Ante una tragedia, salvar vidas debe estar por encima de las afinidades políticas

El terremoto que golpeó Colombia el 10 de agosto ha dejado cientos de muertos, miles de heridos y centenares de desaparecidos. En las primeras horas después de un sismo de esta magnitud, cada minuto es decisivo para encontrar personas con vida bajo los escombros.

Por eso resulta escandaloso que el gobierno derechista de Abelardo de la Espriella haya puesto obstáculos a la llegada de rescatistas mexicanos con experiencia en este tipo de catástrofes.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que una brigada especializada del Ejército mexicano no pudo ingresar porque las autoridades colombianas exigieron una certificación adicional. Bogotá sostiene que su decisión responde exclusivamente a criterios técnicos y no políticos. Sin embargo, el gobierno colombiano decidió recibir equipos de búsqueda y rescate de solamente cuatro países: Estados Unidos, Israel, Ecuador y El Salvador.

La contradicción política es todavía mayor cuando conocemos lo ocurrido prácticamente al mismo tiempo.

Mientras los rescatistas mexicanos encontraban obstáculos para entrar a Colombia, el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, anunciaba que el gobierno de De la Espriella había solicitado la participación de Estados Unidos en operaciones militares conjuntas dentro de territorio colombiano contra organizaciones calificadas como “narcoterroristas”.

Obstáculos para quienes llegan a remover escombros; puertas abiertas para quienes llegan con soldados y armas.

No afirmamos que los procedimientos jurídicos para una brigada de rescate y para la cooperación militar sean idénticos. Pero políticamente la contradicción es evidente: mientras se invocan certificados y requisitos para limitar determinada ayuda humanitaria, se avanza aceleradamente hacia una asociación militar con Washington.

Ante una catástrofe semejante, ninguna diferencia política debería colocarse por encima de salvar vidas.

Pero la respuesta tampoco puede quedar exclusivamente en manos del Estado y de las grandes empresas convocadas para la reconstrucción. Son necesarias asambleas y comités de trabajadores, sindicatos, vecinos, estudiantes, campesinos y comunidades afectadas, capaces de identificar las necesidades reales, organizar la solidaridad y controlar democráticamente la distribución de los recursos.

La reconstrucción no puede convertirse en otro gran negocio privado.

¡Toda la ayuda necesaria para salvar vidas!

¡Organización independiente de trabajadores y comunidades para controlar la ayuda y la reconstrucción!

¡La solidaridad entre los pueblos por encima de los cálculos políticos de los gobiernos!