El 18 de enero en Adamuz, Andalucía, el descarrilamiento de un tren de gran velocidad provocó 45 muertos y casi 150 heridos. El 20 de enero, cerca de Barcelona, en Cataluña, un muro se desplomó sobre un tren de los alrededores: un muerto y 37 heridos, de los cuales cinco en estado grave. Y de nuevo, el 22 de enero cerca de Cartagena en Murcia, un tren de los alrededores de la ciudad percutió a una grúa, provocando un buen número de heridos.

Los conductores y sus sindicatos denuncian desde hace tiempo los incidentes a repetición, agravados por la apertura al sector privado* y a la falta de financiamiento. Esta vez, dado el gran número de víctimas entre ferrocarrileros y pasajeros, el Sindicato de los conductores de ferrocarriles (SEMAF) y el sector federal ferroviario de la CGT hicieron el llamamiento a una huelga general los días 9, 10 y 11 de febrero, para exigir el reforzamiento de la seguridad, los medios y los efectivos necesarios y el fin de la subcontratación.

La indignación de los ferrocarrileros y de los militantes sindicales es general. Un ferrocarrilero de las Comisiones Obreras (CC. OO) nos confía: “Todo se resume a una falta de mantenimiento. Las inversiones en las infraestructuras son insuficientes”. En cuanto al ministro, “está implicado en un escándalo de corrupción sin precedente”. ¿Y el gobierno central? “Ha tenido años para arreglar la situación y no lo ha hecho”. En cuanto a las direcciones de las CC. OO y de la Unión de general de trabajadores (UGT): “¿Por qué no llaman a la acción? Es inaceptable.

En otras regiones, los ferrocarrileros hablan en este mismo sentido. Un conductor de tren de los alrededores de Bilbao explica: “La huelga es esencialmente motivada por la falta de mantenimiento de las líneas. En los trenes de las cercanías de la ciudad, las inversiones son mucho menos numerosas que antes. Las vías están en el abandono. Cuando algo anda mal, la solución es la de reducir la velocidad: en lugar de 80 Km/h, vamos a 30 o 10 Km/h desde hace años. Y los usuarios nos reprochan llegar siempre tarde”. Alexander, sindicalizado a la UGT, añade: “Nuestra reivindicación fundamental es el regreso de las brigadas de mantenimiento y la contratación de personal”.

De nuestros corresponsales.

*Fue el gobierno de Zapatero (PSOE) quien, en conformidad con las directivas europeas, dividió la empresa pública Renfe entre trenes e infraestructuras y mantenimiento, en el 2005, marcando el principio de la liberalización de los ferrocarriles. En el 2014, el gobierno de Mariano Rajoi (Partido popular, de la derecha) continuó este desmantelamiento, abriendo actividades a la subcontratación y a la privatización.