Es un levantamiento revolucionario el que ha comenzado en Bolivia. La clase obrera, aliada con los campesinos, busca expulsar al gobierno de Rodrigo Paz, subordinado al imperialismo.

Elegido presidente hace apenas seis meses, Paz ha multiplicado las medidas antiobreras y antipopulares, encendiendo la mecha de una profunda crisis social.

En abril, su ley que facilita la compra de tierras de pequeños campesinos por parte de grandes terratenientes provocó movilizaciones campesinas, integradas en su mayoría por poblaciones indígenas históricamente oprimidas.

La clase trabajadora, golpeada por una inflación del 14 %, rechazó las medidas de austeridad y el plan de privatizaciones, obligando a la dirección de la Central Obrera Boliviana (COB) a anunciar una «huelga indefinida» a partir del 1 de mayo.

Se instalaron bloqueos en las principales carreteras del país. Aunque la policía los desmantela, son reconstruidos constantemente por los manifestantes.

La represión —oficialmente, 7 muertos, 23 heridos y 321 detenidos— también ha golpeado a los dirigentes sindicales y campesinos. Entre ellos, Mario Argollo, secretario general de la COB, así como los dirigentes campesinos Gabriel Mena y Vicente Salazar, acusados de «terrorismo» y obligados a pasar a la clandestinidad.

A las reivindicaciones sociales se sumó entonces una consigna política central: la salida de Paz.

El 25 de mayo, miles de mineros, campesinos, obreros y maestros marcharon en La Paz gritando:

«¿Qué queremos? ¡Su renuncia!
¿Cuándo? ¡Ahora!»

Paz recibió naturalmente el respaldo del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien declaró en nombre de Estados Unidos que no permitiría «que criminales y narcotraficantes derroquen a dirigentes elegidos democráticamente».

Con el objetivo de recuperar la estabilidad política y económica, Paz anunció que busca obtener un préstamo de 5.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional.

Sin embargo, los trabajadores no han retrocedido.

El 27 de mayo, el Parlamento —reunido por videoconferencia debido a que los bloqueos impedían el acceso a la capital— eliminó las restricciones legales que limitaban el uso del ejército en caso de «disturbios internos».

Ese mismo día, Paz viajó a Santa Cruz para reunirse con los Comités Cívicos, organizaciones que sus críticos consideran milicias contrarrevolucionarias movilizadas para despejar los bloqueos.

Pero simultáneamente los sindicatos del transporte declaraban una huelga indefinida. Además, aprovechando la celebración del Día de las Madres, miles de mujeres trabajadoras se manifestaron advirtiendo que acudirían a los cuarteles para buscar a sus hijos que cumplen el servicio militar y evitar que fueran utilizados contra el pueblo movilizado.

Una de las consignas expresadas fue:

«Los enviamos a servir a la patria, no a matar a su padre, a su madre, a sus hermanos o a sus tíos».

Como la represión no logró frenar el movimiento, el 28 de mayo Paz lanzó un ultimátum a los dirigentes para que aceptaran dialogar, anunciando además la suspensión de los procesos judiciales en su contra.

Sin embargo, en los bloqueos y en ciudades obreras como El Alto, la respuesta fue contundente.

Juan Hidalgo, dirigente local de un sindicato campesino, declaró a la agencia AFP:

«Ya dijimos que no podemos dialogar con este gobierno. Tiene que irse».

Esta poderosa aspiración surgida desde abajo llevó a que, el 31 de mayo, la asamblea plenaria de la COB rechazara las ofertas de diálogo y reafirmara su exigencia central: la salida de Rodrigo Paz.

— Jean Alain