Artículo extraído de La Tribuna de Trabajadores #8, abril- mayo de 2026. Boletín de la Liga Comunista Internacionalista

Por Roger Ilich

Por años, el discurso fue claro: en México no habría fracking. Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, esta técnica de extracción fue señalada como peligrosa para el medio ambiente y contraria al interés del país. Hoy, bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum, esa postura comienza a cambiar.

El giro no es menor. El fracking (una técnica que inyecta agua, arena y químicos a alta presión para extraer gas y petróleo)  vuelve a ponerse sobre la mesa con un argumento que suena familiar: la necesidad de “fortalecer la soberanía energética” y reducir la dependencia del gas de Estados Unidos.

Pero detrás de ese discurso hay una pregunta incómoda: ¿soberanía para quién y a costa de quién?

Un cambio que revela más de lo que dice

El nuevo gobierno ha planteado evaluar el fracking con apoyo de expertos y bajo la promesa de tecnologías “más limpias”. También se habla de posibles alianzas con el sector privado para impulsar estos proyectos.

En términos simples: lo que antes se rechazaba por sus riesgos, ahora se reconsidera por su rentabilidad.

Este cambio no ocurre en el vacío. México depende fuertemente del gas importado, y en un contexto de crisis energética global, garantizar el suministro se vuelve una prioridad. Sin embargo, la solución elegida revela una lógica conocida: cuando el sistema enfrenta límites, recurre a explotar más intensamente los recursos, aunque eso implique nuevos costos sociales y ambientales.

El mito del “fracking limpio”

Uno de los argumentos más repetidos por el gobierno es que existen nuevas tecnologías que reducirían los daños ambientales.

Sin embargo, la evidencia científica es más cautelosa. Sí, algunas técnicas pueden disminuir ciertos riesgos, pero no eliminan los problemas de fondo:

El uso intensivo de químicos sigue presente

La presión sobre el agua no desaparece

La dependencia de combustibles fósiles se mantiene

Hablar de fracking “limpio” es, en el mejor de los casos, una simplificación optimista. En el peor, una forma de hacer aceptable lo que sigue siendo altamente riesgoso.

La trampa del “si no lo hacemos nosotros, lo harán ellos”

Hay una idea que empieza a repetirse para justificar el giro hacia el fracking:
“si México no explota ese gas, lo hará Estados Unidos de todos modos”. Dicho así, parece sentido común. Incluso puede sonar estratégico. Pero en realidad, es una trampa argumental bastante conveniente. Porque no responde a la pregunta central, solo la desplaza.

¿Explotar para quién?

Supongamos que el argumento es cierto…Que Estados Unidos podría extraer recursos en zonas compartidas, como aguas profundas o yacimientos fronterizos. La conclusión lógica sería que México necesita fortalecer su capacidad propia para no perder esos recursos.

Pero eso no es lo que está ocurriendo. Lo que se está planteando no es un modelo autónomo, sino uno que depende de empresas como ExxonMobil, Chevron o Halliburton para hacerlo posible. Entonces la contradicción es evidente:

si el problema es que “otros” se apropien del recurso,
¿la solución es… permitir que esos mismos actores participen en su extracción dentro del país? Eso no evita la apropiación externa. La formaliza.

De la amenaza externa al negocio interno

Este tipo de argumentos cumplen una función política clara:
convertir un problema geopolítico en una justificación económica.

Primero se plantea un riesgo:
“nos van a quitar el gas”.

Luego se ofrece una solución:
“hay que explotarlo ya”.

Y finalmente, se abre la puerta a inversiones y contratos que benefician a grandes capitales, tanto extranjeros como nacionales. Ahí es donde entran actores como Grupo Carso o Grupo México, que han demostrado una capacidad constante para insertarse en proyectos estratégicos del Estado. El resultado no es soberanía. Sino una redistribución del negocio entre grandes capitales: unos extranjeros, otros nacionales, pero todos operando bajo la misma lógica.

La cuestión de fondo

Incluso si aceptáramos el punto de partida (que hay que explotar el recurso para no perderlo), la pregunta seguiría intacta: ¿bajo qué condiciones? ¿Quién controla la extracción? ¿Quién se queda con la mayor parte de la riqueza? ¿Quién asume los riesgos?

Porque una cosa es defender recursos nacionales…
y otra muy distinta es entregarlos en condiciones desiguales mientras se dice que se está defendiendo la soberanía.

Al final, esta narrativa no explica la realidad. La encubre; presenta como inevitable lo que en realidad es una decisión política.

No es cierto que solo haya dos opciones:

· explotar rápido bajo lógica de mercado

· perder el recurso frente a Estados Unidos

Esa es una falsa disyuntiva.

La verdadera discusión es otra:
si el país va a seguir insertándose en el mercado energético global bajo condiciones de dependencia, o si va a construir una alternativa distinta.

Y aquí es donde casi nadie quiere profundizar.

Porque una salida real implicaría romper con varias inercias del modelo actual:

· dejar de pensar la energía como mercancía

· dejar de subordinar las decisiones al mercado internacional

· y, sobre todo, quitarle el control a los grandes capitales

¿Qué implicaría una alternativa socialista?

No se trata de una consigna abstracta, sino de medidas concretas:

1. Control público real, no simulado
No basta con que el Estado participe. Se necesitaría que la energía esté bajo control público efectivo, con vigilancia social, transparencia y sin intermediación de grandes corporaciones ni extranjeras ni nacionales como Grupo Carso o Grupo México.

2. Planificación energética democrática
Definir qué producir, cuánto y para qué, no en función de la ganancia, sino de necesidades sociales reales:

· consumo doméstico

· servicios públicos

· desarrollo regional equilibrado

Esto implica abrir la decisión a trabajadores, comunidades y especialistas, no solo a tecnócratas y empresarios.

3. Transición energética en serio
El fracking apuesta por profundizar la dependencia de combustibles fósiles. Una alternativa implicaría invertir masivamente en energías renovables, pero bajo control público, evitando que se conviertan en otro negocio privado.

4. Respeto territorial vinculante
Ningún proyecto energético debería imponerse a comunidades. No como consulta simbólica, sino con poder real de decisión.

5. Ruptura con la lógica extractivista
No todo recurso disponible tiene que explotarse. La planificación también implica decidir qué no se extrae, pensando en el equilibrio ecológico y las generaciones futuras.

Plantear algo así no es “radical” en el sentido caricaturizado.
Es, en realidad, llevar hasta sus últimas consecuencias la idea de soberanía.

Porque si la energía sigue organizada alrededor de la ganancia:

· no importa quién gobierne

· no importa cómo se le nombre

el resultado será el mismo:
dependencia, desigualdad y territorios sacrificados.

Por eso, el debate no debería cerrarse con el miedo a que “otros se queden con el recurso”.

Esa es una forma de presionar decisiones rápidas y funcionales al capital.

La pregunta importante sigue siendo otra, más incómoda, pero más honesta:¿vamos a seguir produciendo energía para el mercado…o para la vida? Porque de esa respuesta depende todo lo demás.