Versión extensa del articulo publicado en Tribuna de Trabajadores #5 noviembre de 2025

Por: Jaqueline Ramírez García

Estado de México, Redacción de la Tribuna de Trabajadores.- Cada amanecer miles de trabajadores, estudiantes cruzan los limites de sus territorios. Son obreros, empleadas domésticas, trabajadores de servicios, estudiantes, vendedores. Todos comparten una misma condición: deben desplazarse horas para llegar a su trabajo o escuela. En medio del cansancio, los embotellamientos, la incertidumbre, una nueva carga se suma a su rutina: el aumento del pasaje.

El actual Gobierno del Estado de México, la primera administración de la 4T, anunció en los primeros días del mes de octubre el alza a la parada mínima del transporte público, quedando en $14 pesos en la ZMVT justificando el alza como un “ajuste necesario” para mantener la operación del sistema de transporte público. Sin embargo, detrás de este discurso técnico se oculta una realidad más profunda: el transporte no se concibe como un derecho social, sino como una mercancía.

En el capitalismo periférico mexicano, la movilidad de la clase trabajadora se ha convertido en un espacio más de extracción de valor. Pagar por ir a trabajar se ha vuelto un acto de supervivencia cotidiana.

Según datos de INEGI, más de un millón de personas se mueven a sus trabajos en transporte público. Es la llamada “movilidad pendular”: trayectos de dida y vuelta que pueden sumar entre tres y cinco horas diarias. Ese tiempo- no remunerado, invisible para el patrón – prolonga la jornada laboral real. Siendo el autobús el principal medio de transporte (59%).

Esta situación encarna la plusvalía absoluta: el capital se apropia de más horas del trabajador sin pagar un peso más. Cada minuto en el transporte, cada embotellamiento, cada choque, cada transborde, son parte de la maquinaría que exprime la fuerza de trabajo sin reconocerla. La clase trabajadora sale de su casa de madrugada y regresa de noche, agotada, sin que ese tiempo forme parte de su salario.

El transporte se convierte así en un espacio de explotación indirecta. No genera valor para el obrero, pero garantiza que llegue a tiempo para seguir produciendo para otros.

Las condiciones materiales del transporte en el Estado de México son, en si mismas, una denuncia. Autobuses viejos, choferes sobreexplotados, rutas en mal estado, violencia vial, violencia sexual y asaltos. Las noticias de accidentes fatales y violencia en las unidades se han vuelto parte del paisaje en las rutas.

Este deterioro no es casual: es el resultado de un modelo de transporte privatizado y fragmentado, donde las rutas se concesionan a EMPRESARIOS que maximizan ganancias reduciendo costos. Los autobuses circulan hasta el limite del desgaste; los choferees trabajan sin descanso, bajo sistemas de renta diaria; la seguridad y el mantenimiento son vistos como gastos innecesarios.

Las condiciones de los operadores del transporte trabajan con pésimas condiciones laborales, con jornadas de hasta 12 horas, sin prestaciones mínimas, deben entregar “La cuenta”, que es el dinero que el operador debe entregar cada día al patrón, además de cubrir el pago del combustible e incluso el mantenimiento de la unidad, dejándolo con un sustento mínimo para ellos y sus familias. Estas condiciones en su conjunto generan la “guerra del centavo”, donde los operadores compiten por el pasaje, propiciando siniestros viales, en donde los únicos que pagan las consecuencias es la clase trabajadora.

Mientras tanto el usuario – es decir, la clase trabajadora – paga cada año por un servicio más precario. La lógica de la ganancia privada se impone sobre la lógica de la vida digna. El resultado, un sistema ineficiente, violento y desigual.

El papel del Estado en esta ecuación es el mediador que legitima la explotación. Bajo el argumento de que “los costos operativos aumentan”, Daniel Sibaja, actual titular de la Secretaria de Movilidad del Estado de México, aprobó, el incremento sin tocar las estructuras empresariales que lucran con el transporte. Se culpa al precio del combustible, al mantenimiento, a la inflación, pero nunca al modelo privatizado que convierte la necesidad de moverse en un negocio, pero ante este incremento no se ha publicado un estudio de ajuste tarifario que justifique las nuevas tarifas.

El pale, del Estado en esta situación no es neutral, sino el instrumento político de la clase dominante. En el caso del transporte, su función es garantizar la rentabilidad de los concesionarios – no la movilidad de los usuarios. El alza del pasaje, entonces, no es una medida técnica: es una decisión política que profundiza la subordinación de la clase trabajadora.

La movilidad debería ser un derecho colectivo, parte de la infraestructura social básica. Sin embargo, se trata como una mercancía sujeta a las leyes del mercado. Así, quien no puede pagar, simplemente no se mueve.

Ante el alza del pasaje, grupos unidos con el Colectivo estatal “No al Tarifazo EDOMEX” convocan a movilizaciones, asambleas, sin embargo, la narrativa oficial las deslegitima con rapidez en suma a la población que se desentiende de problemáticas que las atraviesan directamente, pero este descontento expresa el cansancio de pagar por su propia precariedad. Entre estas protestas contra el alza se han tenido propuestas de amparos contra este aumento traicionero al pasaje, amparos por el derecho constitucional a la movilidad, sin éxito inmediato, estas formas de resistencia abren posibilidad de comunicar y reflexionar que el transporte público no debe ser mercantilizado, que debe ser gestionado con criterios sociales, ecológicos y de equidad. Un sistema donde el desplazamiento no sea un privilegio, sino un derecho; donde el trabajador no deba elegir entre comer o llegar a tiempo.

El alza del pasaje en el Estado de México no es un hecho aislado. Es el síntoma visible de un sistema donde todo, incluso la necesidad de moverse se convierte en oportunidad de ganancia. Cada peso extra que el trabajador paga por subirse al autobús es un recordatorio de su posición estructural social: producir valor para otros, incluso mientras se dirige a hacerlo.

El transporte público mexiquense revela la contradicción central del capitalismo, quienes sostienen los territorios no pueden habitarlos ni moverse libremente en ellos, la ruta del trabajador, larga y costosa, es el mapa cotidiano de la desigualdad.

Hasta que la movilidad deje de ser mercancía y se reconozca como derecho, el viaje al trabajo seguirá siendo una forma más de explotación, porque el Estado de México, el pasaje no solo sube, también se encarece la vida de quienes cada día la hacen posible.