Artículo extraído de La Tribuna de Trabajadores # 7 marzo de 2026

La reciente aprobación de una nueva Ley de Hidrocarburos en Venezuela —legalizada por la Asamblea Nacional bajo el gobierno interino de Delcy Rodríguez tras el secuestro del presidente Nicolás Maduro— marca un giro histórico profundamente reaccionario en la política energética de la República Bolivariana.

Esta reforma no es un “ajuste técnico”, como pretende presentarse en algunos medios o como justifica el gobierno y la burocracia del PSUV, manifestando que el objetivo es “presentar una legislación adaptada a los nuevos tiempos y realidades de las industrias” que permita “maximizar y diversificar la producción de recursos del sector…; se trata de un desmonte estratégico de la soberanía petrolera, principal conquista el proceso de revolución en Venezuela y que durante décadas fue bandera del chavismo, que se hace en un contexto de  amenaza de ocupación militar y presión imperialista por parte del gobierno de Trump.

La apertura a la inversión extranjera como ruptura

Por primera vez en muchos años, la legislación venezolana abre de manera explícita el sector petrolero a capital privado, nacional y extranjero, permitiendo que empresas sin participación mayoritaria del Estado operen y comercialicen hidrocarburos.  El artículo reformado establece en el texto del proyecto que:

“Se incorporan los Contratos de Participación Productiva de Hidrocarburos y demás modelos contractuales suscritos con anterioridad… mantendrán su plena validez y eficacia jurídica”

Esto significa que contratos operativos y mecanismos que históricamente fueron planteados como excepciones (y denunciados por sus rasgos privatizadores) quedan consolidados dentro del cuerpo de la Ley, resignificando legalmente la entrada de capital privado en la explotación y comercialización.

Esta no es una mera “modernización”, sino una normalización legislativa de la privatización encubierta.

Además, hay que llamar la atención de que las supuestas inversiones privadas nacionales son una ilusión, ya que si algo a caracterizado al proceso bolivariano ha sido la ausencia de una burguesía nacional que tenga la capacidad de inversión en la industria petrolera, lo que en la realidad abre la puerta a las grandes trasnacionales del petróleo, particularmente norteamericanas.

Lo más alarmarte es que se incluye autorización para gestionar cuentas bancarias sin restricciones, reducción de regalías y nuevos contratos que ponen en pie de igualdad (o incluso privilegiados) a capitales privados frente a PDVSA —la otrora columna vertebral del control estatal sobre el petróleo.

El jefe de Estado, nortemaericano, Marco Rubio en su comparecencia ante la cámara de representantes ha dicho que los millones de dólares resultados de las regalías serán controlados por cuentas al exterior de Venezuela y ha llegado a plantear que el gobierno bolivariano deberá rendir cuentas al gobierno de EUA, de en qué se usan o que destino tendrá la renta petrolera.

Uno de los puntos más polémicos del texto reformado es la disposición relativa al régimen fiscal para empresas privadas y mixtas, donde el proyecto contempla:

“La reforma establece una regalía base del 30 % sobre los volúmenes extraídos, pero permite rebajas ejecutivas al 20 % para contratos privados o al 15 % en empresas mixtas…”

Esto borra de facto las barreras fiscales que protegían el interés público y abre el sector a concesiones bajo condiciones que benefician al capital privado extranjero, al tiempo que reducen el ingreso que recibiría el Estado.

Desde una perspectiva revolucionaria, se puede afirmar que esta “flexibilidad fiscal” es un arma de seducción al capital imperialista y no una medida de recuperación soberana. Este cambio no es un simple “mecanismo de eficiencia”: es una entrega de las palancas económicas estratégicas del país a las corporaciones transnacionales y a sus estados imperialistas, legitimada por una Asamblea que responde a un gobierno instalado bajo condiciones de coerción y dominación geopolítica, pero que, a nombre de la Unidad Nacional, se está subordinando cada día más a los dictados de Washington.

El secuestro del presidente como telón de fondo político

La reforma se aprobó en medio del “contexto extraordinario”, el secuestro del presidente constitucional Nicolás Maduro y su esposa por fuerzas armadas estadounidenses, un acto que por definición constituye una violación flagrante de la soberanía nacional. El marco bajo el cual se impone esta legislación es un estado de excepción impuesto por el imperialismo, con la intención declarada de reconfigurar el mapa energético de Venezuela a favor de los intereses del capital norteamericano.

La reforma se presenta como una “salvación” para la producción petrolera; en realidad, es un instrumento para entregar la riqueza energética venezolana bajo condiciones de subordinación hacia Estados Unidos y sus aliados capitalistas.

La aprobación exprés de la ley de hidrocarburos, a tan solo semanas de la incursión militar, es una prueba de hasta dónde está comprometido el gobierno interino con la agenda dictada desde Washington, dando la espalda a la amplia solidaridad que se ha mostrado con manifestaciones en todo el continente americano, donde miles salen a protestar contra la nueva Doctrina “donroe”, a defender la soberanía de los pueblos.

El derrumbe del proyecto chavista y la restauración del capital

Desde el punto de vista marxista, la transición del control estatal hegemónico de PDVSA —definido como un protector del recurso para fines sociales y de desarrollo— hacia un modelo abierto al capital extranjero no es un ajuste, sino una contrarrevolución económica. Esta reforma:

· Debilita el control directo del pueblo y masas populares sobre los recursos energéticos.

· Bloquea la posibilidad de planificación socialista de la industria energética.

Coloca al petróleo como mercancía más antes que como base de la soberanía nacional.

Lejos de garantizar “mayor inversión”, esta apertura subordina los intereses del pueblo venezolano a los intereses del capital transnacional, que históricamente ha saqueado los recursos latinoamericanos bajo el auspicio de gobiernos títeres o cooptados.

Son cada día más los analistas, que ven detrás de estas medidas un acuerdo o subordinación del gobierno interino al gobierno de los EUA, que ha apostado a que tras la captura del presidente Maduro, el mismo aparato “Chavista” sea quien siga en el gobierno, para mantener la estabilidad y el control de la población venezolana, convirtiéndose en un freno del descontento manifestado por millones de venezolanos que salieron a las calles a condenar los ataques, a exigir el retorno del presidente y cuya movilización refleja el deseo de profundizar en el proceso de revolución bolivariana.

¿Qué lección para los trabajadores y la revolución?

La entrega de sectores estratégicos como el petróleo, bajo condiciones de ocupación imperialista, evidencia la fragilidad de los proyectos políticos que dependen de la conciliación con el capital o su integración parcial al sistema capitalista global y la necesidad de una dirección revolucionaria con independencia de clase. La lucha por la soberanía no puede ser reducida a la administración de un Estado capitalista bajo presión externa; requiere:

· Organización independiente de la clase trabajadora.

· Movilización internacionalista contra el imperialismo estadounidense.

· Rechazo a cualquier reforma que convierta recursos comunes en concesiones al capital.

Movilización permanente por la liberación del presidente Maduro y su esposa

Mientras el imperialismo celebra y la burocracia del “chavismo” se somete, los trabajadores petroleros y los sectores populares deben entender que este cambio legal no es un alivio para la crisis estructural, sino una concesión de la riqueza nacional a los intereses de los grandes inversores, sin beneficio real para las necesidades urgentes de educación, salud o empleo digno, ya que las ganancias obtenidas de la mayor extracción de petróleo, no serán controladas de manera soberana por el pueblo venezolano.

La reforma de la Ley de Hidrocarburos aprobada en estos días no representa un avance ni una modernización técnica; representa la entrega política y económica del principal recurso estratégico de Venezuela a las fuerzas del capital imperialista y oligárquico. Desde la LCI-CORCI, llamamos a:

· Denunciar esta maniobra como parte de un plan de recolonización económica.

· Reforzar la unidad de la clase trabajadora en torno a la defensa de la soberanía popular, lo que implica avanzar en la independencia de clase y la construcción de verdaderos órganos de poder popular.

Construir un programa revolucionario que supere las limitaciones del proceso bolivariano, y avance en el control social de los medios de producción.

La riqueza petrolera debe servir a las necesidades de los pueblos venezolano y latinoamericano, no a los beneficios de las multinacionales ni a la reconstrucción del dominio imperialista.