Por la redacción de Tribuna de los Trabajadores

La detención en Bolivia de Fernando Cerimedo, operador político argentino vinculado a gobiernos y organizaciones de derecha en América Latina, ha abierto una caja de Pandora que va mucho más allá del grave ataque armado contra su expareja, Nadia Beller. El caso coloca nuevamente bajo los reflectores las relaciones entre dinero, poder político, campañas digitales y medios presentados como independientes.

Cerimedo fue detenido el 18 de agosto en el aeropuerto de Viru Viru, Santa Cruz de la Sierra, mientras se disponía a viajar a Buenos Aires. La policía boliviana investiga su posible participación en el ataque contra Beller, quien recibió tres disparos frente a un hotel. Cerimedo ha negado responsabilidad y su defensa rechaza las acusaciones.

Pero desde el hospital Beller formuló acusaciones todavía más amplias. Afirmó haber conocido, durante su relación con Cerimedo, presuntos negocios relacionados con combustibles, oro y contratos privados en Bolivia. Las acusaciones deberán probarse judicialmente. Sin embargo, algunas de sus afirmaciones adquirieron mayor relevancia después de los allanamientos realizados por las autoridades.

Una de ellas se refiere al dinero que, según Beller, manejaba Cerimedo.

“Él decía que facturaba 800 mil dólares mensuales”, declaró la mujer. Además aseguró haber fotografiado efectivo guardado en el departamento donde convivían. En otra entrevista afirmó: “He mandado fotos de cajones llenos de billetes”.

Beller difundió posteriormente una imagen donde aparecen numerosos fajos de billetes dentro de un cajón, junto a una placa de reconocimiento a Cerimedo como supuesto “asesor personal”. La fotografía, por sí sola, no demuestra a quién pertenecía el dinero ni su procedencia.

Lo relevante es que la denuncia ya produjo consecuencias judiciales. La Fiscalía Departamental de La Paz abrió de oficio un segundo proceso contra Cerimedo por presunto enriquecimiento ilícito. Durante los allanamientos se reportó el hallazgo de dinero en efectivo, un teléfono satelital, vehículos y muebles con compartimientos, elementos cuyo origen y relación con las actividades del consultor deberán ser investigados.

Una red política y mediática internacional

Cerimedo no es un desconocido en la política latinoamericana. Participó en la estrategia digital de Javier Milei en Argentina, estuvo relacionado con el entorno de Jair Bolsonaro en Brasil y más recientemente asesoró al presidente boliviano Rodrigo Paz. Es también uno de los fundadores de La Derecha Diario, plataforma digital que ha extendido sus operaciones por distintos países.

Su actuación en Brasil resulta particularmente ilustrativa. En noviembre de 2022 difundió un documento que denunciaba supuestas irregularidades en las máquinas de votación brasileñas. Chequeado documentó posteriormente que aquel informe contenía información falsa y había sido producido dentro del entorno que buscaba desacreditar los resultados electorales. La fiscalía brasileña no acusó a Cerimedo en la causa por el intento de golpe porque no pudo demostrar que supiera que el documento era falso.

Beller añadió una acusación todavía más grave: sostiene que Cerimedo le decía que pertenecía o estaba relacionado con la CIA estadounidense.

Es necesario ser precisos: la supuesta relación de Cerimedo con la CIA denunciada por Beller debe investigarse y no puede presentarse todavía como un hecho demostrado. Pero tampoco sería serio tratar la posibilidad de operaciones de propaganda impulsadas desde Estados Unidos como producto de alguna fantasía conspirativa.

Existe una larga historia documentada.

Cuando la CIA financiaba periódicos

Los propios documentos desclasificados estadounidenses muestran que la utilización de medios de comunicación formó parte de las operaciones encubiertas de Washington en América Latina.

En Chile, por ejemplo, documentación de la propia CIA reconoce que entre 1963 y 1973 la propaganda constituyó la mayor actividad de acción encubierta de la agencia y que su estación en Santiago colocó materiales en medios chilenos.

Los archivos desclasificados muestran además el financiamiento clandestino otorgado a El Mercurio, uno de los principales periódicos chilenos, dentro de las operaciones contra el gobierno de Salvador Allende. Documentos posteriormente conocidos señalan que esos medios participaron en una campaña permanente de oposición al gobierno antes del golpe militar del 11 de septiembre de 1973.

Por eso debemos aprender de la historia.

La dominación imperialista no se ejerce solamente mediante bases militares, tratados comerciales, sanciones económicas o amenazas diplomáticas. También necesita construir una interpretación de la realidad favorable a sus intereses.

Necesita convencernos de quién es nuestro enemigo y quién nuestro amigo.

Necesita hacer aparecer los intereses de las grandes empresas como si fueran los intereses de toda la sociedad.

Necesita convencernos de aceptar privatizaciones, recortes presupuestales, destrucción de derechos laborales, militarización y guerras como si fueran inevitables.

Y para hacerlo necesita medios de comunicación.

Las redes sociales no eliminaron el problema

Hoy la batalla por la información ya no pasa exclusivamente por periódicos, estaciones de radio y canales de televisión.

Millones de trabajadores reciben buena parte de las noticias mediante Facebook, X, TikTok, YouTube, WhatsApp y otras plataformas digitales. Esto ha permitido romper parcialmente el monopolio tradicional de los grandes medios, pero ha creado nuevas formas de concentración.

Detrás de estas plataformas existen gigantescas corporaciones privadas. Sus algoritmos determinan qué información alcanza a millones de personas y cuál permanece prácticamente invisible.

Al mismo tiempo ha surgido toda una industria de consultores, productores de contenido, cuentas aparentemente independientes, campañas coordinadas y medios digitales diseñados no tanto para informar como para provocar miedo, indignación, odio y polarización.

El caso Cerimedo debe servir, independientemente de lo que finalmente determine la investigación judicial, para preguntarnos quién financia estas gigantescas operaciones comunicativas y qué intereses representan.

Las grandes potencias, los gobiernos, empresarios y grupos económicos siempre han comprendido la importancia de controlar la información. Hoy esa batalla ya no ocurre únicamente mediante periódicos y estaciones de televisión. Se libra a través de redes sociales, algoritmos, ejércitos de cuentas, campañas pagadas, influencers y portales capaces de transformar propaganda política en contenido aparentemente espontáneo.

¿Y dónde está la voz de los trabajadores?

Para los trabajadores la conclusión no puede reducirse a denunciar a Cerimedo o a La Derecha Diario.

También debemos preguntarnos: ¿quién cuenta nuestras luchas?

Los grandes medios pertenecen, en su inmensa mayoría, a empresarios. Las plataformas digitales pertenecen a algunas de las corporaciones más poderosas del planeta. Los gobiernos poseen sus propios aparatos de comunicación. Los partidos destinan millones a propaganda.

La clase trabajadora necesita también sus propios instrumentos de información y organización.

Necesitamos una prensa independiente de empresarios, gobiernos y embajadas; una prensa que no dependa de quienes compran publicidad ni adapte sus opiniones a las necesidades de los poderosos.

Una prensa capaz de entrar en las fábricas, escuelas, hospitales y centros de trabajo; explicar una huelga desde la voz de quienes la realizan; denunciar la precarización, defender los servicios públicos y relacionar las luchas de México con las de los trabajadores del resto del mundo.

Ese es el papel que aspiramos a cumplir desde Tribuna de los Trabajadores.

Porque la prensa obrera no sirve solamente para informar. Sirve para discutir, educar y organizar.

Frente a quienes disponen de enormes cantidades de dinero para fabricar opiniones, los trabajadores tenemos otra fuerza: nuestra organización colectiva.

Y si queremos construir una política verdaderamente independiente de la clase trabajadora, necesitamos también construir y sostener una prensa propia, financiada, distribuida y defendida por los propios trabajadores.