En las últimas semanas se han hecho públicas decenas de historias de abuso policial. Alexander Martínez, de 16 años, fue asesinado por policías municipales de Acatlán, Oaxaca, afuera de una tienda. Según notas periodísticas él y sus amigos fueron confundidos con delincuentes, como si ser sospechosos de algún delito justificara la ejecución extrajudicial.

Hace un mes, en Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, fue asesinado por policías Giovanni López. Su cuerpo presentaba lesiones extremas que sugieren la aplicación de tortura antes de su muerte. En Tijuana, Baja California, Oliver López murió asfixiado por los policías que lo detuvieron. Un video muestra cómo el agente pisa su cuello con la bota hasta que muere.

Estos eventos suceden en un momento de agitación en Estados Unidos donde millones se lanzan a las calles contra la brutalidad policiaca y el racismo institucional por la muerte de George Floyd, quien fue asesinado brutalmente por un grupo de policías blancos. Al movimiento se le han sumado diversos sectores de la población ante el reclamo de ¡Black lives Matters! (las vidas negras importan) y por la desaparición de la policía. Las manifestaciones también se extendieron a otras ciudades del mundo entre las que se encuentran la ciudad de México, Jalisco y Tijuana; tanto por la muerte de Floyd como por los hechos mencionados al inicio de este texto.

En una sociedad dividida en clases sociales, entre los que lo tienen todo y los que no tienen nada, la policía tiene una función específica, y esta consiste en mantener controlada a la clase trabajadora y al pueblo en general. La función del Estado en una sociedad dividida en clases es la de mantener el orden de la clase dominante, para ello crea a la policía y el ejercito como órganos de represión.

En México el historial de violencia del Estado en contra de los movimientos sociales, campesinos de la clase trabajadora y su juventud es largo, desde la represión a los movimientos campesinos, a los ferrocarrileros, a los médicos, pasando por la masacre del 2 de octubre y recientemente la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, hasta el brutal uso de la violencia contra los a los pobladores de Atenco (donde además de tortura, las mujeres sufrieron abuso sexual) que demandaban poner alto al robo de sus tierras para beneficiar los megaproyectos, abusos que han quedado impunes en medio de la opacidad y corrupción y cuyo hilo conductor es la mantención del régimen que sirve al sistema capitalista.

Sin embargo la violencia estructural ha recrudecido en los últimos años, no solo contra los inconformes o los movimientos que cuestionan al gobierno, sino en contra de la población en general, esto debido a los intereses del gobierno norteamericano, al cual los sucesivos gobiernos en México le han sido serviles. Desde la implementación de los tratados de libre comercio y de los acuerdos para la Seguridad y la “prosperidad”, nuestra nación vive una creciente militarización de la sociedad; el ejercito cada día mas se involucra en las labores de “seguridad pública” y las sucesivas reformas legales solo han legitimado esta acción.

La creación en 1999 de la Policía Federal Preventiva con elementos de las fuerzas armadas fue el primer paso a una mayor intervención de los mandos militares en la vida publica y social de la nación, a ella le siguieron otras corporaciones como la AFI, la Policía Federal, la Gendarmería y hoy la Guardia Nacional, que bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico y la contención de la violencia, no han hecho más que acrecentar la misma, actuando en beneficio de las grandes corporaciones y los poderes de caciques locales, incluido el propio narcotráfico.

El resultado es que México es una nación que se iguala en muertes a países que viven en guerra declarada, bajo el gobierno de Felipe Calderón y Peña Nieto significo la muerte de más de 250 mil personas y 30 mil desaparecidos. El narcotráfico no disminuyo con la militarización, la violencia no paró y por el contrario las bandas del crimen organizado ampliaron sus tentáculos. El principal protagonista de la militarización, Gerardo García Luna, secretario de seguridad en las administraciones anteriores hoy es juzgado en EUA por sus ligas con los carteles de las drogas, y se presume que altos funcionarios y hasta los presidentes están involucrados en sus redes de enriquecimiento.

Las noticias de muertes, en particular de mujeres, de desapariciones forzadas y el descubrimiento de fosas clandestinas son habituales, es común que las fuerzas militares y policiacas estén involucradas y que gocen de impunidad. México se ha convertido en un gran cementerio.

A diferencia de lo que miles de votantes esperaban, el gobierno de AMLO ha dado continuidad a la política de militarización a través de la creación de la Guardia Nacional, que a pesar de la propaganda como órgano renovado y opción de “desarrollo” para los jóvenes, en esencia no es mas que el conglomerado de las fuerzas represivas ya existentes y en su núcleo mantiene a los mandos militares y policiacos que han sido acusados contantemente de violación a los derechos humanos y corrupción.

Hoy bajo las presiones del gobierno de Donald Trump la Guardia Nacional se convierte en el muro humano en la frontera sur para contener y reprimir a los migrantes que vienen del centro y sur de América Latina.

La violencia policiaca contra la juventud es mas una cara más de la situación general donde los miembros de los órganos represivos se creen con el poder y el respaldo para asesinar y violentar. La realidad es que no se puede simplemente esperar un castigo aquí y otro allá a quienes incurran en la violencia y asesinato extraoficiales. Se requiere que estas instituciones desparezcan y la seguridad sea puesta en manos de los propios ciudadanos organizados en comités autónomos de seguridad.

Al igual que en los Estados Unidos, los casos recientes de violencia policiaca revelan una situación mucho mas profunda que la acción asilada de un policía en lo individual, revelan una situación estructural.

Hoy la exigencia de justicia para Giovani, Alexander y Oliver, esta ligada a la exigencia de acabar con la militarización.

Y ¿Qué hacer? Ante este panorama nuestra organización se ha pronunciado por la desaparición de las instituciones represivas, cuya corrupción ha minado sus cimientos y ha permitido la infiltración misma del crimen organizado, por la salida del ejército de las calles. Sin embargo, esto no será posible en el marco de los gobiernos que sirven a los intereses de la burguesía y el imperialismo, solo con un gobierno de los trabajadores se podrá romper con los lazos de sometimiento y este solo se logrará avanzando en la auto organización de los trabajadores y la juventud.

Te invitamos a unirte a la AIJS en México, para luchar contra la violencia policiaca y la militarización

Artículo estraído del numero 23 de TRANSICÓN Julio de 2020

TIJUANA: Manifestación contra la violencia policiaca

El 7 de junio al menos unos 150 personas se manifestaron en la glorieta Cuauhtémoc de Tijuana. La manifestación tuvo como objetivo el visibilizar la violencia policiaca en Estados Unidos y México. Los casos de George Floyd en Estados Unidos, de Giovanni López en Guadalajara y Oliver en Tijuana, son síntoma de violencia policiaca hacia el pueblo, que es tolerada por las corporaciones policiacas y los gobiernos locales. Estos casos han generado una ola de manifestaciones en repudio a los cuerpos policiacos a nivel mundial y apoyo solidario a las víctimas.

La manifestación pronto se movilizó desde la glorieta Cuauhtémoc de la Zona Río hacia la garita Internacional de Tijuana-San Diego. En el transcurso de la movilización el contingente se detuvo en las instalaciones del Gobierno del Estado, comúnmente conocido como el «Palacio Blanco». El contingente dirigió algunas consignas al gobernador y a los cuerpos policiacos. «¡Asesinos!», «Los policías no me cuidan, me cuidan mis amigos». El Gobernador de Baja California, sólo veía desde su balcón, pronto se retiró, después de que el contingente lo colmara de consignas.

Cabe señalar que en marzo del 2020, un policía de Tijuana asesinó a Oliver López. El oficial asfixió con su bota a Oliver hasta que este perdió la vida. El acontecimiento trascendió porque un ciudadano grabó el suceso en la gasolinera de la colonia Manuel Paredes. Sin embargo, el policía no tuvo un castigo inmediato; en las redes sociales se decía que Oliver era un indigente. Bajo esa lógica la vida de un indigente no es valiosa, una lógica que dictamina que unas vidas valen más que otras. Las movilizaciones por el asesinato de George Floyd volvieron a poner sobre la mesa el asesinato de Oliver. El caso de Oliver en Tijuana como muchos otros casos corre el riesgo de permanecer en el olvido.

El asesinato de George Floyd, de Oliver, de Giovanni, en manos de policías es  un síntoma del de racismo y clasismo que padece la clase trabajadora a nivel global. Por ello, es cada vez más necesario que como sociedad nos organicemos en un bien común, por nuestra dignidad y velando por nuestros derechos humanos. Pues cada vez queda más claro que la policía es una herramienta del Estado para proteger los intereses de la clase empresarial y política.