras, los banqueros cobran primero; el pueblo espera después.

Austeridad selectiva

El discurso oficial insiste en que hay austeridad. Pero esa austeridad sólo se aplica a las mayorías. Las escuelas públicas siguen con techos caídos, falta de pupitres y maestros sobrecargados.

Mientras tanto, en el Congreso se habla de no aumentar el presupuesto de diputados y senadores, pero siguen los privilegios ocultos: asesores, viajes, viáticos y contratos de publicidad oficial. La supuesta “austeridad” no toca los gastos que engordan a la clase política.

Casos de corrupción y despilfarro abundan a nivel nacional:

• El aeropuerto de Texcoco, cancelado con un costo superior a 100 mil millones de pesos que hoy seguimos pagando en bonos.
• Los contratos inflados en Segalmex, con desvíos por miles de millones en compras de leche y granos.
• Los sobrecostos en Dos Bocas, cuyo presupuesto inicial de 8 mil millones de dólares ya casi se triplicó sin que la refinería funcione plenamente.
• El Tren Maya, con adjudicaciones directas y costos que ya duplican el plan original, mientras desplaza comunidades y destruye ecosistemas.

Estos ejemplos muestran que los sacrificios se imponen al pueblo trabajador, mientras la corrupción y el derroche continúan en las altas esferas.

¿Qué demuestra todo esto?

• Que el pueblo trabajador paga más impuestos, pero esos recursos no se ven en escuelas, hospitales ni empleos dignos.
• Que la deuda externa heredada de los gobiernos neoliberales sigue siendo la cadena que somete al país: el gobierno actual prefiere cumplir con los banqueros antes que con la niñez y la juventud.
• Que la austeridad es un engaño: mientras se recortan becas, materiales escolares o presupuesto de hospitales, los políticos y empresarios siguen enriqueciéndose.

Nuestra posición como trabajadores

Desde la Liga Comunista Internacionalista decimos con claridad:

• ¡Suspensión inmediata del pago de la deuda externa! Esa deuda no la contrajimos los trabajadores, no tenemos por qué pagarla.
• Impuestos progresivos reales: que paguen los grandes capitales, las fortunas y los bancos, no los asalariados y el pueblo.
• Transparencia total en el gasto público y recorte a los privilegios de políticos y funcionarios.
• Prioridad absoluta a educación, salud y vivienda digna, no a intereses de deuda ni a contratos inflados.

El presupuesto 2026 es otra prueba de que este régimen gobierna para los de arriba. Nuestra tarea es desenmascararlo y organizarnos para que la riqueza del país esté al servicio de quienes la producen: los trabajadores.