Del acercamiento con Washington a la reapertura con Israel

Los acontecimientos de los últimos meses confirman un profundo viraje político en Venezuela. Después de la intervención militar estadounidense de enero y la captura de Nicolás Maduro, el gobierno encabezado interinamente por Delcy Rodríguez profundiza sus acuerdos con Washington y comienza a reconstruir relaciones con el Estado de Israel.

No estamos ante simples gestos diplomáticos. Está en juego el futuro de Venezuela, de su petróleo y sus recursos naturales y de importantes conquistas obtenidas por las masas durante el proceso abierto por la Revolución Bolivariana.

El propio Departamento de Estado estadounidense ha presentado las conversaciones entre el gobierno interino y sectores de la oposición como parte de un proceso de “estabilización”, recuperación económica, reconciliación política y transición. Estados Unidos no actúa, por tanto, como observador neutral: pretende determinar la orientación política y económica del país.

Paralelamente, Delcy Rodríguez ha recibido delegaciones estadounidenses para discutir petróleo, inversiones, finanzas y seguridad. Washington pasó así del bombardeo y la intervención militar a la negociación directa con el nuevo gobierno.

Pero el objetivo estratégico permanece: subordinar Venezuela a los intereses económicos y geopolíticos del imperialismo estadounidense.

El petróleo venezolano bajo tutela estadounidense

Los nuevos acuerdos petroleros muestran con especial claridad la profundidad de este viraje.

Desde enero se estableció un mecanismo mediante el cual Estados Unidos participa directamente en la comercialización del petróleo venezolano. Los ingresos de las primeras ventas fueron depositados inicialmente en una cuenta en Qatar. Marco Rubio reconoció ante el Senado estadounidense que, aunque formalmente pertenecía a Venezuela, Washington controlaba la liberación del dinero y establecía condiciones sobre su utilización. Posteriormente, el secretario de Energía, Chris Wright, informó que los nuevos ingresos pasarían por una cuenta del Tesoro estadounidense a nombre de PDVSA. Legisladores estadounidenses han cuestionado incluso la falta de transparencia y las bases legales de este mecanismo.

Esto significa un hecho extremadamente grave desde el punto de vista de la soberanía nacional: los ingresos obtenidos mediante la venta de una riqueza perteneciente al pueblo venezolano quedan sujetos a mecanismos de supervisión y autorización establecidos por el gobierno estadounidense.

Al mismo tiempo, Estados Unidos se ha convertido nuevamente en el principal mercado del crudo venezolano. Sólo entre enero y agosto, el acuerdo de comercialización negociado después de la intervención permitió exportar más de 135 millones de barriles de petróleo y combustibles hacia Estados Unidos, Europa, India y el Caribe, aproximadamente la mitad de todas las exportaciones petroleras venezolanas durante ese periodo. En agosto Venezuela exportaba alrededor de 1.17 millones de barriles diarios y Estados Unidos continuaba siendo su principal mercado.

Pero el acuerdo anunciado a finales de agosto va mucho más lejos.

Donald Trump afirmó que Estados Unidos había conseguido el control mayoritario sobre más de 65 mil millones de barriles de reservas venezolanas, aproximadamente una quinta parte de las reservas probadas del país, mediante el desarrollo de 17 campos petroleros. Reuters señala que el acuerdo contempla que la Oficina de Capital Estratégico del Pentágono posea un 35% de North American Blue Energy Partners (NABEP) y que el Departamento de Estado estadounidense tenga derecho a adquirir 20% de la producción de esa empresa a precio de costo y acceso preferencial al 80% restante.

Por tanto, no se trata simplemente de atraer capital extranjero para aumentar la producción. Washington obtiene acceso privilegiado a enormes reservas, petróleo a condiciones preferenciales y una intervención directa en los mecanismos financieros por los que circula la renta petrolera venezolana.

Son condiciones que recuerdan precisamente aquellas relaciones de dependencia contra las que la Revolución Bolivariana proclamó recuperar la soberanía petrolera.

“De nada sirve” el petróleo bajo tierra

Frente a las críticas, Delcy Rodríguez ha defendido los acuerdos argumentando que Venezuela conserva formalmente la propiedad de sus hidrocarburos y necesita inversiones, tecnología e infraestructura para incrementar la producción.

Rodríguez sostiene que los proyectos tendrán una duración de 25 años, que podrían movilizar inversiones superiores a 100 mil millones de dólares y que generarían para Venezuela más de 209 mil millones de dólares en ingresos fiscales. Según sus cálculos, por cada barril producido alrededor de 19 dólares quedarían en Venezuela.

Su argumento político quedó resumido en una frase:

“De nada nos sirve tener las mayores reservas petroleras del mundo bajo tierra”.

El problema, sin embargo, está mal planteado.

Nadie puede sostener seriamente que Venezuela deba conservar indefinidamente su petróleo bajo tierra mientras su población enfrenta necesidades económicas y sociales enormes. La cuestión decisiva es otra: ¿quién explota esas reservas, quién controla la producción, quién fija las condiciones de comercialización y quién se apropia de la riqueza producida?

El petróleo bajo tierra no mejora por sí mismo las condiciones de vida del pueblo venezolano. Pero tampoco lo hará una explotación sometida a las necesidades energéticas de Estados Unidos, a empresas privadas y a mecanismos financieros supervisados desde Washington.

Existe una diferencia fundamental entre utilizar los recursos naturales para financiar el desarrollo soberano del país y entregar derechos preferenciales sobre esos recursos a la potencia que pocos meses antes intervino militarmente en Venezuela.

Precisamente una de las conquistas históricas asociadas a Chávez fue defender que el petróleo debía servir para financiar las necesidades sociales del pueblo venezolano y fortalecer la soberanía nacional.

Por eso resulta profundamente contradictorio reivindicar la Revolución Bolivariana mientras se acepta que Washington desempeñe un papel creciente en la comercialización del petróleo, tenga acceso privilegiado a enormes reservas y supervise los circuitos mediante los cuales se distribuye una parte de sus ingresos.

Defender Venezuela no significa apoyar a Delcy Rodríguez

Frente a esta situación debemos partir de una posición inequívoca: rechazamos toda injerencia de Estados Unidos y defendemos el derecho del pueblo venezolano a decidir soberanamente su futuro.

Pero esa posición no significa otorgar confianza política al gobierno de Delcy Rodríguez.

Trotsky explicó precisamente este problema al analizar las relaciones entre los países imperialistas y las naciones oprimidas. Frente a la presión imperialista sobre México después de la expropiación petrolera de 1938, defendió la medida adoptada por el gobierno de Lázaro Cárdenas sin identificar el programa de los revolucionarios con el del gobierno mexicano. Combatir al imperialismo exigía conservar simultáneamente la completa independencia política de la clase trabajadora.

Ese método conserva toda su vigencia.

Defendemos las conquistas obtenidas bajo la Revolución Bolivariana: el control estatal de sectores estratégicos, los programas sociales, la ampliación del acceso a educación y salud y, sobre todo, el intento de recuperar soberanía frente al dominio histórico de las multinacionales estadounidenses.

Defender esas conquistas no significa ocultar los límites, errores y contradicciones del chavismo ni apoyar a la burocracia gubernamental. Significa impedir que sean destruidas por el imperialismo, las multinacionales y la burguesía venezolana.

Una ruptura histórica con Chávez: abrir nuevamente las puertas a Israel

El acercamiento con Washington tiene otra expresión particularmente grave.

El 11 de agosto, los gobiernos venezolano e israelí anunciaron la continuidad de la “cooperación técnica bilateral” y la creación de un mecanismo para restablecer servicios consulares. El acuerdo llegó después de la entrada en Venezuela de una delegación israelí que incluía representantes oficiales.

La medida representa una ruptura evidente con una de las posiciones internacionales más emblemáticas de Hugo Chávez.

En enero de 2009, ante los bombardeos israelíes contra Gaza, Chávez expulsó al embajador israelí y posteriormente Venezuela rompió relaciones diplomáticas con Israel. El gobierno venezolano denunció entonces las agresiones contra el pueblo palestino.

La contradicción difícilmente podría ser mayor.

El gobierno que reivindica la continuidad de la Revolución Bolivariana reconstruye vínculos con el mismo Estado con el que Chávez rompió relaciones por la masacre del pueblo palestino.

Y lo hace cuando la situación palestina ha alcanzado dimensiones todavía más dramáticas.

La ayuda recibida después de los terremotos no obliga al pueblo venezolano a aceptar la normalización política del Estado israelí. Mucho menos justifica convertir una tragedia humanitaria en un puente para modificar una posición antiimperialista mantenida durante diecisiete años.

Esto nada tiene que ver con hostilidad hacia la comunidad judía venezolana, cuyos derechos deben defenderse plenamente. Nuestra oposición es al Estado de Israel, a la ocupación y a la política desarrollada contra el pueblo palestino.

Ni tutela estadounidense ni restauración oligárquica

La Revolución Bolivariana despertó enormes esperanzas entre los trabajadores y los pueblos de América Latina porque desafió al imperialismo estadounidense y planteó que el petróleo venezolano debía servir para atender las necesidades de la población y no exclusivamente para enriquecer a las multinacionales y a la oligarquía.

Hoy esas conquistas están amenazadas desde dos direcciones.

Por un lado, Washington pretende utilizar su superioridad militar, financiera y tecnológica para controlar crecientemente la explotación y comercialización del petróleo venezolano.

Por otro, sectores del propio aparato gubernamental presentan esa apertura como la única vía posible para reconstruir la economía.

Rechazamos esa falsa alternativa.

Venezuela necesita inversiones, tecnología y reconstruir su industria petrolera. Pero esos recursos deben estar subordinados a un plan soberano de desarrollo decidido por los trabajadores y el pueblo venezolano, no a las necesidades energéticas y geopolíticas de Estados Unidos.

La salida no puede ser volver a colocar el petróleo, las minas y las empresas públicas bajo el dominio del capital extranjero. Tampoco puede ser una “transición” diseñada desde Washington ni un acuerdo entre las élites gubernamentales y la oposición burguesa.

Desde una perspectiva trotskista nuestra posición es clara: ¡Fuera las manos del imperialismo estadounidense de Venezuela! ¡No a la entrega del petróleo y los recursos naturales a las multinacionales! ¡No al control estadounidense sobre los ingresos petroleros venezolanos! ¡Defensa de la propiedad pública y de las conquistas sociales de la Revolución Bolivariana bajo control de los trabajadores! ¡No al restablecimiento de relaciones con el Estado de Israel! ¡Solidaridad con el pueblo palestino!

Y, al mismo tiempo, defendemos la plena independencia política de los trabajadores venezolanos frente al gobierno de Delcy Rodríguez, la burocracia estatal y la oposición burguesa.

La verdadera defensa de Venezuela no se decide en Washington ni mediante acuerdos con Trump. Está en la organización independiente de los trabajadores, los jóvenes y los sectores populares para defender la soberanía nacional, preservar las conquistas revolucionarias y avanzar hacia un gobierno de los trabajadores capaz de llevar hasta el final las tareas antiimperialistas y socialistas que la Revolución Bolivariana dejó inconclusas.