La lucha contra el narcotráfico vuelve a utilizarse como argumento para extender la intervención militar estadounidense en América Latina

El gobierno derechista de Abelardo de la Espriella acaba de dar un peligroso paso para la soberanía de Colombia y de toda América Latina.

El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, anunció el 12 de agosto que el recién instalado gobierno colombiano solicitó la colaboración de Estados Unidos y autorizó operaciones militares conjuntas en territorio colombiano para combatir a las organizaciones que Washington califica como “narcoterroristas”. El gobierno colombiano no había hecho públicos todavía todos los términos concretos del acuerdo cuando Washington realizó el anuncio.

Reuters informó además que Hegseth confirmó que se había discutido la posibilidad de ataques conjuntos contra organizaciones armadas colombianas, entre ellas el ELN y disidencias de las antiguas FARC. Washington pretende tratar a determinadas organizaciones vinculadas al narcotráfico bajo la lógica militar aplicada a organizaciones terroristas.

Estamos, por tanto, ante mucho más que intercambio de información policial.

Estamos ante la posibilidad de que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos participen directamente en acciones militares dentro de Colombia.

El regreso abierto de la Doctrina Monroe

Washington ni siquiera intenta esconder la dimensión continental de su política.

Colombia acaba de incorporarse como miembro número 19 de la Americas Counter Cartel Coalition (A3C), también denominada “Shield of the Americas”, una coalición encabezada por Estados Unidos. El Comando Sur informa que los gobiernos participantes están definiendo campañas, responsabilidades regionales y países encargados de dirigir operaciones contra determinadas redes.

Más significativo todavía: el propio Hegseth presentó esta estrategia como parte de un nuevo corolario de Trump a la Doctrina Monroe. El Comando Sur recuerda abiertamente el antecedente de Theodore Roosevelt, quien convirtió la Doctrina Monroe en justificación para las intervenciones estadounidenses en América Latina.

No se trata, entonces, solamente de combatir drogas.

Washington pretende reconstruir una arquitectura militar continental subordinada a sus intereses estratégicos.

El propio Comando Sur habla de combatir no solamente a los cárteles, sino también la supuesta “influencia extranjera maligna”, proteger espacios estratégicos como el Canal de Panamá y ampliar el entrenamiento conjunto de fuerzas latinoamericanas con Estados Unidos. Colombia incluso se ofreció para convertirse en centro o sede regional de la nueva coalición.

Colombia como cabeza de puente

De la Espriella está entregando a Washington una oportunidad extraordinaria para profundizar esta política.

Colombia posee unas Fuerzas Armadas enormes y décadas de relaciones militares con Estados Unidos. Ahora ese aparato puede convertirse nuevamente en una pieza central de la estrategia estadounidense para América Latina.

No olvidemos las consecuencias históricas de políticas anteriores como el Plan Colombia: fortalecimiento de los aparatos militares, enorme influencia estadounidense y subordinación de la política de seguridad nacional a la denominada “guerra contra las drogas”.

Hoy esta política adquiere una dimensión todavía más peligrosa porque Washington ya no habla solamente de asesores, entrenamiento o inteligencia: habla abiertamente de operaciones militares y ataques.

La presión apunta también hacia México

Esta decisión no afecta únicamente al pueblo colombiano.

Crea un precedente político que Washington puede utilizar para aumentar sus exigencias sobre otros países latinoamericanos, especialmente México.

Donald Trump ha planteado repetidamente la posibilidad de utilizar fuerzas estadounidenses contra los cárteles dentro del territorio mexicano. Claudia Sheinbaum ha rechazado esas ofertas y ha insistido en que puede existir cooperación e intercambio de inteligencia, pero no intervención militar estadounidense en México. En enero volvió a descartar personalmente ante Trump el ingreso de fuerzas estadounidenses.

En noviembre de 2025, México también rechazó explícitamente la posibilidad de ataques militares estadounidenses contra los cárteles en territorio nacional.

La decisión de De la Espriella fortalece la presión de Washington: Estados Unidos puede presentar ahora a Colombia como ejemplo de la “cooperación” que espera del resto del continente.

Si Colombia permite operaciones conjuntas, ¿por qué México no?

Ésa será inevitablemente una de las armas políticas de presión.

Por eso defender la soberanía colombiana es también defender la soberanía mexicana y latinoamericana.

El narcotráfico no se resolverá con tropas estadounidenses

Rechazar la intervención de Estados Unidos no significa negar la devastación provocada por el narcotráfico.

Los cárteles asesinan, extorsionan, desplazan comunidades y reclutan a miles de jóvenes. Pero décadas de militarización han demostrado que no existe una solución exclusivamente militar para un fenómeno alimentado por un gigantesco mercado estadounidense de drogas, el tráfico de armas desde Estados Unidos, el lavado internacional de dinero, la pobreza y la descomposición social.

Entregar mayores facultades al ejército estadounidense no resolverá esas causas.

Fortalecerá, en cambio, la capacidad de Washington para intervenir en las decisiones internas de nuestros países.

La respuesta de los trabajadores y pueblos latinoamericanos debe ser independiente tanto de los cárteles como del imperialismo.

¡No a tropas ni ataques estadounidenses en Colombia!

¡Respeto irrestricto a la soberanía de los pueblos latinoamericanos!

¡México debe mantener su rechazo a cualquier operación militar estadounidense en territorio nacional!

¡Fuera la política intervencionista de Estados Unidos de América Latina!

¡Unidad de los trabajadores y los pueblos contra el narcotráfico, la militarización y el imperialismo!