El 11 de septiembre de 1973, las Fuerzas Armadas chilenas derrocaron al gobierno de Salvador Allende. Los aviones Hawker Hunter bombardearon el Palacio de La Moneda y comenzó una dictadura que durante diecisiete años asesinó, hizo desaparecer, encarceló, torturó y obligó al exilio a miles de trabajadores, sindicalistas, jóvenes y militantes políticos.

Cincuenta y tres años después, aquel acontecimiento no pertenece solamente a los libros de historia. Este 11 de septiembre de 2026, Chile vuelve a estar gobernado por José Antonio Kast, representante de una derecha radical que durante décadas reivindicó o relativizó aspectos de la dictadura de Augusto Pinochet. Por primera vez desde el retorno del régimen democrático, el gobierno decidió no realizar una ceremonia oficial de conmemoración del golpe.

La situación obliga a preguntarnos nuevamente: ¿cómo fue derrotada la Unidad Popular? ¿Qué papel desempeñó Estados Unidos? ¿Cuáles fueron los límites de su estrategia? ¿Y qué puede enseñarnos aquella experiencia cuando la extrema derecha vuelve a avanzar internacionalmente?

El golpe tuvo aliados fuera de Chile

Los documentos estadounidenses desclasificados terminaron con el mito de que el golpe fue exclusivamente una reacción interna ante la crisis chilena.

El gobierno de Richard Nixon y Henry Kissinger trabajó desde 1970 para impedir la consolidación del gobierno de Allende. Hubo operaciones clandestinas, contactos con sectores golpistas, financiamiento a organizaciones opositoras y medios de comunicación y presiones económicas contra Chile. Washington conocía además los preparativos militares inmediatamente anteriores al golpe.

Esto no significa que la CIA dirigiera cada movimiento realizado por Pinochet el 11 de septiembre. El golpe fue ejecutado por las Fuerzas Armadas chilenas y respaldado por sectores fundamentales de la burguesía nacional. Pero tampoco puede comprenderse sin la intervención del imperialismo estadounidense.

El problema para Washington no era solamente Allende. Era el peligro del ejemplo chileno.

La nacionalización del cobre, la reforma agraria, la ampliación del área estatal de la economía y una creciente movilización obrera podían mostrar a otros pueblos latinoamericanos que era posible cuestionar el dominio de las multinacionales y las oligarquías nacionales.

Chile podía convertirse en una referencia. Había que impedirlo.

La Unidad Popular y la movilización obrera

Pero denunciar la intervención estadounidense no basta para explicar la derrota.

La llegada de Allende al gobierno fue expresión de décadas de organización obrera y popular. La Unidad Popular nacionalizó el cobre, profundizó la reforma agraria, incorporó numerosas empresas al área social y mejoró inicialmente la distribución del ingreso.

Millones de trabajadores sintieron que podían transformar profundamente el país.

Y la movilización comenzó a ir más allá de las instituciones gubernamentales.

Durante el paro patronal de octubre de 1972, trabajadores ocuparon empresas, mantuvieron fábricas funcionando, organizaron el abastecimiento y comenzaron a coordinarse territorialmente.

Surgieron así los Cordones Industriales. Hacia septiembre de 1973 funcionaban alrededor de 31, ocho de ellos en Santiago.

Estos organismos demostraron algo fundamental: la clase trabajadora podía comenzar a organizar directamente funciones esenciales de la sociedad. Las empresas ocupadas producían, se organizaban transportes y abastecimientos y se establecía coordinación entre fábricas y barrios.

Desde una perspectiva trotskista, allí aparecía embrionariamente una situación de doble poder: frente a las instituciones tradicionales del Estado comenzaban a desarrollarse organismos surgidos directamente de la movilización obrera.

No eran todavía soviets ni constituían un poder nacional alternativo. Pero mostraban otra dirección posible.

Gobierno no significa poder

Aquí aparece el problema central del balance de la experiencia chilena. La estrategia predominante de la Unidad Popular planteaba que era posible avanzar hacia el socialismo utilizando las instituciones constitucionales existentes.

Allende conocía muchas de las contradicciones de ese camino. Sabía que no tenía mayoría parlamentaria y que importantes instituciones del Estado permanecían ligadas al orden capitalista. Sin embargo, continuó defendiendo una transición institucional basada en el respeto de aquella legalidad.

La contradicción fue particularmente grave frente a las Fuerzas Armadas.

Incluso después de la ofensiva patronal de 1972, continuó depositándose confianza en sectores supuestamente constitucionalistas del aparato militar.

La tragedia del 11 de septiembre demostraría el límite de esta política.

Para el marxismo revolucionario, conquistar el gobierno no equivale a conquistar el poder.

Un presidente puede ocupar La Moneda mientras los grandes propietarios conservan posiciones económicas fundamentales; los principales medios permanecen vinculados al capital; jueces y altos funcionarios defienden el antiguo orden y, fundamentalmente, el ejército conserva intactos su estructura, jerarquía y mando.

El balance de Pierre Lambert

Pocas semanas después del golpe, el camarada Pierre Lambert de la sección francesa de la IVa Internacional, presentó un balance posteriormente publicado como Chile y los problemas de la revolución proletaria.

Lambert reconocía el valor personal de Allende y defendía incondicionalmente a quienes sufrían la represión. Pero precisamente por la magnitud de la derrota consideraba indispensable discutir sus causas políticas.

Para Lambert, el problema fundamental había sido la política de frente popular: la subordinación de las organizaciones de la clase trabajadora a una alianza que aceptaba preservar las instituciones fundamentales del Estado burgués.

Mientras la movilización obrera avanzaba y comenzaba a crear organismos propios, la dirección de la Unidad Popular buscaba acuerdos y compromisos destinados a mantener el proceso dentro de los límites institucionales.

La experiencia de los Cordones planteaba objetivamente otra posibilidad, pero éstos nunca fueron centralizados en un organismo nacional capaz de disputar el poder. Tampoco existía una organización revolucionaria con suficiente implantación para ofrecer esa perspectiva.

Una de las lecciones era precisamente ésta: la combatividad y la espontaneidad de las masas no sustituyen la necesidad de una organización política independiente capaz de plantear el problema del poder.

La extrema derecha vuelve a organizarse

Las condiciones de 2026 son diferentes. No vivimos una repetición mecánica de 1973.

Pero la extrema derecha contemporánea tampoco puede comprenderse únicamente como la suma de fenómenos nacionales.

Existen hoy redes internacionales que intercambian dirigentes, estrategias electorales, discursos, especialistas en comunicación y programas económicos. Espacios como Foro Madrid y otros encuentros internacionales han contribuido a relacionar a dirigentes como Kast, Javier Milei, Vox y otras expresiones de la nueva derecha.

Existe además una importante infraestructura internacional de fundaciones y centros de pensamiento defensores del libre mercado. Atlas Network, con sede en Estados Unidos, informó que durante 2025 trabajó con centenares de organizaciones en más de cien países y distribuyó millones de dólares en subvenciones.

Es necesaria, sin embargo, una precisión. No puede afirmarse que todas esas organizaciones pertenezcan a la extrema derecha ni que Washington financie directamente a cada partido derechista latinoamericano.

Pero tampoco puede ignorarse la existencia de una poderosa red transnacional que financia formación, investigaciones, organizaciones y campañas relacionadas con programas de privatización, desregulación y disminución del papel económico del Estado.

A ello debe sumarse la política estatal estadounidense.

El imperialismo no desapareció

Sería ingenuo imaginar que el intervencionismo estadounidense terminó porque ya no adopta necesariamente los métodos utilizados contra Allende.

El imperialismo modifica sus instrumentos.

Estados Unidos continúa utilizando su poder militar, comercial, financiero y diplomático para defender sus intereses en América Latina. Las alianzas políticas, los acuerdos militares, las sanciones económicas, la presión financiera y la disputa por minerales, energía y mercados forman parte de esa política.

Las condiciones son distintas de 1973, pero permanece la desigualdad fundamental entre grandes potencias y países subordinados dentro del mercado mundial.

Sin embargo, sería igualmente equivocado explicar el crecimiento de la extrema derecha exclusivamente por el imperialismo.

Existen también condiciones políticas internas que facilitan su avance.

Y una de ellas es la frustración producida después de experiencias progresistas que llegan al gobierno despertando enormes expectativas y finalmente aceptan como inmodificables aspectos fundamentales del orden existente.

Boric y las expectativas frustradas

Gabriel Boric llegó al gobierno después de la gigantesca movilización social iniciada en Chile en 2019. Millones cuestionaron el sistema de pensiones, los bajos salarios, la mercantilización de los servicios públicos y otros elementos del modelo heredado de la dictadura. Las expectativas fueron enormes.

Sería falso decir que su gobierno no produjo reformas. Se aprobó la reducción progresiva de la jornada laboral de 45 a 40 horas, aumentó el salario mínimo, se ampliaron algunos derechos laborales y finalmente se alcanzó una reforma a las pensiones.

Son conquistas reales que deben ser defendidas.

Pero tampoco pueden ocultar el balance general. La reforma tributaria original fue derrotada, el proceso destinado a sustituir definitivamente la Constitución heredada de la dictadura terminó fracasando y distintas reformas fueron moderadas mediante negociaciones parlamentarias.

Buena parte de las expectativas abiertas en 2019 quedaron sin respuesta.

En diciembre de 2025, Kast obtuvo cerca del 58% de los votos frente a Jeannette Jara.

No puede afirmarse que Boric haya “producido” automáticamente a Kast. La extrema derecha posee sus propios intereses sociales, organizaciones, recursos y estrategia. También pesaron problemas reales como la inseguridad, la economía y la inmigración.

Pero ignorar el papel de la frustración política sería igualmente incorrecto.

Cuando millones se movilizan esperando cambios profundos y reciben reformas parciales, negociaciones interminables o promesas aplazadas, se abre un espacio que la derecha intenta ocupar.

La extrema derecha utiliza el descontento

El mecanismo puede observarse en varios países.

La crisis capitalista produce precariedad, inseguridad, salarios insuficientes, deterioro de servicios públicos y desconfianza en las instituciones.

Entonces aparece una derecha radical que pretende representar la rebelión contra “el sistema”.

Pero dirige el descontento no contra los grandes capitales, sino contra sindicatos, migrantes, movimientos sociales, las mujeres, la izquierda y derechos conquistados.

La privatización aparece como libertad. La destrucción de regulaciones laborales se presenta como modernización. El debilitamiento sindical se transforma en combate contra “privilegios”. El autoritarismo aparece como defensa del orden.

Así, una parte del descontento producido por el capitalismo puede terminar utilizada para fortalecer un programa todavía más favorable al gran capital.

El límite estratégico del progresismo

Aquí las experiencias actuales vuelven a encontrarse con la discusión planteada por Chile en 1973.

Los gobiernos progresistas suelen llegar prometiendo reformas importantes. Una vez instalados comienzan a explicar que determinadas transformaciones no pueden realizarse porque falta mayoría parlamentaria, reaccionarán los mercados, disminuirá la inversión o las instituciones bloquearán las medidas.

Cada concesión puede parecer razonable aisladamente.

El problema aparece cuando la concesión deja de ser táctica y se convierte en estrategia.

Entonces, quienes fueron elegidos para transformar el sistema terminan administrando sus límites.

Desde el punto de vista trotskista, esto no significa despreciar las reformas.

Una reducción de la jornada laboral, un aumento salarial, mejores pensiones o derechos sociales producen mejoras materiales y deben defenderse.

Pero ninguna reforma elimina por sí misma el poder económico y político de las clases propietarias.

Ni sectarismo ni subordinación

El balance chileno tampoco puede reducirse a afirmar que Allende simplemente “traicionó” a los trabajadores. Eso empobrecería la historia.

Allende murió defendiendo La Moneda. La Unidad Popular produjo transformaciones importantes. La burguesía conspiró. Estados Unidos intervino. Y la dictadura destruyó mediante la violencia las organizaciones obreras.

Pero precisamente por respeto a los derrotados debe discutirse la estrategia.

Desde la tradición marxista, que reivindicamos, la cuestión central continúa siendo la independencia política de la clase trabajadora.

Esto implica evitar dos errores.

El primero es el sectarismo: negarse a luchar junto con otros sectores obreros y populares contra la extrema derecha por existir diferencias políticas.

El segundo es transformar esa unidad de acción en subordinación permanente a partidos o sectores de la burguesía considerados “democráticos” o “progresistas”.

Es posible combatir conjuntamente a la extrema derecha sin abandonar un programa propio.

Es posible defender las reformas de un gobierno progresista sin identificar los intereses de los trabajadores con los de ese gobierno.

Y es posible enfrentar una ofensiva imperialista sin renunciar a la independencia política frente al gobierno que la sufre.

No basta con derrotar electoralmente a la derecha

Chile ofrece también otra advertencia.

Kast fue derrotado por Boric en 2021.

Cuatro años después regresó y ganó las elecciones.

Derrotar electoralmente a la extrema derecha no elimina las condiciones sociales que permiten su crecimiento.

Si permanecen la desigualdad, la precarización, la concentración de la riqueza y la frustración, la derecha puede regresar todavía más fuerte.

Por eso la discusión no puede reducirse a escoger el candidato que detendrá temporalmente a la reacción.

La cuestión fundamental es qué fuerza social puede transformar las condiciones que la alimentan.

La lección de Chile

El 11 de septiembre recordamos a Salvador Allende, a los trabajadores de los Cordones Industriales, a los militantes asesinados, torturados y desaparecidos y a quienes resistieron la dictadura.

Pero la memoria obrera no puede convertirse simplemente en ceremonia.

Debe convertirse en experiencia política.

Chile demuestra el peligro del imperialismo y hasta dónde puede llegar una clase dominante cuando siente amenazados sus privilegios. Demuestra también que las instituciones del Estado no son instrumentos neutrales situados por encima del conflicto social.

Pero demuestra igualmente la capacidad de los trabajadores para organizarse directamente y construir organismos propios cuando entran en movimiento.

A 53 años del golpe, la extrema derecha se organiza internacionalmente y Estados Unidos continúa defendiendo agresivamente sus intereses en América Latina. Al mismo tiempo, las experiencias progresistas muestran los límites de intentar realizar transformaciones profundas sin cuestionar las estructuras fundamentales del poder económico.

Desde la tradición política de Trotsky y Pierre Lambert, la conclusión continúa siendo la necesidad de una fuerza política independiente de los trabajadores: capaz de combatir junto con todos quienes enfrenten a la extrema derecha y al imperialismo, pero sin subordinarse a ninguna fracción de la burguesía.

Una fuerza que defienda cada conquista y cada reforma sin convertirlas en horizonte final; que vincule salarios, pensiones, vivienda, salud, educación y trabajo con la cuestión fundamental de la propiedad y del poder.

Porque el problema planteado dramáticamente en Chile en 1973 continúa abierto:

no basta con llegar al gobierno si el poder económico permanece en otras manos.

Ésa sigue siendo una de las grandes lecciones del 11 de septiembre para las nuevas generaciones de trabajadores.