Por la redacción de Tribuna de los Trabajadores

El llamado huachicol fiscal suele presentarse como un problema de aduanas, contrabando o corrupción. Pero para la clase trabajadora tiene un significado mucho más concreto: representa recursos que deberían ingresar a las finanzas públicas y que terminan convertidos en ganancias privadas y recursos para redes empresariales y criminales.

Mientras millones de trabajadores pagamos diariamente impuestos como el ISR, IVA, IEPS y otras contribuciones, poderosos grupos económicos pueden obtener enormes beneficios mediante la importación irregular de combustibles, el falseamiento de documentos o la declaración de gasolina y diésel como productos sujetos a una carga fiscal menor.

El mecanismo consiste, entre otras modalidades, en ingresar combustible declarando sustancias distintas, cantidades inferiores a las realmente transportadas o utilizando esquemas empresariales y aduanales destinados a reducir o evitar los impuestos correspondientes. El resultado es una transferencia efectiva de recursos que deberían llegar al Estado hacia intereses privados.

Y las cantidades son enormes.

Especialistas han estimado en alrededor de 177 mil millones de pesos anuales el quebranto ocasionado por el huachicol fiscal. Por otra parte, en octubre de 2025 la Procuraduría Fiscal de la Federación informó que los casos reportados y bajo investigación representaban alrededor de 600 mil millones de pesos de impacto al erario, aunque solamente una parte se encontraba entonces formalmente incorporada a denuncias y procesos de recuperación. Por ello, esta última cifra no debe interpretarse como una pérdida correspondiente necesariamente a un solo año.

¿Qué representan 177 mil millones de pesos cuando dejamos de hablar únicamente de cifras y los traducimos a necesidades sociales?

La Universidad Nacional Autónoma de México aprobó para 2026 un presupuesto total de 59 mil 878 millones de pesos. Es decir, una pérdida anual de 177 mil millones equivaldría a financiar casi tres presupuestos anuales completos de la UNAM. Si se toma únicamente como referencia de magnitud la estimación de 600 mil millones reportada por la Procuraduría Fiscal, estaríamos hablando de una cantidad equivalente a diez presupuestos anuales de la principal universidad pública del país.

La comparación es todavía más impresionante si miramos a los estados.

La Universidad Autónoma de Baja California (UABC) dispone en 2026 de un presupuesto de 6 mil 347 millones de pesos. Los 177 mil millones estimados como pérdida anual por huachicol fiscal equivaldrían a casi 28 presupuestos anuales completos de la UABC.

No estamos hablando, entonces, de cantidades marginales. Estamos hablando de recursos suficientes para sostener durante décadas universidades públicas enteras.

Y existe un ejemplo aún más concreto.

La investigación sobre la red relacionada con la empresa Ingemar, en la que la Fiscalía ha señalado al exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel, calcula que más de 800 millones de litros de combustible habrían sido introducidos irregularmente durante quince meses, provocando un daño fiscal estimado en al menos 5 mil 400 millones de pesos.

Pero esos 5 mil 400 millones de pesos de un solo caso equivalen aproximadamente al 85% de todo el presupuesto que ejercerá la UABC durante 2026.

Una sola red investigada habría provocado, por tanto, un quebranto comparable con casi todo lo que cuesta mantener durante un año una universidad pública que atiende a decenas de miles de estudiantes, sostiene investigación científica, paga profesores y trabajadores, mantiene campus, laboratorios, bibliotecas y servicios educativos.

Pero la comparación no termina en Baja California.

La Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) tenía originalmente aprobado para 2026 un presupuesto de 2 mil 591.8 millones de pesos. Esto significa que los 177 mil millones de pesos que se estiman como pérdida anual por huachicol fiscal equivalen a más de 68 presupuestos anuales completos de la Universidad Autónoma de Nayarit.

Y hay una comparación todavía más reveladora: los 5 mil 400 millones de pesos atribuidos únicamente a la red vinculada con Ingemar equivalen a más de dos presupuestos anuales completos de la UAN.

Es decir, el daño fiscal atribuido a una sola red investigada sería suficiente, tomando el presupuesto actual como referencia, para sostener durante más de dos años una universidad pública estatal completa.

La situación es similar en el Estado de México.

Para 2026, a la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) se le asignaron 6 mil 484.5 millones de pesos. Los 177 mil millones estimados como pérdida anual por huachicol fiscal equivalen a más de 27 presupuestos anuales completos de la UAEMéx.

Incluso si dejamos de lado la estimación nacional y observamos solamente los 5 mil 400 millones de pesos del caso Ingemar, esa cantidad representa aproximadamente 83% de todo el presupuesto anual de la Universidad Autónoma del Estado de México.

¿Qué podría hacerse con semejantes recursos en una universidad pública? Contratar profesores de tiempo completo, ampliar matrícula, construir aulas y laboratorios, fortalecer bibliotecas, financiar investigación, mejorar salarios, otorgar becas y garantizar que miles de jóvenes no abandonen sus estudios por falta de recursos.

En Chiapas, la comparación resulta todavía más dramática.

El presupuesto aprobado para 2026 de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) fue de aproximadamente 2 mil 498.6 millones de pesos. Frente a esta cantidad, los 177 mil millones de pesos estimados como pérdida anual por huachicol fiscal equivalen a casi 71 presupuestos anuales completos de la UNACH.

Y otra vez: los 5 mil 400 millones de pesos atribuidos a una sola de las redes actualmente investigadas equivalen a más de dos presupuestos anuales completos de la Universidad Autónoma de Chiapas.

Estas comparaciones muestran con claridad que cuando se habla de miles de millones de pesos desviados mediante contrabando y evasión fiscal no se está hablando de dinero abstracto. Se está hablando de universidades que podrían fortalecerse, estudiantes que podrían recibir becas, profesores que podrían ser contratados, instalaciones que podrían construirse y oportunidades educativas que podrían garantizarse.

¿Y las escuelas normales rurales?

El contraste adquiere un significado especial cuando pensamos en las escuelas normales rurales, instituciones creadas históricamente para formar maestros destinados principalmente a las comunidades campesinas y populares y que durante décadas han reclamado mejores condiciones de infraestructura, alimentación, internado, materiales y recursos educativos.

Aquí es necesario hacer una precisión para no fabricar una comparación engañosa: el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 no presenta una sola partida que concentre todo el presupuesto de funcionamiento de las normales rurales mexicanas. Sus recursos provienen de diferentes fuentes federales y estatales.

Sin embargo, existe una referencia muy significativa.

En 2026 se creó el programa federal U300 “La Normal es Nuestra”, dirigido al fortalecimiento de las escuelas normales públicas mediante recursos para mejorar sus condiciones. El programa cuenta con 822 millones 379 mil 127 pesos para todo el ejercicio fiscal 2026. No es un presupuesto exclusivo de las normales rurales, sino del conjunto de escuelas normales públicas beneficiarias, por lo que la comparación incluso debe interpretarse con cautela.

Ahora comparemos.

Los 177 mil millones de pesos estimados como pérdida anual por huachicol fiscal equivalen a más de 215 veces todo el presupuesto federal 2026 del programa La Normal es Nuestra.

Y los 5 mil 400 millones de pesos de daño fiscal atribuidos únicamente al caso Ingemar equivalen a aproximadamente 6.6 veces todo el presupuesto anual de ese programa nacional para fortalecer las normales públicas.

Dicho de otra manera: mientras se destinan 822 millones de pesos a un programa federal para mejorar las escuelas donde se forman miles de futuros maestros, una sola red investigada por huachicol fiscal habría ocasionado al erario una pérdida más de seis veces superior.

Esta comparación debería indignar particularmente a los trabajadores de la educación.

Cuando los estudiantes normalistas reclaman mejores dormitorios, comedores, transporte, materiales educativos, bibliotecas, acceso a internet o infraestructura digna, con frecuencia se responde que los recursos públicos son limitados.

Pero el problema no es solamente cuánto dinero existe. También debemos preguntar:

¿A dónde se está yendo el dinero que debería ser público?

¿Y cuántos hospitales representa el huachicol fiscal?

La comparación con el sistema de salud permite dimensionar todavía mejor el problema.

En junio de 2026, el IMSS informó que el nuevo Hospital Regional de Especialidades de Manzanillo, con 285 camas, 23 especialidades, quirófanos, laboratorio, banco de sangre, tomógrafo y otros servicios, requiere una inversión superior a mil 900 millones de pesos.

Tomando ese hospital únicamente como referencia de inversión en construcción e infraestructura —sin considerar posteriormente su gasto anual de operación—, 177 mil millones de pesos alcanzarían para financiar alrededor de 93 hospitales de dimensiones semejantes.

Incluso los 5 mil 400 millones de pesos atribuidos solamente al caso de la red vinculada con Ingemar equivalen aproximadamente al costo de construir casi tres hospitales como el de Manzanillo.

Otro ejemplo: el IMSS autorizó en 2026 la construcción de un Hospital Oncológico Pediátrico en Ecatepec, con 40 camas, cuidados intensivos, cirugía, resonancia magnética, tomografía, laboratorio, quimioterapia, radioterapia y tecnología especializada. La inversión prevista ronda los 2 mil millones de pesos.

Con una pérdida fiscal anual de 177 mil millones podrían financiarse, como referencia de inversión inicial, unos 88 hospitales oncológicos pediátricos de ese tamaño.

Por supuesto, estas equivalencias no significan que cada peso recuperado del huachicol fiscal se destinaría automáticamente a construir hospitales o universidades. Sirven para demostrar la dimensión social del saqueo.

En materia de salud, el contraste es igualmente revelador. Para 2026, el Ramo 12 Salud y el Ramo 56 correspondiente al IMSS-Bienestar suman aproximadamente 239 mil 318 millones de pesos. Los 177 mil millones estimados como quebranto anual por huachicol fiscal representan alrededor del 74% de esa cantidad.

Mientras se discute si alcanza el presupuesto para medicamentos, infraestructura hospitalaria, contratación de médicos y enfermeras o atención especializada, cantidades comparables con buena parte del gasto federal destinado a salud pueden perderse mediante esquemas de evasión y contrabando.

Empresas, funcionarios y mandos militares

Las investigaciones conocidas muestran además que un negocio de esta magnitud difícilmente puede explicarse por pequeños contrabandistas actuando aisladamente.

Las pesquisas han alcanzado a empresarios, operadores aduanales y miembros de las instituciones encargadas precisamente de vigilar las fronteras y los puertos.

La Fiscalía investiga, por ejemplo, a mandos del Ejército vinculados con la Aduana de Matamoros, donde alrededor de 144 millones de litros de hidrocarburos habrían ingresado mediante operaciones que declaraban productos como cloruro de calcio. Las investigaciones señalan la presunta participación de militares que ocuparon responsabilidades en esa aduana; dichas responsabilidades deberán ser determinadas judicialmente.

En el caso relacionado con la Secretaría de Marina, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna permanece detenido, mientras su hermano, el contralmirante Fernando Farías Laguna, fue detenido en Argentina y las autoridades preparaban en agosto de 2026 su traslado a México para enfrentar las acusaciones relacionadas con una presunta red de contrabando de combustible.

También aparece una figura política nacional como Ernesto Ruffo, exgobernador, exsenador y empresario. Nuevamente, corresponde a los tribunales determinar las responsabilidades, pero el conjunto de investigaciones demuestra algo fundamental: para mover cientos de millones de litros de combustible son necesarias estructuras empresariales, financieras, aduanales y políticas de considerable tamaño.

¿Quién termina pagando?

La respuesta es clara: la clase trabajadora.

El trabajador asalariado no puede decidir si paga o no sus impuestos: buena parte de ellos se retienen directamente de su salario o se cobran cada vez que consume.

Después se le dice que no existen suficientes recursos para mejorar una escuela, contratar médicos, ampliar una universidad, garantizar medicamentos, fortalecer servicios públicos o asegurar pensiones dignas. En muchas ocasiones se piden cuotas para sostener estos servicios, con lo que el trabajador termina pagando doble.

Pero mientras tanto, redes privadas pueden apropiarse de cantidades equivalentes a decenas de presupuestos universitarios, cientos de veces los recursos destinados al fortalecimiento de las normales públicas o decenas de hospitales.

Las comparaciones permiten verlo con toda claridad:

177 mil millones de pesos equivalen aproximadamente a tres presupuestos de la UNAM, 28 de la UABC, 68 de la Universidad Autónoma de Nayarit, 27 de la Universidad Autónoma del Estado de México y 71 de la Universidad Autónoma de Chiapas. Esa misma cantidad representa más de 215 veces el presupuesto 2026 de La Normal es Nuestra y permitiría, tomando únicamente la inversión inicial como referencia, construir alrededor de 93 hospitales como el nuevo Hospital Regional de Especialidades de Manzanillo.

No son solamente números en una investigación fiscal.

Son recursos que podrían convertirse en derechos sociales.

Son profesores.

Son médicos y enfermeras.

Son aulas y laboratorios.

Son hospitales y medicamentos.

Son becas para estudiantes.

Son pensiones y jubilaciones.

Son servicios públicos.

Por eso el huachicol fiscal no es simplemente un asunto de corrupción administrativa. Es una cuestión de clase.

Las ganancias se privatizan mientras las pérdidas se socializan.

Y cuando esos recursos fortalecen además al crimen organizado, el trabajador paga dos veces: primero mediante los impuestos que el Estado deja de recibir y después mediante la violencia, las extorsiones y la inseguridad que esas organizaciones pueden financiar.

Desde Tribuna de los Trabajadores consideramos que las investigaciones deben llegar hasta los empresarios beneficiarios, funcionarios, militares, marinos y figuras políticas involucradas, independientemente de su partido, rango o cercanía con gobiernos anteriores o actuales.

Pero tampoco basta con encarcelar operadores.

Hay que seguir el dinero, recuperar los recursos y bienes producto de estas operaciones y ponerlos al servicio de la sociedad.

Recursos para hospitales y medicamentos.

Recursos para universidades y escuelas públicas.

Recursos para fortalecer las escuelas normales rurales y garantizar condiciones dignas para quienes se forman como maestros.

Recursos para contratar trabajadores de la salud y de la educación.

Recursos para pensiones y jubilaciones dignas.

Los recursos públicos no pertenecen a empresarios, funcionarios ni organizaciones criminales. Provienen fundamentalmente del trabajo y de la riqueza producida por millones de personas.

Por eso, frente al huachicol fiscal, la conclusión debe ser sencilla:

que se investigue toda la red, que se recupere el dinero y que paguen quienes participaron y se beneficiaron del saqueo, no la clase trabajadora.