Publicamos la Declaración de la Alianza de Trabajadores y Estudiantes sobre la situación en Chile.

 ¡ Abajo el golpe de Estado del gobierno de Piñera, que los militares regresen a sus cuarteles!

 ¡ Por un gobierno que dé satisfacción a las reivindicaciones del pueblo trabajador, de los estudiantes, de los jubilados!

El viernes 18 Sebastián Piñera ha decretado el Estado de Emergencia para las provincias de Santiago , Chacabuco, y el sábado para Valparaíso y Concepción, señalando: “Los responsables, los violentos, los delincuentes que han causado todo este daño, van a pagar por sus culpas y por eso hemos invocado la Ley de Seguridad del Estado”. Las movilizaciones se iniciaron con la convocatoria de sectores estudiantiles a la EVASIÓN del pago del billete. Estas movilizaciones han sido calificadas por parte del gobierno y sectores de la “oposición” como actos de vandalismo que “deberían” ser sancionados. Las movilizaciones han sido duramente atacadas por las fuerzas especiales de Carabineros. El senador de la “oposición” -PPD- Felipe Harboe, ha rechazado las acciones de evasión masivas precisando que era una “expresión millennial inaceptable”. El Diputado “opositor” DC Matías Walker ha declarado que “no existe la figura de la desobediencia civil como causal atenuante de la responsabilidad penal”, para reforzar al gobierno en su política de criminalización de la protesta. El senador Montes, “opositor” del PS, presidente del Senado ha declarado: “El gobierno llegó tarde y mal, descalificando y amenazando. No entiende la profundidad de lo que está ocurriendo. El gobierno tiene que contener el vandalismo pero también abrir soluciones democráticas…” José Miguel Insulza, “opositor” senador y vicepresidente del PS señalaba: “Yo soy partidario de reprimir con energía”.

Al respecto declaramos:

El alza del precio al billete del Metro ha sido el detonante de toda una política de ataques sucesivos contra las condiciones de vida de la mayoría de la población. El alza a 830 pesos significa que su costo está a niveles europeos ( 1,08 euros) en circunstancias que el 50% de los trabajadores, de 8.480.600, gana menos de 400 mil pesos, es decir por debajo de los 500 euros. El costo general de transporte consume el 28% de los ingresos. A esto se suma las alzas en los precios de la electricidad, del gas, de los medicamentos, una inflación generalizada, al tiempo que la baja salarial han llevado a que el 80% de la población trabajadora está en condición de deudores y 4.500.000 como moroso. A esto sumamos la precariedad laboral que afecta al 40,5% de la población trabajadora, los impuestos, los costos en la educación, en la salud. Todo como resultado de un sistema económico impuesto a sangre y fuego por la dictadura de Pinochet y mantenido por todos los gobiernos de la Concertación, la Nueva Mayoría.

El gobierno, líderes de la “oposición”, así como la prensa, se refiere, en forma sistemática sobre el “saqueo” de los manifestantes. Sin embargo, la furia de las movilizaciones no pueden analizarse por fuera de lo que significa el saqueo institucional que los diferentes gobiernos han legitimado contra la mayoría de la población. Algunos ejemplos: Saqueo de los fondos previsionales, más de 35 mil millones invertidos por las AFP, de los cuales se benefician 10 de los principales bancos. En julio de este año los bancos mostraban una ganancia de 2.264 millones de dólares, extraída principalmente en base al endeudamiento. Las subvenciones del Estado a las empresas privadas, por dar un ejemplo, el CAE . Crédito con Aval del Estado, para la educación, que significa la recompra por parte del Estado de las deudas de los estudiantes con los bancos a un sobreprecio del 25%. Ello representa una cifra cercana a los 9500 millones de dólares. Todo con dinero de los impuestos pagados por la mayoría trabajadora. El propio hombre que dirige el país es un saqueador de primera línea, no ha pagado las contribuciones por bienes raíces durante 30 años, mientras que a los jubilados con pensiones miserables se les condena a vender sus casas. El Ejercito y Carabineros han saqueado las arcas fiscales en sumas siderales.

Sobre la “violencia” de los manifestante declaramos: Todas las manifestaciones de la población, durante los últimos 15 años, han sido violentamente reprimidas por las fuerzas especiales a la orden de los respectivos gobiernos. Preguntamos: ¿Acaso no es mayor la violencia de los gobiernos contra el derecho de manifestar? ¿ No es acaso una mayor violencia saquear a la población con las alzas de precios, con las privatizaciones del agua, de la luz, de la salud, etc.? ¿ No es acaso una violencia que la clase política asentada en el Congreso mantengan ingresos por 190 millones de pesos anuales por cada diputado y 250 millones por senador, que equivale a 15.800.000 y 23.800.000 mensuales respectivamente.

La “democracia” no ha sido establecida luego de 1990. Estamos viviendo la dictadura bajo un nuevo ropaje. Ello lo demuestra el rol de las instituciones armadas sacadas nuevamente a la calle y la política económica, social y política. Lo que ha ocurrido ha sido la ampliación civil para la repartija en la política de saqueo de la población. Piñera, su gobierno, representa una minoría. Hay que recordar que en las ultimas elecciones su resultado electoral se redujo a 3.796.579, es decir un 26,3 % del total de los votantes. De un punto de vista de la democracia este gobierno representa los intereses de los más ricos que en suma no representan más que el 1% de la población.

Nosotros, nos determinamos por los intereses de la gran mayoría de la población trabajadora, única creadora de la riqueza del país. Consideramos que este gobierno, la clase política que lo apoya de facto, incluida la llamada “oposición” de todo tinte, no resolverán los problemas, las reivindicaciones de los trabajadores, estudiantes, campesinos, mujeres explotadas de este país. Lo han demostrado. Las organizaciones que en una época fueron la representación popular han degenerado y sucumbidos a la corrupción y adaptación a los intereses del gran capital y los intereses foráneos, quienes se apoderan de las riquezas del país. Sostenemos que la única vía realista es imponer una Asamblea Constituyente Soberana, en la cual deben participar todas las organizaciones sociales y políticas, sin condiciones más que su propia existencia. El principio de proporcionalidad deberá regir para su representación. El país ya no puede ser gobernado por una persona, ni por un Congreso corrupto. La soberanía descansa en la voluntad popular. Las primeras medidas que la ACS debe adoptar son derogar la actual Constitución, disolver el Congreso Nacional, establecer una representación responsable ante la voluntad de la mayoría y con sueldos adaptados a la realidad social del país, disolver las fuerzas especiales de carabineros. La ACS deberá resolver de forma perentoria la derogación del DL 3500 y la instauración de un sistema de pensiones que restablezca la dignidad de los jubilados, proceder a la nacionalización de las principales riquezas naturales, como el agua y el cobre. Establecer un alza general de salarios y pensiones, instaurar la plena libertad sindical, la negociación colectiva plena, incluida la de rama de la producción, igualdad de género. Estimamos que la defensa de los intereses de la mayoría de la población sólo serán posible bajo la conducción de un gobierno de los trabajadores, en alianza con los estudiantes, los campesinos. Es una tarea que requiere construir una nueva representación política y sindical de los trabajadores, cuyo objetivo sea imponer la soberanía, la justicia social, la educación, la salud, como derechos en el país, establecer una democracia social y política real.

Alianza de Trabajadores y Estudiantes

Santiago, 20 de octubre 2019.

Contacto: alianzatechile@gmail.com