Artículo extraído de La Tribuna de Trabajadores #8, abril- mayo de 2026. Boletín de la Liga Comunista Internacionalista

Por Muriel Ernesto Gómez

Desde su imposición en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, la reforma a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en 2007 ha sido señalada por amplios sectores del magisterio como un parteaguas regresivo en los derechos laborales. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, a través de sus asambleas, pronunciamientos y movilizaciones ha sostenido que dicha reforma representa la consolidación de un modelo neoliberal que traslada el costo de la seguridad social al trabajador.

Antes de 2007, el esquema de jubilación en el ISSSTE se basaba fundamentalmente en la antigüedad en el servicio: el derecho a retirarse se alcanzaba, en términos generales, al cumplir 30 años de servicio para hombres y 28 para mujeres, sin que la edad biológica fuera un requisito determinante. Esto significaba que maestras y maestros que ingresaban jóvenes podían jubilarse relativamente temprano, tras décadas de trabajo efectivo en las aulas.

Con la reforma de 2007, se introdujo un cambio estructural: el paso de un sistema solidario a uno de cuentas individuales (administradas por Afores), y la imposición de un doble requisito para la jubilación: años de servicio y edad mínima. En el régimen transitorio (Décimo Transitorio), por ejemplo, se establecieron incrementos progresivos en la edad de retiro, llegando a 60 años para hombres y 58 para mujeres en distintos periodos. Para quienes quedaron plenamente en el nuevo sistema, la pensión dejó de ser definida y pasó a depender del ahorro acumulado, lo que en los hechos reduce el monto final y precariza el retiro.

La CNTE ha insistido que esta reforma rompe con el carácter público y solidario de la seguridad social. No es solo un tema técnico, dicen, sino político: se trata de una transferencia de recursos hacia el capital financiero, en detrimento de la clase trabajadora. Por eso, la demanda central ha sido clara y constante: abrogación total de la ley de 2007 y retorno a un sistema de pensiones solidario, colectivo.

Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la CNTE mantuvo la exigencia, señalando que, a pesar del discurso de transformación, no se desmontaron las bases estructurales de la reforma. Hoy, bajo la administración de Claudia Sheinbaum Pardo, el planteamiento sigue vigente. Para la Coordinadora, no basta con ajustes parciales o mejoras administrativas: la ley misma debe desaparecer por su origen y contenido neoliberal.

En este contexto, la lucha por la abrogación de la Ley del ISSSTE no es un asunto aislado del magisterio. Es parte de una disputa más amplia por el modelo de seguridad social y por el futuro de los derechos laborales en México. La CNTE ha planteado que solo mediante la organización desde abajo, la movilización sostenida y la articulación con otros sectores, organizaciones y sindicatos será posible revertir estas reformas.

Hoy más que nunca, la tarea es clara: construir unidad de clase, romper el aislamiento de las luchas sectoriales y avanzar hacia una huelga nacional que confronte de manera directa estas políticas. Porque los derechos no se negocian a la baja, se defienden en colectivo. Y en esa defensa, la organización es la única garantía real.