Luego que Argentina despenalizó el aborto, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró el 31 de diciembre pasado que al ser “un tema polémico” deben ser los ciudadanos y las mujeres por medio de una consulta los que decidan.   Días después Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, descartó que el Gobierno federal vaya a impulsar la despenalización del aborto, dado que el presidente se opone a ello, y lo dejó en manos de los Congresos estatales.  Además, precisó que lo que se consultaría no es el aborto en sí, sino la “tipología penal” , es decir bajo qué circunstancias sería legal y qué penas serían las impuestas por violar la legislación establecida.

La última aseveración se hace como aclaración a la declaración de AMLO y la respuesta por parte de organizaciones de Derechos Humanos y ONG feministas donde declaran que los Derechos Humanos legalmente no pueden ser objeto de consulta, y más en un país que ha ratificado todos los tratados internacionales de derechos humanos como México.

Al respecto es importante aclarar que, en la mayoría de los estados mexicanos, el aborto es legal, pero tiene circunstancias específicas en cada uno, siendo Oaxaca y la Ciudad de México los únicos lugares en los que el aborto está despenalizado hasta las 12 semanas de gestación sin importar causa.

En total, México tiene 7 causales por las que se puede abortar sin que sea considerado un delito:

• • Cuando el embarazo es producto de una violación (en los 32 estados)
• • Cuando la continuación del embarazo afecta la salud de la mujer.
• • Cuando el embarazo pone en riesgo la vida de la mujer.
• • Si el producto presenta alguna malformación congénita grave.
• • Si el embarazo es producto de una inseminación artificial en contra de la voluntad de la mujer.
• • Si el aborto fue provocado de manera imprudencial, es decir, por accidente.
• • Cuando la economía precaria de la mujer se agrava al continuar el embarazo.

Aún y cuando la ley lo permita, barreras como las actitudes de los prestadores de servicios administrativos, legales y de salud provenientes de algunas religiones, la capacidad económica y las trabas administrativas y/o legales a las que se enfrenta una mujer cuando decide no continuar con un embarazo impiden en los hechos que toda la que lo desee pueda hacerlo de una manera segura que no ponga en riesgo su salud y su vida. El aborto es un procedimiento clínico absolutamente confiable cuando se realiza con la tecnología adecuada, los insumos necesarios y el apoyo de profesionales de la salud capacitados. Cuando es legal y provisto por el sector salud (no como parte final de tramitología judicial como sucede en Baja California), es más fácil que estas condiciones se reúnan.

Como en este y otros aspectos de la vida cotidiana de una mujer en nuestra sociedad cuenta la clase social a la que se pertenece.   Las mujeres de los niveles sociales más desprotegidos se ven expuestas en mayor medida a morir a causa de un aborto inseguro (el doble de riesgo) que las de mejores condiciones socioeconómicas.  De acuerdo con estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, del total de muertes maternas, el 13% se debe a interrupción riesgosa del embarazo y en América Latina la cifra se eleva al 24%, debido principalmente a que los gobiernos se oponen a la realización de dicho procedimiento en condiciones salubres y dignas para las mujeres trabajadoras y/o pobres debido a que la separación iglesia-estado en tales países es solo un formalismo pero que no existe en la realidad.

Por otro lado, las mujeres que tienen los medios económicos para pagar médicos o trasladarse a lugares donde la interrupción del embarazo sea legal y segura no mueren por estos procedimientos.

Se piensa que prohibiéndolo y castigándolo se desincentivaría a las mujeres, estudios apuntan a lo contrario, es decir, que la tasa de abortos entre 1995 y 2008 en diversos países es similar sin importar si es legal y seguro o no, inclusive, se encontró una pequeña tendencia a la baja en países donde esta práctica médica es legal.

Es una cuestión de derechos humanos, de derechos reproductivos y también de clase.

A veces se nos llega a cuestionar por qué una organización que se dice socialista, que se prepara para ser revolucionaria, se debería ocupar de participar en este tipo de movilizaciones donde las consignas son alcanzables en una democracia capitalista. 

Por un lado, ya dijimos es una cuestión de clase, donde sólo las afectadas vienen de clase trabajadora o proviene  de sectores oprimidos de la población, las mujeres pobres son arrojadas hacia la precariedad y la barbarie, el resultado es un gran número de muertes en ocasión de aborto o lesiones físicas que en el futuro impedirán la libre procreación. La cuestión del aborto es también una cuestión de lucha de clases.  Además estas aspiraciones democráticas como muchas otras no pueden satisfacerse en el momento actual por el sistema capitalista debido a la crisis en la que se encuentran y el derecho pleno a la salud y a una vida libre de opresión para las mujeres, sólo podrá satisfacerse plenamente a través de la lucha por el socialismo…  Esa es la discusión que debemos tener, no es aborto si o aborto no, la disyuntiva es aborto legal seguro y gratuito o aborto ilegal que sus complicaciones matan a miles de mujeres al año. La contradicción real es si el estado realmente es laico y a qué clase social beneficia.

Las decisiones que tomamos sobre usar métodos anticonceptivos, elegir la maternidad, tener pareja, o bien decidir no tenerla, son parte de los derechos sexuales y reproductivos.  Durante siglos estas decisiones eran limitadas y, más aún, castigadas si contravenían las normas establecidas.  Existe una discriminación e, ya que las mujeres de clase trabajadora siguen siendo castigadas en cierto sentido  con medidas de este tipo por contravenir a las normas de la religión, mientras que el resto no.   Al mismo tiempo, pone en el centro del debate la concepción todavía imperante, aunque matizada en la modernidad, de si las mujeres somos sujetos con capacidad de emitir juicios propios y tomar determinaciones sobre nuestra vida. Los argumentos deberían estar solo en el terreno científico, los principios del Estado laico y los derechos humanos. 

En el caso de que se realizara una consulta, ¿qué deberíamos hacer? Esta es la pregunta que nos asalta y que deseamos abrir a debate. Sabemos que el control que tienen las iglesias sobre la población y el estado es enorme y que si se realizara hoy mismo una consulta, nos aplastaría la capacidad de movilización que han demostrado y el poder económico con el que controlan las decisiones del gobierno en favor de sus intereses.

Pero… ¿qué nos queda? Abrir el debate, situarnos en el terreno científico y hacer la discusión en el terreno de clase, sobre la maternidad elegida y la opresión del sistema capitalista, organizarnos en torno a las demandas: derecho pleno a la salud, mayor presupuesto para la salud sexual y reproductiva, mayor educación sexual y por supuesto la despenalización, legalización y gratuidad de la decisión de interrupción del embarazo.

Solo hasta que logremos salir a las calles y organizarnos en conjunto con otros sectores oprimidos con nuestros compañeros de clase, sin divisiones de sexo, podremos sacar adelante esta y otras consignas como lo están logrando las mujeres trabajadoras en Argentina.

Fuente: Conferencia “mañanera” del día 31/12/2020

Fuente:  Periódico El Informador https://www.informador.mx/mexico/Gobierno-federal-no-impulsara-despenalizacion-del-aborto-porque-AMLO-se-opone-20210127-0031.html  27/01/2021

Fuente: https://andar.org.mx/aborto-legal/   consultado el 28/01/2021

Fernández Cantón, Sonia B., Gutiérrez Trujillo, Gonzalo, & Viguri Uribe, Ricardo. (2012). La mortalidad materna y el aborto en México. Boletín médico del Hospital Infantil de México, 69(1), 77-80. Recuperado en 28 de enero de 2021, de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-11462012000100011&lng=es&tlng=es. 

Sedgh, Singh, Shah, Ahman, Hensahw y Bankole. (2012). Induced abortion: incidence and trends worldwide from 1995 to 2008 .  The Lancet.  Vol 379, issue 9816, P625-632. Recuperado en 28 de enero de 2021.