El 18 de agosto, el Parlamento de Nueva Zelanda aprobó, por 67 votos contra 53, una ley que prohíbe emprender acciones judiciales contra las empresas que contribuyen al calentamiento global.

La iniciativa fue impulsada por el gobierno de derecha del primer ministro Christopher Luxon, antiguo director general de Air New Zealand. Constituye una respuesta a los procedimientos civiles emprendidos por el activista maorí Mike Smith, quien acusó a seis grandes empresas del país de perjudicar al medio ambiente mediante su contribución al calentamiento climático.

En el preámbulo de la ley, el gobierno expresa su preocupación porque «este litigio pueda llevar a la conclusión de que causar o contribuir a las emisiones de gases de efecto invernadero pueda dar lugar a una condena».

Esto suena como una confesión: las empresas y los capitalistas son efectivamente responsables de la destrucción del medio ambiente. Pero, según el gobierno, esa responsabilidad no debería, sobre todo, ser objeto de condena.

Peor aún, la ley tiene carácter retroactivo: se aplica expresamente a los procedimientos judiciales actualmente en curso y, en primer lugar, a los emprendidos por Mike Smith, que quedan por tanto inmediatamente detenidos.

Sin embargo, estos procesos tenían pocas posibilidades de prosperar, explica Radio New Zealand (RNZ):

«En un procedimiento civil, todo gira en torno al daño privado. Por tanto, la pregunta es: “¿Qué daños le han causado [a Smith] las emisiones de gases de efecto invernadero [de las empresas]?” Smith planteó el problema de la erosión de las costas […], pero sería difícil identificar un daño que le afectara específicamente a él».

Poco importa: para el gobierno era necesario «impedir que los litigios civiles sobrepasen la política climática del Estado y socaven la confianza en las empresas».

Ya en 2024, RNZ señalaba que ONG y grupos de activistas de otros países veían en los procedimientos iniciados por Smith una fuente de inspiración para emprender, a su vez, demandas similares.

Pero el texto aprobado en Wellington proporciona ahora a los gobiernos un manual sobre cómo responder a este tipo de iniciativas.

Porque, en última instancia, para ellos sólo cuentan los intereses de los capitalistas y sus ganancias.

Por eso son incapaces de adoptar por sí mismos la más mínima medida para proteger al medio ambiente y a la población.

El fracaso del gobierno neozelandés, al igual que el del gobierno francés frente a los bosques y pueblos reducidos a cenizas, constituye una muestra más de ello.

La única fuerza social capaz de imponer medidas de este tipo son los trabajadores. ■

Florian Vaneste

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«La producción capitalista no desarrolla, por tanto, la técnica (…) sino agotando al mismo tiempo las dos fuentes de las que brota toda riqueza: la tierra y el trabajador».

Karl Marx, El Capital, Libro I.