El 19 de agosto de 2026 quedará grabado como un día oscuro de violencia institucional en la Patagonia. Durante un operativo realizado al amanecer, el Grupo de Operaciones Especiales de la Policía de Neuquén y la Gendarmería expulsaron de sus tierras a la comunidad indígena mapuche de Quintriqueo.

Este atropello judicial, ordenado por el juez Francisco Astoul Bonorino, sólo sirve a los intereses de la especuladora inmobiliaria María Cristina Broers, de origen belga, y de grupos económicos locales. El objetivo es claro: transformar 625 hectáreas de bosques y fuentes de agua en fraccionamientos de lujo y complejos turísticos de alta gama.

Frente a la voracidad empresarial, la legitimidad de los indígenas mapuches es incontestable. El propio Estado argentino, a través del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, reconoció oficialmente en 2023 la «ocupación actual, tradicional y pública» de familias que habitan, mantienen y defienden estas tierras desde finales del siglo XIX. Allí garantizan su subsistencia mediante la ganadería y preservan lugares funerarios sagrados de sus antepasados.

Esta intervención violenta no constituye un hecho aislado. Forma parte de la brutal ofensiva extractivista del gobierno de Javier Milei, que busca favorecer la apropiación extranjera y malvender los bienes de la nación.

Aunque el Congreso Nacional rechazó el 6 de agosto las reformas propuestas por el gobierno —destinadas a facilitar los desalojos y entregar tierras a multinacionales—, la alianza de clase entre el Poder Judicial, el gobierno federal y el gobernador de Neuquén utiliza la fuerza represiva para garantizar las ganancias de los grandes propietarios de tierras y de los magnates extranjeros.

La comunidad mapuche Melo, también amenazada, se encuentra en estado de alerta y resistencia, protegida por una amplia campaña de solidaridad popular que ha logrado detener temporalmente el desalojo.

La defensa de la tierra es una causa común. Frente al programa de la «motosierra» de Milei, es urgente unir estas luchas con las de los trabajadores, los desempleados, los jubilados y la juventud, todos víctimas de los planes dictados por el FMI y aplicados por el gobierno de Javier Milei.

■ Desde la Patagonia: Ricardo Sonny Martinez, escritor y periodista, firmante del llamado al mitin internacional del 8 de noviembre en París.

* Los mapuches son un pueblo indígena integrado por alrededor de dos millones de personas en Argentina y Chile.