Artículo extraído de La Tribuna de Trabajadores # 7 marzo de 2026

La propuesta de reforma electoral de la presidenta  Claudia Sheinbaum ha sido presentada por el gobierno como un paso para fortalecer la democracia mexicana. Sin embargo, un análisis crítico muestra que, lejos de ampliar la participación política del pueblo trabajador, el sistema electoral mexicano continúa diseñado para preservar el dominio de la burguesía y limitar la expresión política independiente de la clase trabajadora.

Desde su origen, el régimen político mexicano fue construido para garantizar la estabilidad del orden capitalista. Durante décadas, el PRI consolidó un sistema de partido prácticamente único que integraba a distintos sectores sociales bajo el control corporativo del Estado. Con las reformas electorales de los años setenta y noventa se introdujo una mayor competencia entre partidos, pero el objetivo central no fue democratizar profundamente la vida política, sino reorganizar el régimen para permitir una alternancia controlada dentro del mismo marco institucional.

De esta forma surgió un sistema dominado por grandes partidos que reciben cuantiosos recursos del Estado y cuentan con acceso privilegiado a los medios de comunicación. Aunque la apariencia es de pluralidad, en la práctica el sistema político funciona como un mecanismo que garantiza que el poder permanezca en manos de organizaciones comprometidas con la defensa del capitalismo.

Las reglas para el registro de partidos políticos reflejan claramente este diseño. Para obtener registro nacional se exige reunir decenas de miles de afiliados distribuidos en múltiples estados, realizar asambleas supervisadas por la autoridad electoral y construir una estructura organizativa que requiere enormes recursos económicos y logísticos. Estas condiciones son prácticamente imposibles de cumplir para organizaciones surgidas de la lucha social, sindicatos combativos o movimientos populares.

Al mismo tiempo, el acceso al financiamiento público, a los tiempos oficiales en radio y televisión y a la representación institucional favorece a los partidos ya establecidos. El resultado es un sistema que reproduce permanentemente a las mismas fuerzas políticas y dificulta la emergencia de alternativas que expresen realmente las demandas de los trabajadores, de la juventud y de los sectores populares.

La reforma electoral anunciada por el gobierno no modifica este problema estructural. Por el contrario, se inscribe en un proceso de reorganización del régimen político en el que el partido gobernante busca consolidarse como fuerza hegemónica, mientras orilla a la partidos tradicionales de la  oligarquía a reagruparse en un solo polo dentro del mismo sistema. Así, el escenario político tiende nuevamente hacia la configuración de un partido dominante acompañado de una oposición institucional, reproduciendo un esquema cercano al bipartidismo.

Pero los problemas que enfrentan millones de trabajadores no pueden resolverse dentro de un sistema diseñado para administrar los intereses del capital. Los bajos salarios, la precarización laboral, el encarecimiento de la vida y el deterioro de los servicios públicos son consecuencias directas de un modelo económico que prioriza las ganancias de las grandes empresas por encima de las necesidades de la población.

Por ello, la verdadera democratización del país no vendrá de reformas elaboradas desde las cúpulas del poder, sino de la organización independiente de la clase trabajadora.

Es necesario abrir un debate en sindicatos, centros de trabajo, universidades y movimientos sociales sobre la necesidad de construir una herramienta política propia de los trabajadores. Un partido independiente de la burguesía, capaz de expresar las demandas populares y de luchar por una transformación profunda de la sociedad.

Frente a un sistema político diseñado para excluir a los trabajadores, la tarea histórica es avanzar en la construcción de un verdadero partido de la clase trabajadora. Sólo así podrá abrirse el camino hacia una democracia real, basada en la organización consciente de quienes producen la riqueza del país.