Publicado en La Tribune des travailleurs agosto 2021

A veces, el resultado de una elección general -presidencial o legislativa- en un país en crisis puede considerarse como solución temporal de la crisis, o al menos apaciguarla. No es el caso de la reciente elección presidencial en Perú, que dio la victoria a Pedro Castillo. Por el contrario, este resultado electoral sólo puede conducir a una profundización de la crisis actual.

La elección presidencial, cuya segunda vuelta tuvo lugar el 6 de junio de 2021, oponía a Keiko Fujimori (hija del ex presidente Fujimori, condenado a 25 años de prisión por los tribunales peruanos por «crímenes de lesa humanidad»), apoyada por sectores clave de la clase dominante, con Pedro Castillo, un maestro de escuela en una región agraria, que había desempeñado un papel importante en una gran huelga de profesores en 2017, y que fue designado como candidato presidencial por una asamblea de profesores, y luego apoyado por un partido político (del que no es miembro) de tradición maoísta.

Aproximadamente había unos 25 millones de electores registrados, 17 millones (70%) participaron en la votación. Pedro Castillo ganó con 8 836 380 votos (es decir 50,13% de los votos emitidos) frente a K. Fujimori, que obtuvo 8.792.117 votos (49,82%). En términos de votos, la diferencia entre los dos candidatos que pasaron a la segunda vuelta fue de sólo 45 000.

Lo más importante es que en la primera vuelta Pedro Castillo solamente obtuvo, aproximadamente, 2 300 000 de votos. Esto significa que la concentración en torno a él supera con creces la influencia directa de la coalición que apoyó su candidatura. Claramente, el voto se dividió en función de las líneas de clase.

En Miraflores, el distrito burgués de Lima, la capital de Perú, más del 80% de los votos fueron para Fujimori. En cambio, en la ciudad obrera de Ayacucho, Castillo recibió más del 80% de los votos.

En las zonas rurales, Castillo también ganó. Destacó que era la primera vez que un peruano procedente de zonas rurales, donde una gran parte de la población es de origen indígena, era elegido presidente del país.

Esta elección presidencial se celebró en un clima de crisis generalizada, tanto política como social (deterioro de la situación económica) combinada con los estragos del COVID-19. Perú es el país del mundo donde el número de muertes por COVID-19 es más alto proporcionalmente a la población.

La Confederación Sindical de Trabajadores de Perú, la CGTP, apoyó a Pedro Castillo, en particular retomando su reivindicación de aumento a los impuestos a las grandes empresas mineras.

En el plano político, los últimos años han estado marcados por sucesivas convulsiones que han llevado a una sucesión de presidentes desde de que el último titular, Kunezynski, fuera destituido por el Congreso. En los últimos meses que presidieron las elecciones presidenciales, se sucedieron tres presidentes, gracias a la facultad del parlamento de destituirlos.

La principal fuente de actividad económica en Perú es la producción de cobre, controlada en gran medida por el capital extranjero. Las exportaciones continúan y los grandes patrones de la industria aseguran que pronto recuperará su capacidad de producción plena, pero con muchos menos trabajadores empleados, gracias a los progresos técnicos. El desempleo se ha incrementado rápidamente en todas las ramas de la economía. Muchos de los que tienen un trabajo solamente cuentan con empleos precarios, y cerca del 70% de la mano de obra está empleada en el sector «informal». Las evaluaciones oficiales muestran un desarrollo en la pobreza extrema desde 2020: hoy, el 30% de la población peruana vive por debajo del umbral de la pobreza, un umbral que corresponde a un ingreso mensual de menos de 200 euros para una familia de 5 personas.

Las declaraciones de Castillo, cuando aún era candidato, mezclaban posiciones retrógradas (sobre todo contra el derecho al aborto) con vagas promesas de reforma declarando: «No debe haber pobres en un país rico».

La investidura de Castillo fue difícil, ya que el Tribunal Constitucional tardó un mes en validar el resultado de las elecciones, tiempo durante el cual se multiplicaron las manifestaciones de apoyo a Fujimori, mientras decenas de miles de partidarios de Castillo se reunían para exigir la validación de la elección. Durante este mismo periodo, aparecieron riesgos de golpe de Estado, con, por ejemplo, llamamientos a las Fuerzas Armadas por parte de generales y almirantes retirados «para que reaccionaran».

Si Castillo fue finalmente confirmado como presidente, es sin duda porque la movilización popular hizo que pareciera demasiado arriesgado anular la elección.

Una vez confirmado en su cargo, Pedro Castillo multiplicó sus gestos para tranquilizar a la clase dominante y a los inversores extranjeros: repitió que él «no era comunista», que respetaría la Constitución, que no se trataba de «nacionalizaciones». Mantuvo a Julián Villarde, considerado como un «buen gestor» por el FMI, en el puesto de presidente del Banco Central de Perú, y nombró a un «moderado», Pedro Franke, economista del Banco Mundial, como ministro de Economía.

Pero el hecho de que eligiera como Primer ministro a Guido Bellido, líder político de «Perú Libre», un partido de origen maoísta, desató las protestas. Más significativo aún es el hecho de que millones y millones de dólares de inversiones fueron retirados de Perú en los últimos días y la bolsa ha caído un 6%.

Sean cuales sean sus intenciones y declaraciones, Castillo no puede ganarse la confianza de las grandes empresas y de los grandes terratenientes. Sea cual sea su voluntad de conciliación, las masas trabajadoras de la ciudad y del campo que votaron por él no renunciarán a sus reivindicaciones. Es por esto que el Financial Times escribió el 30 de julio: «Todo apunta a nuevas turbulencias políticas. Los inversores solían decir que, a pesar de la locura política, la economía peruana era segura. Quizás ahora acepten que la política es importante”.

 François Forgue