Articulo extraído de Tribuna de Trabajadores #9 julio de 2026

Por Iker

Las investigaciones abiertas por el gobierno de Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, y otros políticos y funcionarios mexicanos, han vuelto a colocar sobre la mesa una verdad que el régimen pretende ocultar: el crimen organizado no es un cuerpo extraño al Estado mexicano. El Departamento de Justicia estadounidense acusó a Rocha Moya, Enrique Inzunza Cázarez, Juan de Dios Gámez Mendívil y otros funcionarios actuales y anteriores de Sinaloa de delitos de narcotráfico y tráfico de armas, bajo el señalamiento de haber colaborado con el Cártel de Sinaloa para introducir drogas a territorio estadounidense.

Desde la perspectiva de los trabajadores, no podemos aceptar ni el linchamiento mediático dictado desde Washington ni el encubrimiento político que se cocina desde Palacio Nacional. Las acusaciones deben probarse, pero el problema de fondo no nació con este expediente. Desde hace décadas, el narcotráfico y el crimen organizado operan como sicarios del capital: disciplinan territorios, desplazan comunidades, eliminan opositores, controlan rutas, imponen salarios de hambre, protegen negocios legales e ilegales y garantizan, con terror, la acumulación de ganancias.

No son simplemente bandas “fuera de la ley”. Son parte de un engranaje económico y político que se alimenta de la miseria, la precarización y la descomposición del Estado burgués. El narco no gobierna solo con fusiles; gobierna mediante contratos, campañas electorales, policías municipales, candidaturas impuestas y silencios comprados. Investigaciones sobre violencia política en México han señalado que el crimen organizado busca influir en candidaturas y capturar gobiernos locales para controlar rentas y territorios.

Por eso resulta inaceptable que el gobierno de México responda al caso únicamente con el argumento de que Estados Unidos “no entregó pruebas”. La Secretaría de Relaciones Exteriores afirmó que la solicitud de detención provisional no contenía elementos probatorios suficientes y la FGR dijo que revisaría la documentación. Pero, al mismo tiempo, el aparato estatal ha mantenido el caso en la opacidad: reportes recientes señalan que la Cancillería reservó por cinco años comunicaciones diplomáticas relacionadas con Rocha e Inzunza, mientras no hay avances públicos claros de la investigación mexicana.

Ese silencio institucional no defiende la soberanía nacional: protege a los de arriba. Morena, que llegó al gobierno prometiendo terminar con la corrupción del viejo régimen, reproduce sus peores prácticas: cerrar filas, administrar el escándalo, congelar expedientes y esperar que el tiempo diluya la indignación popular. Si hay pruebas, deben hacerse públicas ante el pueblo trabajador; si no las hay, debe explicarse con transparencia. Lo que no puede aceptarse es que el fuero, la militancia partidista o la cercanía con el poder funcionen como escudo.

Pero tampoco podemos permitir que Estados Unidos se presente como tribunal moral. El imperialismo norteamericano no combate al narcotráfico: lo administra según sus intereses. Sus bancos lavan capitales, su mercado consume drogas, sus agencias intervienen en México y sus armas alimentan a los cárteles; incluso reportes de la ATF han documentado rutas de tráfico de armas desde Estados Unidos hacia México. Washington no busca justicia para el pueblo mexicano; busca control político, presión diplomática, militarización fronteriza y subordinación nacional.

La salida no vendrá ni de la DEA ni de la FGR al servicio del poder. La justicia será real cuando el pueblo la realice: cuando trabajadores, comunidades, madres buscadoras, jóvenes y organizaciones populares impongan la verdad, la apertura de archivos, la investigación de todos los funcionarios y empresarios implicados, la expropiación de fortunas lavadas por el crimen y el desmantelamiento de las redes estatales que protegen al narco.

Contra la impunidad nacional y contra la injerencia imperialista, la única fuerza capaz de limpiar este pantano es la organización independiente del pueblo trabajador.