Artículo extraído del Boletin Transicion # 37, 1 de mayo de 2023

El presidente presentó una iniciativa para reformar la constitución con la intención de desaparecer al Instituto Nacional Electoral (INE) y hacer modificaciones al sistema político-electoral. 

Como analizamos en Transición # 33 (julio de 2023), la reforma presentada tenía aspectos positivos –dentro del marco de la democracia burguesa–  como la desaparición de los diputados plurinominales, la reducción del recurso a los partidos y la elección por medio de voto popular de los consejeros electorales.

Al mismo presentaba el riesgo de la perpetuación de MORENA, dejando muchos aspectos a la interpretación, permitía que el otorgamiento y promoción de programas sociales influyera en las elecciones, además facilitaba la intervención del gobierno en la organización y calificación del proceso.

Estas ambigüedades, sumadas a una campaña de desinformación en los medios, revivieron a los partidos tradicionales que tomaron como bandera el rechazo a la reforma bajo la consigna de “el INE no se toca”, aglutinando, su base social tradicional, grupos de extrema derecha, pero también a miles de ciudadanos preocupados de manera auténtica por lo que consideraban un “atentado a la democracia”.

Demostraciones de fuerza

La iniciativa presidencial, hizo que la discusión pública se polarizara entre el apoyo sin cuestionamientos y el rechazo total, la derecha y sus partidos, lograron movilizar a cientos de miles en las calles, situación sin precedentes.

Por su parte el gobierno federal reaccionó, con una concentración de más de millón y medio en la CDMX; movilización que expresó el profundo deseo de cambio, de avanzar en las trasformaciones que el pueblo desea.

El primer desenlace de esta confrontación entre las fuerzas burguesas (1), se dio en el Congreso de la Unión: MORENA y sus aliados no alcanzaron la mayoría calificada, la reforma fue frenada por la oposición (PRI, PAN, PRD, MC e Independientes), una minoría legislativa, que representa a una minoría social.

El oficialismo entonces jugó su carta con el plan “B” consistente en la modificación de las leyes secundarias –sin tocar la Constitución ni el sistema político–, reduciendo presupuesto y estructura al INE, un plan sin reformas profundas, limitado a facilitar el camino de la victoria de MORENA en las próximas elecciones.

La derecha entonces reaccionó,. El 26 de febrero movilizó a cientos de miles, rechazando  el “Plan B”. Con el apoyo de en su discurso de un ex ministro de la Suprema Corte se develó la estrategia para echar abajo este plan “B”: apelar a su inconstitucionalidad. 

En esta ocasión fue más evidente la participación de políticosdel PRI, PAN,PRD, de expresidentes, así como de empresarios y grupos  religiosos y de la extrema derecha.

En respuesta AMLO, a una nueva concentración el 18 de marzo, para conmemorar la expropiación petrolera y en defensa de la soberanía(2). Si bien asistieron cientos de miles, la participación fue menor en relación con su anterior convocatoria.

El segundo desenlace de esta confrontación se dio a finales de marzo. Como se anunció en la marcha opositora, la Suprema Corte declaró inconstitucional el llamado “Plan B”, imponiendo un regreso a la reglamentación preexistente.

Fue entonces que el oficialismo jugó su última carta: el llamado “Plan C”. Aprovechando su mayoría relativa en el Congreso: realizó el proceso de elección de consejeros electorales y colocó en el INE a personajes cercanos a MORENA, cerrándole el paso a los candidatos de los otros partidos,

El interés del pueblo y la clase obrera ausente

Un elemento común en las movilizaciones tanto de la derecha como del oficialismo, es la utilización de los manifestantes como masa de maniobra, carente de decisión sobre los pasos a seguir en su movimiento.

Es cierto que quienes acudieron a las manifestaciones pudieron expresar libremente sus puntos de vista en pancartas y mantas (en las marchas de la derecha se podían ver expresiones realmente delirantes de clasismo, discriminación, y anticomunismo), en los hechos quienes decidían las consignas generales, los oradores y la línea política siguen siendo las direcciones de los partidos políticos burgueses, con un disfraz de “ciudadanos de a pie”

En ningún momento se dio la posibilidad al pueblo de participar, ni siquiera se realizó algún tipo de consulta para pedir la opinión. Este debate fue exclusivo de los partidos para definir la forma en que estos se repartirán el poder en los próximos procesos electorales.

Si en un primer momento se pensó que esta reforma podría modificar elementos del sistema político: ampliando la participación popular, eliminando plurinominales, reduciendo el presupuesto a los partidos… darle un tiro de gracia a los viejos partidos de la oligarquía, pues no fue así.

La trayectoria de los planes “A, B y C”, no hace más que confirmar, que más allá de la retórica, la reforma fue impulsada con la finalidad de definir la próxima mecánica electoral y no por un afán democratizador. Con la intención de estipular cuantos pesos y cuantos centavos podrá gastar cada partido, cómo se repartirán los cargos plurinominales, como perpetuar a los mini partidos, y hasta qué punto los gobiernos podrán influir en el voto…

Al final después de tantas movilizaciones, las decisiones quedaron en manos de los políticos y de las instituciones del régimen del PRIAN.

Ante la falta de una organización política de la clase trabajadora, es fácil para ambos grupos burgueses, manipular a la población haciendo pasar sus intereses de grupo como los intereses generales del pueblo, la ciudadanía, la nación.

La LCI considera que, para lograr un sistema más democrático, es necesaria la expresión de las demandas de las mayorías; eliminar cualquier traba a la participación política, la represión a los movimientos sociales, activistas y periodistas; el respeto de la autonomía de las organizaciones sindicales; combatir la impunidad y corrupción, pero sobre todo avanzar en la igualdad política, social y económica, es decir mediante el combate al sistema capitalista.

Para construir algo nuevo hay que deshacernos de lo viejo

El presidente AMLO, durante la segunda mitad de su sexenio se ha caracterizado por enviar iniciativas de reforma al Congreso de la Unión para sacrificarlas en él. Ha presentados reformas constitucionales con el supuesto fin de terminar con las políticas neoliberales, preservar los derechos y rescatar la soberanía, pero en cada ocasión estas han sido frenadas.

¿Por qué hacer pasar por el Congreso sus iniciativas, teniendo conocimiento de que serán frenadas por la oposición? ¿Porque no se presentaron estas reformas durante la legislatura pasada cuando MORENA y sus aliados contaban con la mayoría calificada,  por ende la posibilidad de modificar la constitución?

En cada ocasión una minoría de representantes del PRI, PAN, PRD y MC han frenado los cambios constitucionales, pasando por encima de la voluntad y de la opinión popular (un claro ejemplo fue la reforma eléctrica que según sondeos contaba con la aprobación de 7 de cada 10 mexicanos), en cada ocasión los diputados y senadores de MORENA se han prestado a la negociación de las reformas desvirtuarndo su espíritu original (como la reforma a las pensiones o del outsorcing), modificando solo leyes secundarias, han dejado intacto el entramado legal heredado del neoliberalismo.

Pero cuando estas mini reformas son aprobadas por el Congreso aún deben pasar la aduana de la Suprema Corte de Justicia, donde son congeladas o revertidas, como sucedió con el “Plan B”. De nueva cuenta una minoría que nunca fue elegida por el pueblo es la que decide el destino de la nación (3).

Con tantas limitantes y candados heredados, surge la pregunta, ¿es posible realizar cambios radicales respetando el marco de las instituciones del régimen?

Desde Transición nos preguntamos, si no es necesario retomar la consigna de la realización de una Asamblea Constituyente, para que se destruyan sin trabas las instituciones del régimen del PRIAN, una Asamblea Constituyente, donde de manera democrática, los trabajadores y sus organizaciones, los pueblos indígenas y los explotados decidan libremente sobre el rumbo del sistema político de nuestra nación incluido el INE y de manera soberana decida sobre el destino de la nación y las nuevas instituciones que necesita.

(1)Nos referimos a Partidos Burgueses a aquellas organizaciones cuyos programas se basan en el sostenimiento del sistema capitalista y sus relaciones de dominación nacionales e internacionales. Aquellos partidos cuyos programas y acciones no cuestionan la propiedad privada de los medios de producción y cuyo horizonte de cambio se encuadra en el sistema capitalista.

(2)Esta marcha que en origen era en respuesta a la de la derecha cambió su contexto porque en esas semanas el gobierno de Estados Unidos de nueva cuenta cuestionó en el marco del T MEC las reformas energéticas de AMLO. 

(3) Para colmo es una minoría desprestigiada cuya corrupción moral han sido evidenciada como en el caso de la “ministra plagiadora”.