El 7 de julio, el Primer Ministro británico Boris Johnson anunciaba su dimisión, punto culminante de una verdadera guerra en el seno del gobierno conservador que desde  hace un mes ha visto a miembros de su propia mayoría inscribir una moción de censura. Se salvó por muy poco, pero la vía se abría hacia una crisis institucional que hacía que su presencia a la cabeza del gobierno fuera totalmente imposible. Es un grupo de ministros de primer plano el que abrió la vía renunciando, creando con ello un efecto dominó. Finalmente, 43 de los 120 ministros y secretarios de Estado con los que cuenta el gobierno anunciaban su renuncia para exigir la de Johnson.

Una crisis política de tamaño no igualado desde los años 30´s, provocado por la revelación de una sucesión de tropelías nauseabundas que iban desde borracheras organizadas en el domicilio oficial del Primer Ministro -en el 10 de Downing Street-, hasta asuntos de mala moral en cuya escena se coloca a un protegido de Johnson y responsable adjunto del grupo parlamentario, Chris Pincher. Detrás de estos asuntos, que forman parte de una prensa de escándalos, tenemos la determinación de los representantes parlamentarios de los medios de negocios de terminar con un Primer Ministro que juzgan incapaz de cumplir la tarea que le ha sido confiada.

De esta manera, en su carta de renuncia, el ministro de Finanzas Rishi Sunak, indica claramente que su desacuerdo con Johnson se debe a las medidas de austeridad que hay que imponer en el país. Antes de eso, apoyaba a la administración del Tesoro, quien atacaba a los sindicatos estimando que es irresponsable reivindicar aumentos salariales del orden del 10%: había protestado por la reticencia de Johnson para tomar las “decisiones difíciles”.

La prensa anti-obrera ha seguido el ejemplo. El Daily Mail exige que todo nuevo gobierno trabaje “según los verdaderos principios”: “Bajos impuestos, mercado libre”. Para el Sun, el gobierno deberá “reducir el tamaño del Estado”. El Telegraph escribe que el gobierno Johnson se había “deslizado mucho hacia la izquierda en las cuestiones económicas” y era incapaz de conducir “una fiscalidad débil, gastos reducidos, una atracción a las inversiones y una desregulación necesaria”.

En resumen, se trata desde entonces de colocar a un equipo que se dé a sí mismo los medios para hacer pagar a la clase obrera y a la juventud los miles de millones otorgados a las grandes empresas durante la pandemia, así como las sumas astronómicas devoradas en la guerra detrás de la OTAN.

Un programa de guerra en contra el pueblo británico, en medio de una situación donde la dirección del Labour Party, siguiendo su política de unión nacional detrás del gobierno conservador y la OTAN, solo conoce una consigna: defender el interés dicho “nacional”, es decir, hacer pagar el precio de la guerra a la clase obrera, a quien debería defender.

Pero un gran problema se interpone. Después de los 50,000 ferrocarrileros, son ahora los carteros los que preparan la huelga. Los abogados están ya en huelga. Los tres más grandes sindicatos de servicios públicos decidieron hacer frente común por un aumento de salario de 10% frente a la inflación causada por la guerra y los especuladores.

Es esta unidad de sus organizaciones, sobre la base de sus reivindicaciones contra la política mortal del gobierno y de aquellos que lo sostienen, lo que está a orden del día. Esto plantea la cuestión de la responsabilidad de la dirección dela central sindical TUC.

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Jean-Pierre Barrois