La Corte Suprema pone en cuestión el derecho al voto de los electores negros estadounidenses.

El 29 de abril de 2026, la Corte Suprema de Estados Unidos decidió cuestionar los derechos electorales de la población negra y revertir el Voting Rights Act de 1965 para favorecer a Trump y a los republicanos en las próximas elecciones.

El Voting Rights Act, conquistado gracias a la importante movilización de la población negra y del movimiento estadounidense por los derechos civiles, había puesto fin a décadas de segregación en los estados del sur bajo las leyes racistas Jim Crow. Esta ley garantizaba el acceso al derecho al voto para la población negra y establecía una redistribución electoral que permitía su representación política. Así surgieron los llamados “majority-minority districts”, distritos electorales donde la población es mayoritariamente negra. Son precisamente esos distritos los que hoy la Corte Suprema cuestiona.

La decisión provocó fuertes reacciones. No se trata solamente de un rediseño electoral destinado a favorecer a los republicanos, temerosos de sufrir una derrota importante en las próximas elecciones. Como explica el Ujima People’s Progress Party, partido obrero negro del estado de Maryland, la decisión de la Corte Suprema marca un retroceso hacia la época de las leyes segregacionistas. La Corte “debilita aún más la ya frágil representación política de la población negra. Es una forma mediante la cual la clase dominante consolida un poder del que es dolorosamente consciente que se le escapa. Condenamos esta decisión, que se inscribe en la continuidad del ataque histórico contra los trabajadores negros. Limitar la influencia política de la clase obrera negra siempre ha sido un elemento clave para socavar los derechos de todos los trabajadores”.

Manifestaciones en Tennessee y Alabama reunieron a miles de participantes bajo la consigna “No Jim Crow Maps!” (“¡No a los mapas electorales al estilo Jim Crow!”). El 7 de mayo, la Cámara de Representantes de Tennessee fue ocupada por manifestantes luego de aprobar el retorno al mapa electoral previo a 1965, apoyándose en la decisión de la Corte Suprema.