Editorial del Boletín Transición 14 Mayo-J
unio 2019
Esta editorial de Transición, debido a la trascendencia del hecho, está dedicada a la aprobación de la nueva reforma educativa.
El pasado martes 14 de mayo fue promulgada la nueva reforma educativa propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien durante su campaña prometió derogar la mal llamada Reforma Educativa de Peña Nieto. La discusión de esta nueva reforma duró varios meses, durante los cuales la constante fue la movilización de los profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE, disidencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, SNTE, controlado por Elba Esther Gordillo), quienes a través de varios de sus componentes dieron su apoyo a la candidatura de AMLO y lograron obtener varias diputaciones.
Si bien se debe reconocer que es un avance en el mandato que dio la población en las pasadas elecciones, mandato que implica la abrogación de las contrarreformas del gobierno de EPN y la recuperación de la soberanía nacional, esta nueva modificación a los artículos 3°, 31° y 73°, no resuelve de fondo el problema central al que se ha enfrentado el sistema educativo en las últimas décadas: el avance en los programas y planes de privatización.
Durante la campaña y ya en el gobierno AMLO puso un énfasis en que se cancelarían los aspectos “punitivos” de la reforma, especialmente lo relacionado con el despido de los profesores que no salieran bien evaluados en las pruebas impulsadas por el INEE. Se dijo que se buscaba la dignificación de la profesión docente y que se regresaría a sus empleos a aquellos que fueron afectados, esta promesa quedaba a medio camino de resolver el problema, y la reforma ya aprobada contiene aspectos contradictorios algunos de ellos positivos y otros que abren la puerta a continuar con la privatización de la educación.
Un aspecto sintomático de esta contradicción es la forma en cómo se manifestaron los partidos de oposición. El PAN fue el único partido que votó en contra de las diferentes versiones de la reforma. Sus argumentos fueron básicamente que “se regresaría el control de las plazas al SNTE y la CNTE”. Siendo un partido abiertamente de derecha y patronal era lógico que se manifestaran de esta manera, aunque no debemos olvidar que durante los gobiernos de Fox y Calderón, Elba Esther Gordillo colaboró con ellos en todas las medidas de privatización. Por otra parte, el PRD aprobó en lo general la reforma, pero advirtió “que estaría atento de que en las leyes secundarias no se diera el control al sindicato”. La postura más clara fue la del PRI, pues afirmaron que la propuesta final es una actualización de la reforma aprobada por Peña Nieto, que facilitará su implementación al eliminar “los conflictos con el magisterio”. La diputada Cynthia López Castro afirmó: “La verdad es que estoy muy contenta porque se dijo que no iba a quedar ni una coma de la reforma educativa, y quedaron muchos puntos, muchas comas, y en un 80 por ciento la reforma del 2013 del presidente Enrique Peña Nieto”(1). Mientras que la mayoría que apoya a AMLO, MORENA, PES, PT y Verde, han anunciado con bombo y platillo la cancelación de la reforma de EPN.
A continuación, presentamos algunos elementos, que desde el análisis de Transición exponemos para abrir el debate, en ellos ponderamos los aspectos positivos y negativos de la reforma.
Se establece que los “derechos adquiridos” por la reforma anterior no se pierden y se han suspendido las evaluaciones de ingreso y permanencia, lo que presume que aquellos profesores que ingresaron por el Sistema Profesional Docente mantendrán sus horas ganadas en los concursos. Sin embargo, esto aún está en manos de los directivos y autoridades de los diferentes subsistemas, particularmente de educación media superior y del sistema educativo (SEP). Por lo cual, aún queda en duda el proceso para lograr la permanencia que será decidida en las leyes secundarias.
Se abroga de la Ley General del Servicio Profesional Docente fue la base para el despido de profesores “no idóneos”, “sin responsabilidad”, para el sistema educativo. Sin embargo, seguirán realizándose evaluaciones, pero estas no implicarán el despido. La ley del SPD se sustituirá con una ley secundaria y se creará un Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación que sustituirá al INEE.
Hay que resaltar que el INEE fue una propuesta de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y que los criterios de evaluación respondían a su política de impulso a la privatización. El INEE fue el encargado de realizar las pruebas que sirvieron de justificación para promover los despidos. Según lo expresado por el PAN, PRD y PRI se busca que se mantengan estos criterios y la pelea se dará en la discusión de las leyes secundarias. También se busca revivir la carrera magisterial, pero los criterios para la promoción aún no se definen.
Un importante elemento que nos indica cómo se dará esta discusión es que el organismo que sustituirá al INEE, estará dirigido por un “Consejo Ciudadano”, en el que se incluye un puesto para los empresarios. Esto significa la participación de la iniciativa privada en la conducción de la educación pública, como lo han denunciado algunos dirigentes de la CNTE. Implica la continuidad de la política de la OCDE.
Se modifica el artículo 3° para establecer la obligatoriedad de la educación superior, y la progresiva gratuidad de la misma. Aspecto que es positivo, pero no será del todo completo si el estado no garantiza el 100% del presupuesto necesario para las instituciones de educación superior y universidades. Este punto generó una amplia polémica en la Asociación Nacional de universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), cuyos rectores exigieron a AMLO que la gratuidad se realice de manera progresiva y se establezcan mecanismos para que las universidades puedan tener un marco legal para hacerse de ingresos “autogenerados”, que como sabemos se traducen en convenios leoninos con la iniciativa privada que en muchos de los casos llevan a proporcionarles mano de obra estudiantil gratuita; capacitaciones con precios por debajo del mercado y la intromisión de las empresas en las líneas de investigación. Por otra parte, el acceso universal a la educación superior no estaría completo sin la eliminación de los exámenes de ingreso, que en muchos casos son controlados por instituciones privadas como el CENEVAL, del cual son socios ex rectores.
Como parte de este supuesto impulso a la educación superior se incluye un elemento en la Ley para el Fomento y Fortalecimiento de las Escuelas Normales, instituciones que se encuentran en una severa crisis por falta de matrícula, profesores y presupuesto. Si bien se rescata este sector educativo, esta recuperación solo sería efectiva si se garantiza su funcionamiento y que los egresados puedan ingresar a laborar sin ninguna traba.
Un elemento central que ha generado la mayor oposición de la CNTE es que esta nueva reforma sigue incluyendo a los profesores en el Apartado B del artículo 123, y al igual que la reforma de EPN, incluye en el artículo 3° elementos que son propios del derecho laboral. El artículo 123 divide a la clase trabajadora en dos: los del sector privado en el apartado A, y en el B los trabajadores del estado, a los cuales se les limita el derecho de Huelga (2). Además, la reforma agrega: “Con fundamento en este Decreto, la admisión, promoción y reconocimiento se regirán por la Ley Reglamentaria del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros”. Por lo cual permanece un régimen de excepción para el magisterio, con su consecuente precarización laboral.
Por último, queda pendiente saber cómo se implementarán algunos de los elementos de la propuesta de AMLO, proyecto 18, redactado por Alfonso Romo para la campaña presidencial (que desde hace más de un año hemos denunciado en nuestra prensa), como lo es la propuesta de dotar de autonomía a las universidades privadas y la implementación de la portabilidad del derecho a la educación, así como el financiamiento público a escuelas privadas, con el supuesto de “lograr la cobertura universal”.
Desde TRANSICION, manifestamos que la aprobación de esta nueva reforma implica una primera victoria, aunque mínima de la movilización del magisterio, es un reconocimiento de la fuerza de este y de las movilizaciones que ha impulsado, y es un ejemplo de que es posible imponer un nuevo rumbo al país con la acción y movilización de la clase trabajadora, sin embargo, la abrogación de la “mal llamada reforma educativa” no está completa, y mucho menos se ha solucionado el hecho de que esta se trató principalmente de una reforma laboral.
Como explicamos, la propuesta de reforma educativa de López Obrador mantiene cierta continuidad con la reforma educativa de Peña Nieto y del plan privatizador de la educación pública, impuesto a la nación por organismo financieros internacionales que ven en la educación un negocio lucrativo. Es por eso que, para conquistar la abrogación total y efectiva de la reforma educativa, y el resto de las contrarreformas es necesaria una política independiente y la movilización constante para imponer la voluntad expresada en las urnas. Es necesario no caer en el chantaje que justifica las acciones del gobierno y clarificar a la clase trabajadora, la juventud y las mujeres cual es la ruta necesaria a seguir.
Desde Transición llamamos a seguir el ejemplo de los sectores que se han movilizado recientemente como el Movimiento Obrero 20/32 de Matamoros, quienes ahora buscan por su propia representación política independiente por medio de candidatos no registrados; los trabajadores del SITUAM, STAUACH, y otros sectores que han arrancado demandas inmediatas. Para ello es necesario dotarse de organismos democráticos en todos los sectores y forjar las herramientas de lucha, los sindicatos independientes y centrales democráticas (cuyo germen consideramos es la Nueva Central de Trabajadores) y una organización partidista de trabajadores independiente que dispute el poder a la oligarquía, razón por la cual construimos la Organización Política del Pueblo y los Trabajadores (OPT).
Te invitamos a leer este boletín, a discutirlo y a organizarte con nosotros por una verdadera transformación nacional.
2 El apartado B del artículo 123 constitucional fue impuesto para evitar movilizaciones de los trabajadores del Estado, justo después de las derrotas s derrotas de los maestros de la sección 9 del SNTE (1958) y los ferrocarrileros (1959), siendo este parte del entramado legal para limitar los derechos ganados con la revolución mexicana y un pilar del corporativismo.
comunistasinternacionalistas.org 