A continuación presentamos la editorial del número de diciembre de The Organizer, periódico de los militantes de Socialist Organizer, miembros del CORCI en EUA.

Se le ha llamado un “pacto comercial bipartidista histórico”. Donald Trump lo calificó como una “victoria” para su gobierno y para el pueblo estadounidense. Nancy Pelosi lo llamó un acuerdo comercial que es “infinitamente mejor” que el TLC y que la propuesta inicial de Trump. El presidente de la AFL-CIO, Richard Trumka, insistió en que el T-MEC ha sido “mejorado” y ahora contiene “rápidos y certeros mecanismos de supervisión laboral”.

¿Pero esto es realmente una victoria para los trabajadores? Es el T-MEC fundamentalmente diferente del TLC? Para responder a estas preguntas, vale la pena observar cómo ha sido tratado este asunto en la prensa financiera.

Entrevistado en la NPR News Hour el 10 de diciembre, Christopher Wilson, director del The Mexican Institute at the Wilson Center in Washington explicó que los mercados financieros están en gran medida “aliviados” de que se haya alcanzado un acuerdo y que “la seguridad del mercado” ha sido restaurada. “No debemos esperar ningún cambio real con el nuevo acuerdo”, dijo Wilson. “T-MEC es 90% TLC. Se hicieron algunos ajustes, pero nada de sustancia».

 “En general, es más un TLC 1.1 que un TLC 2.0”,  el banco de inversión Morgan Stanley hizo eco de esta declaración. “El acuerdo,” llegan a la  conclusión, «es positivo para los mercados“.

La revista Forbes informa sobre el tema, señalando que “los intereses de EE.UU., especialmente los relacionados con los recursos de petróleo y gas, han sido asegurados”. Esta es una referencia a la inclusión en el T-MEC del arbitraje de diferencias estado-inversor (conocido por ISDS del inglés Investor-state dispute settlement) —cláusula que prohíbe a México renacionalizar, o regular de manera significativa, los recursos energéticos. Dichas acciones serían consideradas “barreras al libre comercio”. Los ingresos de la empresa estatal PEMEX han impulsado el crecimiento económico de México, y en particular de sus programas sociales, durante los últimos 70 años. La privatización de los recursos energéticos de México comenzó durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y ya ha impactado negativamente a los trabajadores y los pobres de todo México.

Ahora echemos un vistazo a las supuestas “protecciones” a los trabajadores y el cumplimiento de las leyes laborales en México, temas que han estado en el centro de la mayoría de las discusiones sobre el T-MEC.

Si se toma únicamente la cuestión de la aplicación, ¿qué garantías – escrita o verbal– podría alterar el hecho de que según la Secretaría del Trabajo de México hay 700.000 contratos de protección de los sindicatos blancos que necesitan ser revisados y re-escritos?

Según el ex-presidente de United Steelworkers (USW), Leo Gerard, esta revisión podría llevar décadas.

Además, a mediados de junio México promulgó una de los mayores programas de austeridad en años: la Ley de Austeridad Republicana. Con ella los presupuestos para el gasto social están siendo recortados. Habría que esperar mucho tiempo para que haya financiamiento para los inspectores de trabajo y abogados laborales que tendrían que revisar los 700.000 contratos de protección. Es una locura pensar que habrá cambio significativo. No va a suceder.

La nueva Ley Federal del Trabajo de México ha estado en vigor durante casi un año, y las violaciónes a los derechos de los trabajadores sólo han aumentado.

Más de 6.000 trabajadores fueron despedidos de las maquiladoras de Matamoros (Tamaulipas) por ir a la huelga. Ellos no han sido reinstalados a pesar de que han apelado sus casos en las juntas laborales (controladas por las corporaciones).

Decenas de trabajadores de Rockwell Automation en Tecate (Baja California), también en la frontera, han sido despedidos por organizar un sindicato independiente. Al igual que sus contrapartes en Matamoros, han sido incluidos en listas negras a lo largo de las indutrias maquiladoras fronterizas.

Trabajadores de las minas en Media Luna (Guerrero) han sido asesinados por organizar un sindicato independiente. Poco, o nada, se está haciendo para llevar a los asesinos, sin duda matones de la compañía, a la justicia.

En los campos de San Quintín (Baja California), un sindicato independiente de trabajadores agrícolas ha sido reconocido por el gobierno, pero las empresas estadounidenses, ante todo, la Driscoll’s Corp., se han negado a negociar un nuevo contrato con el sindicato independiente, alegando que ya tienen contratos –de hecho, contratos de protección– con los sindicatos corporativos y blancos.

¿Serán los inspectores del trabajo “imparciales”?, ¿el nuevo tribunal labora tripartito, creado bajo el T-MEC solucionara la difícil situación de estos trabajadores? No. Pueden haber algunas pequeñas mejoras aquí y allá, pero nada fundamental.

El activista mexicano Luis Carlos Haro Montoya explicó por qué la oposición al T-MEC es urgente. En su ponencia el 13 de julio en la Conferencia Laboral Contra la Privatización y la Desreglamentación (Labor Conference Against Privatization and Deregulation) que se efectuó en San Francisco, Haro Montoya dijo:

“Bajo el  T-MEC, la soberanía alimentaria de México continuará amenazada de desaparecer. Todas las ‘reformas estructurales’ pro-empresariales implementadas bajo los auspicios del TLC continuarán sin cesar. La ‘reforma energética’ se profundizará  en dirección a privatizar totalmente el petróleo de México.

La provisión ISDS se ha incluido en el TLC, y ahora en el T-MEC en relación con México, precisamente para evitar que México recupere su soberanía energética, y revierta las privatizaciones, y se deroguen todas las ‘reformas estructurales’’‘.

El periodista laborista David Bacon ha pasado los últimos 25 años documentando la devastación causada por el TLC a través de México. Bacon, explica que “el presidente Trump ha utilizado las negociaciones del T-MEC para avivar el fervor nacionalista en contra de México, diciendo que su acuerdo comercial protegerá empleos en Estados Unidos, mientras que los hechos demuestras claramente que no lo hará. Y su nacionalismo anti-México tiene como objetivo ganar votos en 2020, al mismo tiempo que oculta sus ataques contra los trabajadores aquí en los Estados Unidos“.

El 26 de noviembre de 2018, el Consejo Laboral de San Francisco, afiliado a la federación sindical AFL-CIO, adoptó una resolución que concluye de la siguiente manera:

“El Consejo Laboral de San Francisco se opone a la ratificación de T-MEC e insta al movimiento laboral en los tres países firmantes a movilizarse para detener la aprobación de T-MEC por los órganos legislativos de los tres países, y pide a todos los sindicatos en Estados Unidos, México, y Canada –junto con organizaciones populares y organizaciones de derechos humanos– insistir en un reemplazo  del TLC integral que mejore las reglas del comercio; garantice el cumplimiento de los derechos sindicales y la negociación colectiva-; cree buenos empleos con salarios altos; proteja al medio ambiente; salvaguarde nuestras democracias; y beneficie a nuestros miembros y a todos los trabajadores en los Estados Unidos, México y Canadá”.

Es necesario parar el T-MEC, afirma la resolución del Consejo Laboral de San Francisco. “Es el primer paso necesario, es la pre-condición, a la apertura de nuevas negociaciones —con la participación plena de los sindicatos, los grupos ambientales y otras organizaciones populares en los tres países firmantes— que podrían conducir a un acuerdo comercial que beneficie a la clase trabajadora en los tres países».

Trabajadores y activistas de organizaciones populares de todo el país deben instar al Congreso EE.UU a votar ‘NO’ al T-MEC!