
Dos ONG israelíes, Peace Now y Kerem Navot, publicaron conjuntamente un informe alarmante sobre la situación en Cisjordania, dado a conocer por Le Monde el 7 de julio.
El informe revela la magnitud de los medios utilizados por el gobierno de Netanyahu desde finales de 2022 para avanzar en la anexión progresiva de Cisjordania mediante la apropiación de tierras, la expansión de los asentamientos, la construcción de carreteras reservadas para los colonos y la expulsión de las poblaciones locales.
Le Monde cita las palabras del fundador de Kerem Navot:
«Pronto se instalará allí un puesto de avanzada de colonos, con dos o tres casas móviles. Hasta ahora, era una zona relativamente protegida de su violencia. Ya sabemos lo que sigue: aterrorizarán a los beduinos de los alrededores para obligarlos a marcharse, y lo conseguirán».
En Cisjordania, las tierras actualmente controladas por los colonos, respaldados por el ejército, representan más de 100 000 hectáreas, es decir, cerca del 18 % de los territorios ocupados, frente a aproximadamente un 7 % antes del inicio de la guerra en Gaza.
Tan solo durante 2025 fueron apropiadas 30 000 hectáreas, colina por colina.
«El ritmo de establecimiento de asentamientos se ha acelerado año tras año, revelando un mecanismo cada vez más profesionalizado de apropiación de tierras. Este aprovecha la guerra, así como la ausencia total, en los hechos, de medidas represivas contra las construcciones israelíes, para crear nuevos hechos consumados sobre el terreno», señalan las ONG.
Desde 2023, más de 120 comunidades beduinas han sido expulsadas de sus tierras.
La directora de otra ONG, la Asociación por los Derechos Civiles en Israel, denuncia:
«Lo que el Estado y el ejército están haciendo en el norte del valle del Jordán es la expulsión deliberada y metódica de toda una población de sus tierras».
Y habla de «limpieza étnica».
Sí, una «limpieza étnica» organizada por el Estado de Israel y permitida por todas las potencias imperialistas que le dejan las manos libres.
La situación en Cisjordania confirma que no existe límite alguno para la política de expansión permanente de Israel.
Un gobierno mínimamente democrático debería romper inmediatamente todas sus relaciones con este Estado genocida. ■
Christel Keiser

