Los audios filtrados de conversaciones atribuidas a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, no pueden reducirse a una pelea entre grupos de Morena ni convertirse en munición electoral para el PAN. Está en juego la soberanía nacional, el manejo de información de seguridad y el uso de las instituciones para proteger intereses particulares.

La gobernadora reconoció que su voz aparece en las grabaciones, aunque afirma que fue víctima de una trampa y que nunca entregó información. En las conversaciones se habla de contactos con supuestos representantes del FBI, Seguridad Nacional y el Departamento de Estado; también de compartir información conocida en mesas de seguridad y recibir ayuda frente a problemas migratorios o posibles acusaciones en Estados Unidos.

No existe prueba pública de que esa entrega se consumara. Pero si se comprobara que una gobernadora ofreció información obtenida por su cargo a una potencia extranjera para resolver intereses personales, estaríamos ante un acto gravísimo de subordinación y una posible entrega de información de seguridad nacional.

Estados Unidos no es un aliado del pueblo mexicano. Sus agencias defienden los intereses económicos, políticos y militares del imperialismo. Washington utiliza visas, sanciones, expedientes y amenazas para presionar a gobiernos y funcionarios. Por eso rechazamos cualquier injerencia estadounidense.

Defender la soberanía tampoco significa encubrir a gobernantes mexicanos. No aceptamos la falsa elección entre someternos a Washington o guardar silencio ante funcionarios de Morena. Exigimos una investigación independiente y pública que determine la autenticidad y el contexto de las grabaciones, identifique a los interlocutores y esclarezca si existieron otras comunicaciones o compromisos.

Ni Washington puede decidir el destino político de México ni el gobierno federal puede invocar la soberanía para garantizar impunidad.

El PAN tampoco puede presentarse como alternativa. En Chihuahua, durante el gobierno de Maru Campos, agentes de la CIA participaron en un operativo antidrogas junto con autoridades estatales. Dos murieron después en un accidente. El gabinete federal informó que no tenían acreditación formal y que las autoridades federales desconocían su presencia. Campos negó haber autorizado o conocido esa intervención, pero defendió que Chihuahua necesita “forzosamente” la colaboración estadounidense. El alcance de esa coordinación, quién la autorizó y en cuántas operaciones participaron agentes extranjeros todavía no se ha esclarecido.

¿Cómo puede el PAN presentarse como defensor de la soberanía cuando su gobernadora no ha explicado la presencia de agentes de la CIA en territorio nacional? ¿Cómo puede proclamarse alternativa cuando durante sus gobiernos federales, especialmente bajo Felipe Calderón, se profundizó la subordinación de la seguridad mexicana a las agencias estadounidenses mediante la Iniciativa Mérida y el intercambio de inteligencia? Aquella iniciativa fue presentada oficialmente como un nivel “nuevo e intensificado” de cooperación bilateral, mientras la CIA establecía mecanismos conjuntos de inteligencia con instituciones mexicanas.

El encarcelamiento del exgobernador Ernesto Ruffo Appel, confirma que los antiguos gobernantes panistas tampoco pueden presentarse como víctimas inocentes. Sus gobiernos dejaron en Baja California una herencia de privatización, corrupción, violencia y penetración del crimen organizado en las instituciones.

La trayectoria de Carlos Torres, exesposo de Marina del Pilar y antiguo cuadro panista que después se incorporó al entorno de Morena, muestra la continuidad entre ambos aparatos. Cambian los partidos, pero permanecen funcionarios, intereses empresariales y redes de poder.

Morena pide cerrar filas alrededor de sus gobernantes. El PAN quiere regresar ocultando sus responsabilidades. Los demás partidos negocian candidaturas y posiciones. Ninguno representa los intereses de la clase trabajadora.

En las próximas elecciones de Baja California no se perfila ningún candidato que defienda consecuentemente la soberanía nacional, los derechos laborales, los salarios, los servicios públicos y la lucha contra la violencia y las desapariciones.

Debemos abrir desde ahora una discusión entre trabajadores, sindicalistas democráticos, jóvenes, colectivos de búsqueda, organizaciones populares y activistas. Es necesario avanzar hacia candidaturas independientes de los partidos del régimen, surgidas de las luchas y sostenidas por un programa de clase: ruptura con la subordinación a Estados Unidos, investigación de las redes ligadas al crimen organizado, defensa de los sindicatos, aumento salarial, vivienda, servicios públicos y justicia para las familias de las personas desaparecidas.

No necesitamos cambiar a un administrador por otro. Necesitamos construir una representación política propia de los trabajadores.

Ni injerencia imperialista ni encubrimiento gubernamental. Sólo la organización independiente de la clase trabajadora podrá defender la soberanía, terminar con la impunidad y abrir una salida para Baja California.