El 16 de mayo en La Paz, el gobierno de Rodrigo Paz (derecha) le ordenó a la policía y a los militares liberar las barreras instaladas desde hacía varios días, que bloqueaban el acceso a la capital. Cincuenta y siete manifestantes fueron detenidos y muchos resultaron heridos.

En las manifestaciones del 1° de Mayo, la dirección de la Centra obrera boliviana (COB) había lanzado la consigna de huelga general por una serie de reivindicaciones salariales, contra el plan de privatizaciones y por medidas de apoyo a la industria minera. A la COB se le unieron numerosas organizaciones campesinas e indígenas.

Al no recibir ninguna respuesta satisfactoria, los huelguistas, la COB y las organizaciones campesinas añadieron a su plataforma la exigencia de la dimisión del gobierno.

A pesar del intento de represión del 16 de mayo, la policía boliviana reconocía que una quincena de barreras habían sido reconstruidas alrededor de la capital.

Apoyado por la administración Trump y por el presidente argentino, el gobierno de Rodrigo Paz pretendió que la acción de los huelguistas era una manipulación del antiguo presidente “socialista” Evo Morales, manipulación que afirma estaría “financiada por narcotraficantes”.

 Por su lado, la agencia encargada de América Latina en el departamento de Estado de los Estados Unidos se apresuró a volar a la salvación de su protegido Paz, condenando “todas las acciones que pretenden desestabilizar” a su gobierno y apoyando sus esfuerzos por “restablecer el orden”.

La realidad, es la inflación (14%), el deterioro del nivel de vida de las masas de las ciudades y del campo y las medidas brutales que se desprenden del reembolso de la deuda externa están en los orígenes de la explosión social.

El gobierno Paz prepara un “paquete” de diez proyectos de ley que pretenden “relanzar la economía” y “reformar al Estado”. Medidas brutales “que dañan a la gran mayoría y favorezcan a las multinacionales”, denuncia con razón la COB.

Dominique Ferré (La Tribune des travailleurs, Francia)