Artículo extraído de Tribuna de Trabajadores (México) #3 septiembre de 2024

Un poco de historia

La burguesía en su etapa revolucionaria luchó contra los estados absolutistas donde el rey, excluyendo al resto de la población, concentraba todos los poderes en beneficio de la nobleza.

En los países donde la burguesía triunfó estableció sistemas, basados en la ideología liberal que resaltaba la soberanía popular y proponía sistemas representativos (1) cuyo poder más importante era el legislativo quién representaba la voluntad del pueblo.

El filósofo burgués Montesquieu argumentaba que «todo hombre que tiene poder se inclina por abusar del mismo; va hasta que encuentra límites. Para que no se pueda abusar de este, hace falta disponer las cosas de tal forma que el poder detenga al poder», fue él quien propuso la división de poderes: El legislativo, los representantes del pueblo y que hacen las leyes; el ejecutivo encargado del gobierno, la administración interna y las relaciones internacionales; el judicial encargado de la impartición de justicia.

En teoría, cada uno de estos poderes debe ser autónomo para que exista equilibrio entre ellos. Pero al igual que en las monarquías absolutas estos poderes, aunque divididos representan en conjunto el interés de la clase social dominante: la burguesía, asegurando la existencia de la propiedad privada de los medios de producción.

En particular el Poder Judicial actúa como un aparato de protección para el gran capital, reflejando el carácter del Estado burgués en su conjunto, al aplicar la ley en beneficio de los empresarios y de la sustentación de la propiedad privada.

Si bien, a lo largo de los últimos siglos, la clase trabajadora ha logrado, mediante su organización, la inclusión de derechos en el sistema institucional burgués, estos están subordinados a la existencia del sistema capitalista y en muchos casos han servido para que tenga una más amplia legitimidad entre la población.

En el caso de México la división de poderes ha sido una ficción, en cada momento de nuestra historia los miembros de las clases dominantes han ocupado los puestos como presidentes, gobernadores, diputados y jueces, dejando sus diferencias actuando de común acuerdo en contra de los grupos explotados.

La historia nacional es un largo recuento de conflictos inter burgueses e invasiones imperialistas, solo interrumpido por la irrupción de las clases populares durante la revolución de 1910, quienes lograron incluir en la constitución una serie de derechos sociales como la educación, el derecho a la huelga, al reparto agrario, la nacionalización de la tierra y los recursos naturales.

Esta revolución social quedo interrumpida, de su estancamiento emergió el régimen del PRI (70 años), durante el cual la supuesta división de poderes fue letra muerta, ya que constituyó un presidencialismo vigente hasta hoy, donde el jefe del Ejecutivo concentra todos los poderes, como en una monarquía.

Según la constitución mexicana, el presidente es Jefe de Estado, Jefe de Gobierno, Jefe de las Fuerzas Armadas, tiene capacidad de veto y de decreto (con lo que sustituye al poder legislativo) y tiene el derecho de proponer a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia (es decir los presidentes ponen a los jueces).

Además, la historia nacional hizo del presidente el jefe del partido hegemónico, con capacidad de poner y quitar candidatos, de imponer funcionarios y de repartir cuotas de poder entre los sectores corporativizados.

El proceso de supuesta democratización en la década de los noventas del siglo pasado, no cambio estos aspectos del régimen, salvo la excepción de la reforma judicial de Zedillo, quien destituyó a los jueces heredados de los antiguos presidentes para imponer a una Suprema Corte a modo, que avaló cada una de las reformas neoliberales.

El poder judicial, el más opaco y corrupto del régimen mexicano

Desde sus inicios, el poder judicial ha sido una institución diseñada con el objetivo de defender los intereses de la gran burguesía y la burocracia estatal, a través de argucias legales e interpretaciones a modo ha permitido que los grandes capitalistas y funcionarios evadan la justicia, incluso cuando las leyes parecían desfavorecerlos o cuando hubieran cometido delitos.

Ha sido un poder que, en cada ocasión, ha avalado las políticas del presidente en turno. Con su acción u omisión ha permitido la represión a la oposición política y en particular de los jóvenes y de la clase  trabajadora.

Es un poder que ha escapado de la elección popular, que goza de altos salarios y privilegios que se les otorgan a nombre de blindarlos de la corrupción y de garantizar autonomía al juzgar, pero por el contrario estos beneficios materiales, los alejan de las condiciones de vida del pueblo y los alinean intelectual y políticamente con los intereses de la élite económica, para la que terminan trabajando.

Uno de los aspectos más llamativos del poder judicial es el nivel de privilegios que disfrutan sus miembros. En la cima de esta estructura, jueces y magistrados reciben salarios que superan los del propio presidente de la república.

Los miembros de la SCJN y del Tribunal Electoral tienen un sueldo base anual de 2,483,371 pesos, equivalente a casi 207 mil pesos mensuales, además los magistrados disfrutan de una compensación que incluye no solo el sueldo base, también un paquete de prestaciones de salud y otros beneficios que elevan sus percepciones a más de 700 mil pesos mensuales.

Además, reciben beneficios como: autos nuevos, chofer, casas y una asignación mensual de 16,285 pesos para gastos en telefonía celular (lo que gana un trabajador con dos salarios mínimos o la cifra mínima de salario de un docente propuesta por AMLO).

Estos salarios son posibles porque al ser un tercer poder autónomo, su presupuesto no es designado por el Congreso, sino son los mismos miembros del Poder Judicial quienes  asignan los salarios y prestaciones a su antojo, sin rendir cuentas a nadie.

Recientemente, la ministra presidenta, Norma Piña, reconoció que existe nepotismo, explico que “en 2022 había 24,546 trabajadores con, al menos, un familiar, lo que representaba a 49% del total de los servidores públicos en activo en este Poder”. A esto hay que agregar los escándalos en los exámenes de oposición para la carrera judicial, donde se sabe que se venden en hasta 186 mil pesos y que en muchos casos no se cumple en la asignación en base a la prelación de los resultados.

¿Entonces a quien le sirve la Suprema Corte?

La recién electa magistrada Lenia Batres (propuesta por el presidente AMLO), ha denunciado la corrupción endémica del Poder Judicial. En los foros nacionales sobre la reforma judicial, Batres destacó “el sistema está abierto al tráfico de influencias y cerrado a las necesidades del pueblo”.

Develó claramente cuál es la función que se le asigna a este poder al exponer que: “de cerca de 258 mil tesis aisladas y de jurisprudencia vigentes, sólo 195 se refieren a derecho a la salud; 70, al derecho a la educación; 30, al derecho a la vivienda, y apenas 13 al derecho al agua. En contraste, se han emitido 12 mil 845 tesis sobre impuestos y proporcionalidad tributaria; mil 387 sobre el derecho de propiedad privada, y 891 sobre libre mercado, que incluso llega a considerarse derecho humano”^.82)

Es decir, la SCJN está más enfocada en garantizar el libre mercado y la evasión fiscal que en ejercer la justicia para el pueblo, ¡y si lo sabremos los trabajadores organizados!, que en cada ocasión hemos recibido fallos desfavorables de la corte hacia nuestras demandas.

El Poder Judicial perpetúa una alarmante impunidad para los ricos, mientras que los pobres a menudo enfrentan serias dificultades. En muchos casos, los delincuentes quedan en libertad debido a tecnicismos legales y deficiencias en la presentación de pruebas.

La Suprema Corte y el Poder Judicial, en general, han beneficiado con la impunidad a los funcionarios públicos. Casos como los de las masacres del 2 de octubre, del 10 de junio o más recientes Ayotzinapa, han quedado impunes, varios implicados han sido liberados sin recibir castigo alguno, como Luis Echeverría.

Por otro lado, se estima que alrededor del 40% de las personas encarceladas aún no tienen sentencias, y esta cifra es aún más alta entre las mujeres. Las cárceles están abarrotadas de individuos sin acceso a una defensa adecuada, mientras que los delincuentes de cuello blanco disfrutan de una impunidad casi total.

Esto es solo en lo que concierne a la justicia común, pero hay que entender que el poder judicial también es un actor político. A lo largo de las ultimas tres décadas ha avalado cada una de las reformas constitucionales aun cuando a todas luces estas iban en el sentido contrario del espíritu de la constitución de 1917, como sucedió con la reforma energética de Peña Nieto o la reforma laboral de Calderón.

Particularmente, en este sexenio, el Poder Judicial ha trabajado en sincronía con los viejos partidos burgueses y las cámaras empresariales para bloquear cualquier iniciativa y paralizar al gobierno.

Una reforma positiva pero insuficiente

La reforma propuesta por AMLO, aunque simbólicamente significativa, no aborda los problemas fundamentales del sistema judicial.

La reforma enfrenta fuerte oposición de los propios magistrados, los partidos tradicionales de la burguesía mexicana y de sectores del gobierno norteamericano, quienes temen la pérdida de sus privilegios.

La propuesta de AMLO incluye la reducción del número de magistrados de 11 a 9, la disminución de su tiempo en el cargo de 15 a 12 años, y la separación del Consejo de la Judicatura Federal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También se plantea la creación de un tribunal de disciplina judicial y la elección de ministros y magistrados por voto universal (Las ternas de candidatos seguirán siendo propuestas por los tres poderes actuales).

Pero a pesar de estas medidas, la reforma no representa un cambio en toda la estructura del poder judicial, es insuficientes para transformar el carácter fundamental del sistema.

La elección universal de jueces, no garantiza que estos vayan a ejercer la justicia guiados por los intereses de la clase trabajadora, ni aborda la profunda impunidad y el sesgo de clase que define el poder judicial actual.

Las reformas propuestas no eliminan los problemas de impunidad ni transforman la estructura fundamental del sistema, diseñado para proteger los intereses de los empresarios extranjeros y nacionales, y de los políticos a su servicio.

Si bien la reforma puede significar un paso adelante y la oportunidad para sacar a los corruptos de estas instituciones, le corresponde al pueblo y a los trabajadores avanzar más allá.

Para nosotros los comunistas internacionalistas el sistema económico actual está podrido y es insalvable y consideramos que no se trata solo de modificar el Estado o el régimen político actual, sino que la clase trabajadora debe tener el objetivo la creación de un Estado democrático de los trabajadores, con milicias populares para combatir el crimen y la expropiación de las grandes riquezas económicas para erradicar la pobreza y la explotación que son la fuente de la injusticia.

La verdadera justicia para los trabajadores solo llegara cuando nosotros ejerzamos el poder político y como hizo la burguesía en el pasado establezcamos nuestro propio modelo de sociedad con nuestra propia manera de gobernarnos para asegurar que nadie pueda concentrar una riqueza tal que pueda manipular la justicia como sucede hoy.

Este es el objetivo de la LCI, te invitamos a sumarte a nuestras filas.

(1) Por lo general no democráticos que exigían condiciones de carácter económico para poder participar, tales como tener propiedades o negocios. También se excluía a las mujeres, a los analfabetas y a quienes no eran considerados mayores de edad.

(2) Ver referencia en https://etcetera.com.mx/nacional/scjn-responde-desinformacion-lenia-batres/