Artículo extraído del Boletin Transicion # 37, 1 de mayo de 2023
Este 1 de mayo se cumplen 4 años de la reforma laboral aprobada por el gobierno de AMLO. Una reforma festejada por múltiples sectores, porque se pensaba que abriría un proceso de democratización de la vida sindical en México. ¿pero cuál ha sido la realidad de su aplicación?
La reforma laboral de 2019, aprobada por el Congreso de la Unión, fue elaborada como parte de los acuerdos para la firma del nuevo tratado de libre Comercio T-MEC, por presión de los sindicatos canadienses y norteamericanos.
Esta reforma obliga a las organizaciones sindicales a modificar sus estatutos para permitir la libre participación de los agremiados, establecer límites al tiempo de duración de las direcciones sindicales, exige rendición de cuentas y de estados financiero de las organizaciones, promueve la equidad de género, establece la consulta mediante voto libre y secreto en todas las decisiones de la vida sindical, desde el estallamiento o levantamiento de huelgas hasta la elección de representantes y direcciones.
También obliga a los sindicatos a dar a conocer los contratos colectivos a sus agremiarlos y consultarlos mediante el voto para que estos ratifiquen este contrato y si desean seguir siendo representados por dichos sindicatos. La fecha límite para este proceso vencio este 1 de mayo de 2023.
Sin embargo, a 4 años, la realidad para millones de trabajadores no ha cambiado. Las organizaciones sindicales corporativas, a través de maniobras legales han logrado sortear la reforma y mantener a sus direcciones “charras” en el poder. En algunos casos se convocaron a convenciones para solo maquillar sus estatutos, en otras se hicieron consultas amañadas (reduciendo el número de afiliados con derecho al voto, o amenazando a los trabajadores).
Esto sucedió con las grandes organizaciones sindicales como el SNTE y el Sindicato Petrolero, que cumplieron solo de manera formal con las nuevas leyes, contando con el apoyo de las autoridades laborales, quienes han legitimado en cada momento el accionar de estas organizaciones, como sucedió con la elección de la dirección sindical de los petroleros.
El fracaso de las legitimaciones de contratos
En relación con la obligación de someter a consulta de los trabajadores los contratos colectivos y la representación sindical, los llamados PROCESOS DE LEGITIMACIÓN, (que se presumía podían ser una vía para que los trabajadores se libraran de las mafias sindicales), han resultado una verdadera simulación.
Según datos de la prensa, hasta abril de este año solo se han legitimado alrededor de 4 mil contratos de 580 mil que tienen registro (80% de los cuales están inactivos)
Hasta los propios charros reconocen el fracaso, según Isaías González Cuevas dirigente de la CROC (central corporativa): “Con datos de la Secretaría del Trabajo se calcula que 4 millones de trabajadores han participado en legitimar el contrato, si tomamos en cuenta que hay 21 millones en el Seguro Social y le restas cuatro, eso quiere decir que 17 millones están bajo contrato de protección de sindicatos blancos” (1)(sic).
En la mayoría de los casos las consultas de legitimación organizadas por los sindicatos charros y sancionadas por las autoridades laborales, se han dado de manera fraudulenta, mintiéndole a los trabajadores, amenazándolos con la pérdida de sus derechos en caso de rechazar la representación de las organizaciones corporativas.
Según datos de la Casa Obrera de BC, en el país son menos de 40 los contratos colectivos rechazados por los trabajadores. De ese universo destacan los casos de empresas en Matamoros, donde el SNITIS 20/32 ha logrado que en varias empresas se rechace a los sindicatos charros y en la zona del Bajio, donde a raíz de la acción del grupo Generando Movimiento, se logró el rechazo al sindicato charro en la planta de General Motors en Silao y se han desatado una serie de movimientos de lucha por la democracia en otras empresas de la región.
La democratización debe venir desde abajo
Lo sucedido en estos cuatro años muestra que no será por decreto que la democracia llegara a la vida de los trabajadores, no serán las organizaciones corporativas o el gobierno quien impulse estas medidas desde la cúpula.
En aquellos lugares donde los trabajadores estaban desorganizados y desinformados fue sencillo para las organizaciones charras y las autoridades laborales hacer procesos solo por cumplir la ley y continuar con su criminal colaboración en contra de la clase trabajadora.
La principal causa de que no se haya aprovechado esta coyuntura abierta en 2019 es la ausencia de una organización independiente, una organización de clase, que impulse en todos los centros de trabajo una política en beneficio de los trabajadores.
La tarea de echar a los “charros” y “vividores” de las organizaciones sindicales, la construcción de organizaciones independientes debe ser obra de los trabajadores mismos, pero como nos muestra la práctica, esto no se da por obra de magia.
La experiencia nos muestra que solo en aquellos lugares donde existía un núcleo previamente organizado, se pudo utilizar la reforma laboral para iniciar una lucha contra los charros y por la democratización, como sucedió en Matamoros o en Silao.
En ese sentido hay que destacar el trabajo que desarrolla la Casa Obrera del Bajío, impulsada por el compañero Israel Cervantes, colectivo que en estos momentos realiza un trabajo de concientización información y lucha entre los trabajadores y que encabeza campañas por el rechazo a la legitimación de los contratos de las organizaciones charras, como el de la empresa Yazaki (ve el video entrevista con una trabajadora despedida, Víctima de Acoso laboral y represalias después de levantar la voz por exigir sus derechos laborales, escaneando el código QR).
Te invitamos a entrar en contacto con nosotros para más información o denuncias sobre tu centro de trabajo.
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