En la Universidad Rosario Castellanos, organizar un sindicato no puede costar el empleo

Por la redacción de Tribuna de los Trabajadores

La libertad sindical no puede quedarse en el discurso. En la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC), trabajadores que impulsan la creación de una organización sindical independiente denuncian despidos, hostigamiento y obstáculos para obtener el reconocimiento de su sindicato. El conflicto se agravó esta semana con el cese de un segundo integrante de su dirección.

El 18 de agosto fue separado de su puesto Javier Gámez Chávez, profesor de tiempo completo de la Licenciatura en Relaciones Internacionales y secretario de Finanzas de la Asociación Sindical Única de Trabajadores Educativos de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (ASUTEUNRC). Según declaró el propio docente, fue citado para recibir su asignación de horario, pero en la reunión le comunicaron verbalmente que quedaba fuera por “cuestiones administrativas”, sin explicarle con claridad las causas de la decisión.

El caso se suma al de Samantha Fouilloux Alfaro, profesora de tiempo completo y secretaria general de ASUTEUNRC, despedida el 17 de julio. De acuerdo con documentos y testimonios difundidos por medios nacionales, Fouilloux fue convocada bajo la expectativa de recibir la renovación de su tiempo completo, pero al presentarse le entregaron un oficio de terminación de la relación laboral.

No estamos ante un conflicto aislado. ASUTEUNRC comenzó a organizarse en 2023 y desde entonces busca obtener su registro sindical. Sus integrantes denuncian que el proceso ha enfrentado obstáculos ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y que han tenido que recurrir a amparos. El 6 de agosto presentaron además una queja ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en la que señalan posibles violaciones a los convenios relativos a la libertad sindical y la negociación colectiva.

¿Para qué quieren organizarse los trabajadores? Entre sus demandas se encuentran la defensa de la estabilidad laboral, criterios transparentes para la asignación de plazas y materias, respeto a la antigüedad y entrega regular de recibos de nómina. Docentes consultados por Pie de Página también denunciaron horarios fragmentados que pueden dejar varias horas sin clase entre una asignación y otra, situación que consideran una forma de precarización del trabajo académico.

El despido de Fouilloux resulta particularmente preocupante porque el oficio con el que se dio por terminada su relación laboral menciona, entre otros argumentos, una supuesta “falta de lealtad institucional y pérdida de confianza”, además de cuestionamientos relacionados con denuncias presentadas por la profesora y con su representación sindical.

La Rectoría rechaza que exista persecución sindical. La rectora Alma Herrera Márquez declaró a Contralínea que la universidad respeta la libertad de asociación y sostiene que ASUTEUNRC no cuenta todavía con registro sindical. También ha defendido que las decisiones laborales responden a criterios institucionales y de desempeño.

Sin embargo, la sucesión de hechos exige una explicación pública. En apenas un mes fueron separados de la universidad la secretaria general y el secretario de Finanzas de la organización que busca obtener reconocimiento sindical. Corresponde a las autoridades aclarar por qué ocurre esto precisamente en medio del conflicto por el registro de ASUTEUNRC.

Una universidad pública que pretende ampliar el derecho a la educación no puede construirse sobre la precariedad de quienes enseñan en sus aulas. Defender el proyecto educativo de la Rosario Castellanos implica también defender a sus trabajadores, su derecho a organizarse y su libertad para denunciar condiciones laborales sin temor a represalias.

Desde Tribuna de los Trabajadores expresamos nuestra solidaridad con los docentes que exigen respeto a sus derechos y consideramos indispensable la reinstalación de quienes hayan sido despedidos por motivos sindicales, así como garantías efectivas para que los trabajadores decidan libremente cómo organizarse.

La educación pública y los derechos laborales no son causas opuestas: forman parte de una misma lucha por una universidad verdaderamente democrática

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