A continuaciòn reproducimos este artículo de La Tribune des travailleurs, que se publica esta semana, en continuación con la campaña internacional por la exigencia de la liberacion de Susana Prieto.

#susanalibreya

El 1 de julio entra en vigor el nuevo Tratado de Libre Comercio México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC). El arresto el 8 de junio de la abogada de los trabajadores de las maquiladoras en el estado de Tamaulipas (en la frontera con Texas), Susana Prieto Terrazas, no es una coincidencia.

Para las multinacionales de los Estados Unidos que sobreexplotan la fuerza laboral mexicana y para las autoridades corruptas del estado de Tamaulipas que llevan a cabo sus órdenes, el objetivo es amedrentar a los trabajadores de las maquiladoras que construyen sus sindicatos independientes y multiplican las huelgas contra sus condiciones de trabajo,, que han empeorado durante la pandemia de Covid-19.

Nuestros corresponsales en México nos informan que Susana Prieto Terrazas recibió orden de detención: permanecerá en prisión durante al menos los seis meses que durará la investigación. Se le acusa de haber organizado una manifestación de trabajadores que exigía poderse afiliar a un sindicato independiente, durante la cual se hicieron amenazas contra funcionarios del Ministerio de Trabajo.

Aunque los hechos por los que se acusa a Susana no se consideran graves, se le negó la libertad bajo fianza, el juez alegó que la abogada reside en el estado de Chihuahua (Ciudad Juárez) y no en el estado de Tamaulipas (Matamoros) donde fue arrestada y acusada, por lo tanto podría intentar escapar de la justicia del estado de Tamaulipas. Por lo tanto, Susana está encarcelada a más de 1.400 kilómetros de su hogar y su familia. Sus familiares están extremadamente preocupados por la situación de salud de Susana, que padece hipertensión, sin mencionar las condiciones.
carcelarias de las prisiones mexicanas y los riesgos de la pandemia de Covid-19.

El gobierno federal mexicano está evitando el problema. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en una conferencia de prensa el 12 de junio:

“No se pueden fabricar pruebas contra nadie, no se pueden organizar represalias contra nadie. Pedí que se analizara la situación y que no se tolerara la arbitrariedad. El caso está en curso».

Pero agregó que el asunto era responsabilidad del gobierno del estado de Tamaulipas y que no dependía de él actuar. Sin embargo, es de conocimiento común que las autoridades del estado de Tamaulipas actúan en nombre de las grandes empresas norteamericanas.

Por el momento, las organizaciones de trabajadores se han posicionado por la liberación de Susana Prieto Terrazas, pero realmente no se han involucrado en una campaña masiva. Muchos activistas y organizaciones laborales mexicanas creen que es esencial lanzar una gran campaña para su liberación, tanto en México como a nivel internacional. Porque su arresto es un ataque contra toda la clase trabajadora, como parte de la implementación del T-MEC.

Ya se ha propuesto que los funcionarios sindicales se unan a la solicitud de una audiencia de los abogados de Susana con el presidente López Obrador y con la Comisiòn Nacional de Derechos Humanos.