Enfrentado a un levantamiento obrero y campesino histórico, el presidente proimperialista Rodrigo Paz decretó el estado de excepción el 20 de junio. Afirma que se trata de aplastar a los “narcoterroristas” que, según él, “recurrían a la violencia” para “desestabilizar Bolivia”. El mismo lenguaje de Trump. El ejército salió entonces de los cuarteles, tomando por asalto los bloqueos de carretera mantenidos por las organizaciones campesinas. Hace reinar el terror en los barrios obreros.
Sin embargo, hasta el 19 de junio, Paz estaba más aislado que nunca. El país estaba paralizado por la movilización de los trabajadores. Decenas de cabildos —asambleas populares— reafirmaban las reivindicaciones: rechazo a las privatizaciones, abrogación de las leyes contra los pequeños campesinos, indexación de los salarios a los precios y dimisión del gobierno.
Dirigiéndose a los dirigentes de las organizaciones campesinas y obreras —entre ellas la poderosa Central Obrera Boliviana (COB)—, los cabildos exigían: “¡Nada de negociación, fuera el gobierno!”.
El 12 de junio, el sindicato de los mineros de Huanuni, la mina de estaño más grande del país, interpelaba al secretario de la COB, Mario Argollo, exhortándolo a llamar a los grandes batallones de la COB a marchar sobre la capital para echar al gobierno.
Ignorando estos llamados, Argollo hizo anular la asamblea plenaria de la central prevista para el 14 y luego para el 15 de junio… Y el 19, Rodrigo Paz anunciaba triunfalmente haber firmado con Argollo un “acuerdo para la pacificación y el restablecimiento del país”. A cambio del levantamiento de los bloqueos, el gobierno promete renunciar a las privatizaciones.
En los bloqueos, los campesinos se sienten abandonados. En los sindicatos obreros, el escándalo es tal que Argollo debe declarar, a la defensiva: “Tal vez muchos me acusan de ser un traidor, pero no lo soy, camaradas. Los he acompañado hasta el final, pero también hay que saber detenerse”.
Pero ¿han ganado algo los trabajadores con este acuerdo? Una vaga promesa de anulación de las privatizaciones… que probablemente será olvidada rápidamente. Sobre todo, la firma del acuerdo divide al movimiento y deja las manos libres al presidente para enviar al ejército contra los campesinos.
Con todo, la lucha de clases en Bolivia no ha dicho su última palabra. El movimiento obrero tiene detrás de sí una larga tradición. Aquella que, por ejemplo, llevó en 1946 a la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) a afirmar:
“La colaboración revolucionaria de los mineros y los campesinos es una tarea central de la FSTMB. Tal colaboración es la clave de la futura revolución. Los obreros deben organizar sindicatos campesinos y trabajar conjuntamente con las comunidades indígenas. Para ello, es necesario que los mineros apoyen la lucha de los campesinos contra la gran propiedad rural y respalden su actividad revolucionaria”*.
Dominique Ferré
* El proyecto había sido sometido al Congreso de Pulacayo —noviembre de 1946— de la FSTMB por sindicalistas mineros, miembros de la sección boliviana de la IV Internacional.
