Decenas de miles de personas salieron este sábado 3 de octubre a las calles de España para exigir una solución a la crisis de la vivienda. Las movilizaciones, extendidas por más de 50 ciudades, colocaron en el centro una consigna que comienza a trascender al movimiento de inquilinos: “Hacia la huelga general”.

La vivienda se ha convertido en uno de los principales focos de conflicto social en España. Lo que comenzó como movilizaciones contra los desahucios, los aumentos del alquiler y la especulación inmobiliaria ha dado un nuevo salto con las acampadas, las manifestaciones multitudinarias y el planteamiento de trasladar la lucha también a los centros de trabajo.

Madrid fue el principal escenario de las protestas del 3 de octubre. Cuatro columnas confluyeron hacia la plaza de Cibeles detrás de una gran pancarta con la consigna “Hacia la huelga general”. La Delegación del Gobierno calculó alrededor de 70 mil manifestantes, mientras los organizadores elevaron la cifra hasta 500 mil. Más allá de la enorme diferencia entre ambas estimaciones, las imágenes y las movilizaciones simultáneas en decenas de ciudades muestran que la cuestión de la vivienda ha adquirido una dimensión estatal.

Las protestas llegaron también a Valencia, Sevilla, Bilbao, Palma, Cádiz, Santander, Valladolid, Segovia, Zamora y numerosas localidades. En Barcelona y L’Hospitalet, las movilizaciones previstas tuvieron que aplazarse debido a las fuertes lluvias.

Del problema de la vivienda a un conflicto social

Las demandas impulsadas por la Confederación de Sindicatos de Inquilinas son significativas: reducción del 50 % de los alquileres, contratos indefinidos, fin de los desahucios y expropiación de las viviendas en manos de fondos de inversión conocidos como “fondos buitre”.

Pero la importancia de las movilizaciones no está solamente en cada una de esas reivindicaciones.

La cuestión que comienza a emerger es quién debe pagar el costo de la vivienda y quién controla un bien indispensable para la vida.

Para millones de trabajadores, el salario no termina de decidirse en el centro de trabajo. Una parte creciente de sus ingresos se transfiere cada mes al propietario, al banco o al fondo inmobiliario. El aumento del alquiler funciona así como otra forma de reducción del salario disponible.

Por eso la lucha por la vivienda puede dejar de ser exclusivamente una lucha de inquilinos para convertirse también en una cuestión del movimiento obrero.

La derrota de los decretos en el Congreso

La movilización adquirió todavía mayor fuerza después de que el Congreso rechazara el viernes 2 de octubre dos decretos impulsados por el Gobierno de Pedro Sánchez sobre vivienda.

Los votos en contra de PP, Vox y Junts impidieron la convalidación de unas medidas que incluían protecciones para determinados inquilinos, actuaciones frente a los desahucios y modificaciones relacionadas con los contratos de alquiler. Incluso el Sindicato de Inquilinas, que había presionado para conseguir esas medidas, señalaba que los decretos eran insuficientes para solucionar estructuralmente el problema.

La respuesta de las calles fue inmediata.

Las acampadas que habían comenzado días antes —con la Puerta del Sol de Madrid como uno de sus principales centros— no desaparecieron después de la votación parlamentaria. Por el contrario, la derrota de los decretos reforzó entre distintos sectores del movimiento la idea de que las movilizaciones debían continuar.

La experiencia muestra también una tensión política más profunda. Mientras el Gobierno defiende las medidas que intentó aprobar y responsabiliza a las fuerzas que votaron contra ellas, los movimientos de vivienda cuestionan tanto a la derecha como la insuficiencia de las políticas aplicadas durante los últimos años por los gobiernos considerados progresistas.

¿Hacia una huelga general?

Aquí aparece el elemento nuevo de la situación.

El Sindicato de Inquilinas ha reclamado abiertamente a las organizaciones obreras que convoquen una huelga general por la vivienda. El llamado ya ha comenzado a producir respuestas dentro del movimiento sindical.

La CGT ha manifestado su disposición a convocar una huelga general de 24 horas. La CNT estudia respaldar una convocatoria. Mientras tanto, las dos principales centrales del país, CCOO y UGT, analizan diferentes formas de movilización que podrían ir desde paros parciales hasta una huelga general, aunque hasta este 3 de octubre no habían adoptado una decisión definitiva.

Esta precisión es importante: la huelga general todavía no ha sido convocada formalmente. Pero algo ha cambiado cuando decenas de miles de manifestantes colocan esa perspectiva en las calles y las direcciones de los sindicatos tienen que discutirla.

Una huelga por la vivienda tendría además una particularidad. Vincularía directamente una reivindicación que aparentemente pertenece al ámbito privado —el alquiler de una casa— con las relaciones laborales y con la distribución general de la riqueza.

El trabajador que lucha por su salario y el inquilino que lucha contra el aumento del alquiler son, en millones de casos, la misma persona.

Una cuestión de clase

Desde una perspectiva de clase, el conflicto español plantea un problema que atraviesa a numerosos países.

La vivienda posee un doble carácter: es una necesidad básica y, al mismo tiempo, funciona dentro del mercado como mercancía y activo financiero. De esa contradicción surgen buena parte de los enfrentamientos actuales entre inquilinos, propietarios, fondos inmobiliarios, bancos y administraciones públicas.

Las manifestaciones españolas muestran también los límites de reducir el problema exclusivamente a una disputa parlamentaria. Las reformas legales pueden modificar las condiciones de alquiler y aumentar las protecciones de los inquilinos, pero el movimiento que se desarrolla en las calles sostiene que se necesitan transformaciones mucho más profundas del modelo de vivienda.

Por eso la consigna “Hacia la huelga general” tiene un significado que rebasa el conflicto inmediato.

Significa intentar unir la lucha por el salario, las condiciones de trabajo y el derecho a la vivienda dentro de una misma movilización social.

Lo que ocurra en las próximas semanas dependerá, entre otras cosas, de la capacidad del movimiento de vivienda para mantener la movilización y de las decisiones que adopten las organizaciones sindicales. Pero las jornadas de estos días ya han colocado una cuestión sobre la mesa del movimiento obrero español:

si el problema de la vivienda afecta directamente las condiciones de vida de millones de trabajadores, ¿puede la lucha por una vivienda digna convertirse también en una lucha del conjunto de la clase trabajadora?

Las calles de España han comenzado a responder esa pregunta