El gobierno mantiene programas sociales y aumenta recursos en áreas como salud y educación, pero el proyecto presupuestal revela una contradicción fundamental: mientras millones de trabajadores dependen de servicios públicos insuficientes y salarios que no alcanzan, 1.575 billones de pesos se destinarán al costo financiero de la deuda. El problema no es que el Estado gaste demasiado en los trabajadores, sino que la riqueza producida en México continúa sin estar plenamente al servicio de quienes la producen.

El 8 de septiembre el gobierno de Claudia Sheinbaum entregó al Congreso de la Unión el Paquete Económico para 2027. Se trata todavía de una propuesta que deberá discutirse y modificarse antes de convertirse en el Presupuesto de Egresos definitivo. Sin embargo, los documentos presentados por Hacienda permiten observar con claridad las prioridades y, sobre todo, las contradicciones de la política económica del gobierno.

El Proyecto de Presupuesto plantea un gasto neto total de 10.636 billones de pesos. Los ingresos presupuestarios serían de 9.157 billones, mientras que la recaudación tributaria alcanzaría 6.264 billones de pesos, un nuevo máximo equivalente a 15.9% del Producto Interno Bruto. El gobierno espera además que la economía crezca entre 1.5 y 2.5% en 2027, por debajo del rango de 1.9 a 2.9% que Hacienda había calculado apenas en abril.

Estamos, por tanto, frente a un presupuesto elaborado en condiciones de crecimiento económico moderado, fuertes obligaciones financieras y una política gubernamental que pretende simultáneamente mantener los programas sociales, aumentar determinados gastos públicos y avanzar en la llamada “consolidación fiscal”.

Ahí está la primera gran contradicción.

No es un presupuesto de recortes generalizados

Sería equivocado afirmar que el proyecto significa simplemente un regreso a la austeridad neoliberal de otros gobiernos. El Paquete 2027 conserva una parte importante de los programas sociales impulsados durante los últimos años y plantea aumentos en determinadas áreas de gasto público.

Los programas sociales considerados prioritarios recibirían alrededor de 1.025 billones de pesos. De esa cantidad, más de 543 mil millones corresponderían a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y alrededor de 190 mil millones a las becas Benito Juárez. Hacienda plantea destinar aproximadamente 2.6% del PIB al conjunto de los programas sociales prioritarios.

También se anuncian incrementos en salud, educación, ciencia e infraestructura. Esto importa porque millones de trabajadores y sus familias efectivamente reciben pensiones, becas y otros apoyos. Despreciar esos programas desde una posición supuestamente “radical” significaría ignorar las necesidades materiales de amplios sectores populares.

La posición de los trabajadores debe partir precisamente del lado contrario: defender todas las conquistas sociales y exigir su ampliación.

Pero defenderlas no obliga a guardar silencio ante los límites del presupuesto.

1.575 billones para el costo financiero de la deuda

Hay una cifra que resume buena parte del problema: durante 2027 el Estado mexicano destinaría 1.575 billones de pesos al costo financiero de la deuda pública, equivalente aproximadamente al 4% del PIB.

No estamos hablando del pago de escuelas, hospitales, salarios de trabajadores públicos, vivienda, transporte o infraestructura productiva. Se trata de intereses y otros costos asociados con la deuda.

Para dimensionar la cantidad basta señalar que el costo financiero de la deuda será superior al billón de pesos destinado al conjunto de los programas sociales prioritarios.

Además, el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público —la medida más amplia de la deuda— alcanzaría 55% del PIB en 2027, aproximadamente un punto porcentual más que el cierre esperado para 2026. El propio Paquete contempla límites de endeudamiento interno y externo para financiar las necesidades gubernamentales.

Por eso debe examinarse críticamente la afirmación gubernamental de que México “no se está endeudando”. Hacienda pretende reducir gradualmente el déficit y estabilizar la deuda, pero eso no significa que el endeudamiento haya desaparecido. La deuda permanece y, sobre todo, su servicio absorbe una masa gigantesca de recursos públicos.

Ésta es una cuestión de clase.

Cada peso utilizado para pagar intereses es un peso que no puede utilizarse simultáneamente para construir un hospital, contratar personal médico, ampliar una universidad pública, garantizar vivienda o mejorar el transporte colectivo.

La pregunta inevitable es: ¿por qué el pago a los acreedores debe considerarse una obligación intocable mientras las necesidades sociales siempre están sujetas a la disponibilidad presupuestaria?

Pensiones no son deuda con los banqueros

También debemos rechazar otra trampa frecuente del discurso de economistas empresariales y calificadoras financieras.

Cuando hablan del reducido “espacio fiscal”, suelen colocar en una misma bolsa el costo financiero de la deuda y el gasto en pensiones. En 2027 las pensiones representarían alrededor de 1.841 billones de pesos, 4.7% del PIB.

Pero desde el punto de vista de los trabajadores no son cosas equivalentes.

Las pensiones representan derechos adquiridos, salario diferido y condiciones materiales de supervivencia para millones de trabajadores después de décadas de trabajo. Los intereses de la deuda representan obligaciones financieras con acreedores.

No aceptamos que se presente a los jubilados como un “problema fiscal” mientras el pago de intereses se trata como una ley natural de la economía.

Si existe una presión creciente sobre las finanzas públicas, entonces la discusión debe trasladarse hacia otro terreno: ¿quién debe aportar los recursos necesarios?

Recaudar más, pero ¿de quién?

El gobierno de Sheinbaum sostiene que en 2027 no habrá nuevos impuestos generales ni “gasolinazos”. Su estrategia consiste en combatir la evasión y la elusión fiscal, las factureras y el llamado huachicol fiscal, además de ampliar la formalidad y modificar diferentes mecanismos tributarios.

Combatir la evasión es correcto. Las grandes empresas y quienes utilizan mecanismos ilegales para evitar impuestos deben pagar.

Pero el problema estructural continúa.

Hacienda espera que la recaudación tributaria alcance 6.264 billones de pesos, un crecimiento real de alrededor de 5.9% respecto del cierre previsto para 2026. Cerca de siete de cada diez pesos de los ingresos presupuestarios provendrían de impuestos.

Sin embargo, el gobierno continúa evitando una reforma fiscal profunda que abra la discusión sobre las enormes fortunas, las herencias multimillonarias, las ganancias extraordinarias, la concentración patrimonial y los beneficios del gran capital nacional y extranjero.

México necesita recursos, pero la pregunta fundamental no es simplemente cómo recaudar más.

La pregunta es quién debe pagar.

Desde el punto de vista de los trabajadores, no puede aceptarse una política donde asalariados, consumidores y pequeños contribuyentes carguen proporcionalmente con una parte creciente del financiamiento público mientras las grandes fortunas permanecen prácticamente fuera del debate.

Transferencias sociales no sustituyen derechos sociales

Los programas de transferencias monetarias han permitido aumentar los ingresos de millones de hogares. Deben defenderse.

Pero una beca no sustituye una escuela.

Una pensión no sustituye un hospital.

Una transferencia no sustituye vivienda pública, medicamentos, guarderías, agua potable, transporte colectivo o servicios de cuidados.

Por eso el verdadero debate no debe enfrentar programas sociales contra servicios públicos. Los trabajadores necesitamos ambos.

La enorme riqueza producida diariamente en fábricas, maquiladoras, minas, campos, comercios, hospitales, escuelas y oficinas debería permitir garantizar simultáneamente salarios dignos, pensiones suficientes y servicios públicos universales.

Si actualmente se nos dice que “no alcanza”, debemos preguntarnos dónde se encuentra la riqueza que producimos.

Trabajo: millones en programas, migajas para vigilar a los patrones

El presupuesto de la Secretaría del Trabajo ofrece otro ejemplo revelador.

La Dirección General de Inspección recibiría 40.6 millones de pesos en 2027, frente a 22.6 millones el año anterior. Es un aumento nominal de 79.4%, pero ocurre después de haber alcanzado el nivel presupuestario más bajo de la última década.

La cantidad sigue siendo minúscula frente al tamaño del mercado laboral mexicano y frente a los millones de centros de trabajo donde deberían vigilarse salarios, jornadas, condiciones de seguridad, subcontratación, reparto de utilidades y libertad sindical.

Un Estado que afirma defender los derechos laborales necesita capacidad material para hacerlos cumplir.

No basta modificar leyes si los trabajadores se enfrentan diariamente a empresas con enormes recursos económicos mientras las instituciones encargadas de inspeccionarlas funcionan con presupuestos reducidos.

Esta contradicción resume buena parte de la política laboral: existen avances legales y programas sociales importantes, pero el poder económico de los patrones dentro de los centros de trabajo permanece prácticamente intacto.

Y mientras tanto, continúa creciendo el peso de las Fuerzas Armadas

El Paquete 2027 mantiene también enormes recursos para Defensa y Marina, mientras las Fuerzas Armadas continúan administrando empresas, infraestructura, aduanas y funciones civiles.

No desarrollaremos aquí este punto en toda su dimensión. Merece un análisis propio.

Pero sí debemos dejar planteada una pregunta: ¿por qué mientras instituciones civiles encargadas de salud, derechos laborales, protección ambiental o atención social enfrentan carencias permanentes, el aparato militar continúa expandiendo su presencia presupuestaria, económica y administrativa?

La militarización no es únicamente una cuestión de seguridad pública. También se ha convertido en una cuestión presupuestaria y económica de primer orden.

La contradicción del “segundo piso”

El Presupuesto 2027 expresa, en última instancia, las contradicciones del proyecto encabezado por Claudia Sheinbaum.

Por un lado, conserva políticas sociales que representan mejoras reales para sectores de trabajadores y plantea aumentos de recursos en áreas importantes. Por otro, trata de mantener esas políticas dentro de una estructura económica que no modifica de fondo la concentración de la riqueza, mantiene el peso gigantesco del servicio de la deuda, preserva la dependencia respecto del capital privado y continúa ampliando funciones de las Fuerzas Armadas.

El gobierno intenta administrar esas contradicciones mediante crecimiento económico, mayor recaudación y disciplina fiscal. Pero administrar la contradicción no significa resolverla.

Para los trabajadores, la cuestión fundamental no puede reducirse a decidir si el déficit debe ser de 3.9, 4 o 5% del PIB.

La discusión debe comenzar por otra pregunta:

¿para quién debe funcionar el presupuesto nacional?

La riqueza existe. La producen diariamente millones de trabajadores mexicanos.

Por eso debemos exigir la defensa y ampliación de las pensiones y programas sociales; presupuesto suficiente para salud y educación públicas; salarios que permitan vivir dignamente; fortalecimiento real de la inspección y de los derechos laborales; inversión pública productiva; impuestos progresivos sobre las grandes fortunas y ganancias; transparencia absoluta sobre los recursos entregados a las Fuerzas Armadas; y una discusión nacional sobre el peso que el servicio de la deuda impone sobre las necesidades populares.

No aceptamos que cada crisis termine presentándose a los trabajadores como una nueva obligación de “ajustarse”.

Que se ajusten las ganancias, los privilegios y las grandes fortunas.

El Presupuesto 2027 vuelve a mostrar que México tiene recursos. La verdadera disputa es quién decide sobre ellos y al servicio de qué clase social se utilizan.

Ésa es una discusión que los trabajadores no podemos dejar exclusivamente en manos de Hacienda, los empresarios, los bancos, las calificadoras y el Congreso.

Del presupuesto a la organización

El Presupuesto 2027 demuestra que las decisiones presupuestarias no son simples cálculos técnicos. Determinan quién recibe los recursos producidos por toda la sociedad.

Por ello no basta esperar las negociaciones entre Hacienda, empresarios, bancos y legisladores. Hace falta discusión pública, movilización social y organización independiente para colocar las necesidades populares en el centro.

¡No al pago de la deuda por encima de las necesidades sociales!

¡Defensa y ampliación de pensiones y programas sociales!

¡Presupuesto suficiente para salud y educación públicas!

¡Salarios dignos y derechos laborales efectivos!

¡Impuestos a las grandes fortunas y ganancias!

Cuando se afirma que “no alcanza”, hay que preguntar: ¿no alcanza para quién?

No aceptamos que cada dificultad económica termine convertida en una nueva exigencia de sacrificios para la mayoría.

¡Que se ajusten las ganancias, los privilegios y las grandes fortunas!

México tiene recursos. La disputa es quién decide sobre ellos y al servicio de qué intereses se utilizan.

El presupuesto también es terreno de lucha de clases.