En Estados Unidos, Corea del Sur y en el resto del mundo, el desarrollo de la inteligencia artificial se está convirtiendo en un nuevo terreno de la lucha de clases.

En el marco del sistema capitalista —un sistema orientado exclusivamente a la obtención de ganancias para la minoría que posee los medios de producción— la inteligencia artificial es utilizada principalmente como una herramienta al servicio de la rentabilidad empresarial.

En numerosos sectores, la expansión de la IA ha permitido a los grandes grupos capitalistas impulsar planes de despidos masivos. Un ejemplo reciente es el de Meta, empresa propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp, que anunció la eliminación de 8.000 puestos de trabajo —alrededor del 10 % de su plantilla— sustituidos por sistemas de inteligencia artificial.

A ello se suman los impactos ambientales asociados a la construcción y operación de los enormes centros de datos necesarios para el funcionamiento de estas tecnologías.

El 23 de mayo, varios cientos de manifestantes se congregaron frente al Capitolio del estado de Utah, en Estados Unidos, para protestar contra la construcción de un nuevo complejo de centros de datos.

Desde hace semanas crece la movilización ciudadana contra el proyecto denominado Stratos, un campus tecnológico de aproximadamente 16.000 hectáreas que, según sus críticos, requeriría cada año una cantidad de electricidad equivalente al doble del consumo actual del estado de Utah.

Diversos especialistas han advertido que el despliegue masivo de infraestructuras para la inteligencia artificial podría provocar un aumento significativo del consumo energético, mayores presiones sobre los recursos hídricos y efectos ambientales locales, además de repercutir en el costo de la electricidad para la población.

Los opositores al proyecto sostienen también que podría agravar la escasez de agua en la región y aumentar la contaminación derivada de las instalaciones energéticas necesarias para abastecer estos centros de procesamiento de datos.

Para numerosos trabajadores y movimientos sociales, la cuestión de la inteligencia artificial ya no se limita al ámbito tecnológico. También plantea interrogantes sobre el empleo, la distribución de la riqueza, el control de los recursos naturales y el uso social de los avances científicos.

Desde esta perspectiva, la discusión sobre la IA se convierte cada vez más en una discusión sobre quién controla la tecnología, para qué fines se utiliza y quién se beneficia de los incrementos de productividad que genera.

La ira de los habitantes y la movilización contra el centro de datos

La indignación de los habitantes y la movilización contra el centro de datos no se reducen simplemente a una lucha por la defensa del medio ambiente.

Detrás del proyecto Stratos se encuentra el empresario canadiense Terence Thomas Kevin O’Leary, quien busca obtener el máximo beneficio posible de su inversión.

O’Leary ha celebrado públicamente el proyecto afirmando que Stratos:

“Demuestra a China y al resto del mundo que no estamos jugando. Vamos a llevar este proyecto adelante, hacerlo avanzar y proporcionar la capacidad de cálculo necesaria para nuestras empresas de inteligencia artificial que defienden al país. No existe actualmente ningún centro de datos de este tamaño.”

Estas declaraciones reflejan la competencia tecnológica y económica que se desarrolla a escala internacional alrededor de la inteligencia artificial, donde las grandes corporaciones y los gobiernos buscan controlar capacidades cada vez mayores de procesamiento de datos.

Sin embargo, para muchos habitantes de Utah, el proyecto representa otra realidad: un enorme consumo de energía y agua, posibles impactos ambientales y escasos beneficios directos para la población trabajadora.

Por ello, durante la manifestación del 23 de mayo, los participantes expresaron su rechazo con una consigna clara:

“El dinero de los centros de datos no beneficia a los más modestos. ¡Kevin O’Leary, fuera de nuestra ciudad!”

La protesta pone de manifiesto una preocupación cada vez más extendida en diversas regiones: quién obtiene los beneficios económicos de las grandes inversiones tecnológicas y quién asume los costos sociales y ambientales que estas generan.

— C. A.