PERÚ REPSOL Y EL GOBIERNO: UN PROBLEMA CRIMINAL Y POLÍTICO

A continuación presentamos un artículo extraído del periodico El Organizador (perú), editado por el Grupo Socialista Internacionalista CORCI.

Autor: Henry Torres Gallarday

El sábado 15 de enero, mientras la empresa española Repsol descargaba petróleo, a través de un tercero contratado, en la Refinería La Pampilla, unos 12,000 barriles de petróleo (más o menos 500,000 galones) empezaban a contaminar el mar peruano en la playa Bahía Blanca, ubicada en Ventanilla (Callao), para luego desplazarse hacia las costas del norte del país por acción natural de la Corriente de Humboldt, en virtud de la cual nuestras costas son parte del ecosistema más numeroso del planeta y, por ende, el área pesquera más productiva del mundo.

Esa es la envergadura de la negligencia criminal de Repsol, que ciertamente involucra a la empresa contratada de manera colateral. Sin embargo, no es la empresa naviera italiana, l a armadora Fratelli d´Amico, propietaria del carguero Mari Doricum, la responsable, como pretende Repsol. Lo es Repsol, una de tantas empresas transnacionales beneficiarias del entreguismo consagrado en la Constitución política mediante las   famosas   estabilidad jurídica y estabilidad tributaria que impiden al Estado modificar o revisar los contratos ley.

Así lo dijo el alcalde de Ventanilla, Pedro Spadaro, al afirmar que “desde el primer día Repsol intentó minimizar los hechos; no hay voluntad de resolver; el gobierno debería designar una autoridad única que asuma el control y resuelva”. Lo dijo el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), al informar que Repsol registraba 32 infracciones. También lo dijo la Defensoría, al afirmar que, pasados diez días, no había información actualizada para tomar decisiones. Lo dijo la Marina de Guerra del Perú, que informó haber reportado oportunamente la erupción volcánica submarina en Tonga.

Igualmente, Giacomo Pisani, capitán del buque italiano Mare Doricum, donde se produjo el derrame al descargar el crudo, envió una carta de protesta a Repsol Trading Houston y a la Refinería La Pampilla, dejando constancia de nueve irregularidades y malas prácticas cometidas por la multinacional desde que advirtió el vertido de hidrocarburos. Pisani dijo también que “él y su tripulación constataron que la barrera de contención que colocó el operador (Repsol) no tenía suficiente longitud para cubrir el perímetro del buque”. Asimismo, señaló que la multinacional se negó a decirle la cantidad de crudo que descargó, lo que habría permitido calcular el volumen preciso de la fuga, y tampoco le proporcionó la plantilla del control de horario de la faena. También informó que antes del derrame solicitó a un práctico de una embarcación de Repsol que abordara el buque para poner al navío en posición, pero el tripulante encargado de las maniobras solo subió siete horas más tarde.

Podemos imaginar sin mucho esfuerzo las consecuencias de esta catástrofe ambiental para el país, en concreto los millones de toneladas de peces y otros recursos ictiológicos muertos por esta criminal contaminación en miles y miles de kilómetros cuadrados a lo largo de la costa norte, la que, según los entendidos, podría superar los diez años. Igualmente, la desocupación ocasiona- da a miles de hombres de mar que se han quedado sin sustento familiar, los negocios conexos ahora impedidos de trabajar, el miedo a consumir muchas especies marinas pese a que ahora están a mitad de precio, la depresión del turismo en zonas costeras afectadas, etc.

En esta catastrófica situación, ¿dónde queda la famosa y manida “responsabilidad social”, tan aludida por los empresarios, partidos de izquierda y la legislación peruana, de esta empresa que produce más del 70% de los combustibles que abastecen el mercado peruano y que antes de la pandemia facturaba por más de 3,550 millones de soles anuales? Peor aun sabiendo que la multa máxima que podrían aplicarle sería de 35 millones, lo que representa el 1.8% de sus ingresos en uno de sus peores años, el 2020, y que los costos de limpieza y remediación serán deducidos en la contabilidad final para determinar el pago de impuestos. ¡Premio a su conducta criminal!

De otro lado, Juan Carlos Sueiro, director de pesquerías de Oceana, señala que entre enero y abril se tiene los mayores volúmenes de captura en la pesca costera. Esto hará que, para la zona afectada, sea cero. No habrá pesca, no habrá trabajo, nada de ingresos para pescadores, los negocios conexos quebrando, miles de personas sin trabajo, no habrá impuestos. A su vez, especialistas en hidrocarburos señalan que Repsol no opera con un contrato de concesión sino con un registro o licencia. Y sostienen que el Estado podría suspender dicho permiso por incumplimiento de normas ambientales.

Por su parte, los medios de comunicación, sicarios de la palabra de los capitalistas, hacen campaña contra un insinuado cierre de Repsol, pretendiendo asustar a la gente con un supuesto desabastecimiento de combustible. En tanto, el presidente Castillo solo atina a criticar al Congreso por no formar una comisión que investigue el ecocidio de Repsol en mar peruano. A lo que la inefable señora Alva responde que, por el contrario, el gobierno no está actuando como debiera, y que seguramente es por el aprendizaje declarado por Castillo. Dimes y diretes que agregan mayor confusión al caos permanente. Lo cierto es que hasta hoy ya pasaron 36 días y Repsol anuncia que a fin de mes habrá cumplido con la limpieza que, por cierto, empezó a hacerla con instrumentos domésticos, en clara burla a las normas contractuales y legales y a la vida de los peruanos. ¿Y el desastre ecológico y la remediación ambiental, y el resarcimiento económico, y las sanciones legales por el delito cometido? Resulta evidente que todas las instituciones del Estado son inútiles, inservibles, para cautelar los intereses de esta Nación en construcción, de modo particular el gobierno que para eso ha sido elegido. Resulta evidente, por ello, que este Estado burgués ha colapsado, carece de sentido conservarlo como tal pues no sirve para resolver nada.

En este estado caótico de cosas aparece como evidente, justa y legítima la demanda de una nueva Constitución Política que siente las bases concretas para la convivencia social acorde con las seculares demandas de los desposeídos, demandas postergadas y escamoteadas por todos quienes han gobernado el país durante 200 años, todos “ilustrados y cultos”, todos corruptos, ladrones y serviles a quienes tienen el poder real, los poseedores de siempre.

La pregunta es, entonces, ¿para qué una nueva Constitución? ¿Qué gobierno se encargaría de hacerla cumplir? ¿Este gobierno del señor Pedro Castillo, que, aunque ha sido elegido por sectores de los trabajadores y los pueblos ilusionados como siempre con cambiar su miserable vida, ya demostró que está muy lejos de representarlos pues ha sido adaptado por completo a los intereses de la burguesía?

¿Un nuevo gobierno “de izquierda” como los muchos llamados progresistas que pululan en América Latina al servicio del capitalismo?

¿Algún gobierno bajo el ropaje de la “democracia” u otro cualquiera abiertamente fascista?

Como vemos, no será una nueva Constitución en abstracto la que cambie los destinos de millones de mujeres y hombres despojados de derechos y condenados a la esclavitud asalariada para seguir acumulando las arcas de los dueños de los medios de producción, por muy justa y necesaria que resulte. Otra es la historia de realizar una Asamblea Constituyente absolutamente democrática y por fuera de los métodos de la legislación y el poder burgués, con participación de todos los sectores económicos y sociales. Una Asamblea Constituyente capaz de designar un gobierno de los trabajadores y los pueblos del campo y la ciudad que aplique la nueva Constitución de manera rigurosa y en todos sus extremos.

Desde luego, esa asamblea y ese gobierno solo pueden existir mediante el trabajo político organizado de obreros, campesinos, jóvenes, mujeres, ambulantes, profesionales, etc., para construir el partido político que encarne sus ilusiones y objetivos y se trace la meta certera de conquistar el poder junto a todos ellos para resolver sus demandas desde el nuevo Estado y la nueva Constitución Política, pues ya vemos que este Estado ya no sirve ni siquiera para poner las cosas en su sitio en el caso de Repsol, pese a tener todo a la mano para ello. Salvo mejor parecer.

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