Por la redacción de Tribuna de los Trabajadores

La muerte de mexicanos durante operativos o bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) exige mucho más que notas diplomáticas. Exige justicia, protección efectiva para nuestros connacionales y, sobre todo, fortalecer la movilización de los trabajadores y las comunidades que en Estados Unidos están enfrentando la ofensiva antiinmigrante del gobierno de Donald Trump.

Este 19 de agosto, el gobierno mexicano informó que ha presentado 20 denuncias ante fiscalías estatales y de distrito de ocho estados de Estados Unidos por la muerte de 17 mexicanos en operativos o bajo custodia del ICE desde 2025. Los procedimientos buscan establecer posibles responsabilidades penales y se han presentado en Arizona, California, Florida, Georgia, Illinois, Luisiana, Missouri y Texas.

Es correcto que el Estado mexicano exija investigaciones. Pero los acontecimientos muestran que la protección de los migrantes no puede limitarse a la vía consular y jurídica.

Trump convirtió la migración en enemigo interno

La política de Donald Trump busca presentar al trabajador migrante como responsable de problemas que no creó: salarios insuficientes, vivienda cara, deterioro de los servicios públicos, desempleo y precarización.

Los culpables no son quienes cruzan una frontera buscando trabajo. Son las políticas que permiten a los grandes empresarios acumular enormes ganancias mientras millones de trabajadores —migrantes y nacidos en Estados Unidos— viven bajo condiciones cada vez más difíciles.

En ese contexto, el ICE se ha convertido en el brazo operativo de una política de detenciones masivas, deportaciones y persecución de comunidades enteras.

En Minneapolis y St. Paul, por ejemplo, más de 2 mil agentes federales participaron a comienzos de 2026 en la llamada Operation Metro Surge. Agentes con equipo táctico recorrieron barrios en vehículos sin identificación mientras vecinos organizaban redes de vigilancia. Las protestas fueron enfrentadas con gases lacrimógenos, granadas aturdidoras y otras medidas represivas.

Al mismo tiempo, organizaciones de derechos civiles han denunciado graves problemas en los centros de detención. La ACLU documentó durante 2026 un aumento de las muertes bajo custodia y deficiencias en la atención médica, mientras la administración Trump impulsaba una ampliación masiva de la capacidad de detención.

No estamos, por tanto, ante simples “excesos” individuales. Estamos ante las consecuencias de una política que coloca a millones de personas bajo permanente amenaza.

“ICE out”: la resistencia está en las calles

Pero existe otra cara de esta historia: la resistencia de los propios trabajadores, jóvenes y comunidades estadounidenses.

Durante los últimos meses, miles han salido a las calles bajo consignas que se han extendido por numerosas ciudades:

“ICE out!” — ¡Fuera ICE!

“Abolish ICE!” — ¡Abolir el ICE!

“No human being is illegal” — Ningún ser humano es ilegal.

En Minneapolis, manifestantes recibieron a los convoyes federales gritando “Go home!” e “ICE out!”. En Los Ángeles, miles marcharon hasta el centro federal de detención y corearon “ICE out of LA”. Estudiantes universitarios han realizado paros y movilizaciones levantando las consignas “Abolish ICE” y “No human being is illegal”.

El 30 de enero se produjo incluso una jornada nacional bajo la fórmula “No work, no school, no shopping”: no trabajar, no asistir a clases y no comprar. Negocios cerraron, estudiantes abandonaron las aulas y miles participaron en protestas contra las políticas migratorias de Trump.

Ahí existe una enorme enseñanza.

La defensa de los mexicanos migrantes no es una lucha de México contra el pueblo estadounidense. Es una lucha común de trabajadores mexicanos, latinos, afroamericanos, blancos, asiáticos y de todas las nacionalidades contra una política que utiliza el racismo y la xenofobia para dividir a quienes viven de su trabajo.

Una lucha binacional

Los trabajadores mexicanos en Estados Unidos no deben enfrentar solos al ICE.

Los sindicatos y organizaciones populares de México deben establecer vínculos permanentes con sindicatos, organizaciones de migrantes, colectivos de derechos civiles, estudiantes y movimientos que enfrentan las redadas en Estados Unidos.

Hay que impulsar acciones coordinadas a ambos lados de la frontera, exigir investigaciones independientes sobre cada muerte, garantizar asistencia jurídica y consular efectiva, defender a las familias amenazadas por las deportaciones y reclamar el respeto irrestricto de los derechos humanos y laborales de todos los migrantes.

Los sindicatos estadounidenses tienen además una responsabilidad fundamental. Los migrantes trabajan en la construcción, agricultura, restaurantes, hoteles, limpieza, industria, transporte y numerosos sectores esenciales. Defenderlos significa defender también salarios, derechos sindicales y condiciones laborales para todos.

Cuando un trabajador puede ser detenido camino al empleo por su origen o condición migratoria, toda la clase trabajadora es más vulnerable.

Las 20 denuncias presentadas por México son un paso necesario. Pero la garantía más poderosa para nuestros connacionales será la organización independiente y la movilización conjunta de los pueblos y los trabajadores.

Frente a Trump y frente al ICE, la respuesta debe atravesar la frontera:

¡Alto a las redadas y deportaciones!

¡Justicia para los migrantes muertos bajo custodia o durante operativos!

¡Fuera ICE de las comunidades y centros de trabajo!

¡Ningún ser humano es ilegal!

¡Trabajadores de México y Estados Unidos: una sola lucha!

Porque la frontera puede dividir Estados, pero no debe dividir a la clase trabajadora.