A más de un mes y medio de bloqueos y manifestaciones obreras y campesinas para que emita su renuncia, el presidente Rodrigo Paz (derecha) promulgó el 10 de junio una ley que le permite declarar “estado de excepción”, es decir, suspender las libertades democráticas y de hacer uso de las fuerzas armadas.

   Ese mismo día, decenas de miles de trabajadores, de campesinos y de mujeres que llegaron de la gran ciudad obrera de El Alto, manifestaban al llamado de las organizaciones en la capital, La Paz. Decenas de miles de otros y otras se concentraban en Chimoré (distrito de Cochabamba), bastión del antiguo presidente de “izquierda” Morales, quien tomó la palabra frente a los manifestantes.

   Y es que promulgar una ley es una cosa, pero llevarla a cabo, es otra. Hasta el presente, todos los intentos de movilizar a los policías, militares y milicias reaccionarias (“comités cívicos”) para eliminar los bloqueos han sido un fracaso.

   Bloqueos y barrios populares son además el asiento de los “cabildos” (asambleas populares con las organizaciones obreras y campesinas) que multiplican las resoluciones exigiendo a los dirigentes “que rechacen cualquier diálogo”, amenazando con “revocar” a quien traicione su mandato… Sin embargo, esos “cabildos” permanecen hasta ahora aislados, sin centralización nacional.

  

Esta movilización de masas había comenzado con marchas de campesinos contra un proyecto de ley de expropiación de sus tierras. Después, diferentes sectores de la clase obrera – mineros, maestros, asalariados de los transportes, etc. – se movilizaron en contra de las medidas anti-obreras y un plan de privatizaciones. El rechazo obstinado del gobierno de Rodrigo Paz para responder a las reivindicaciones motivó que los dirigentes de la organización histórica, la Central Obrera Boliviana (COB) adoptaran la exigencia de renuncia del presidente.

   Rechazado, el gobierno Paz intenta desesperadamente encontrar interlocutores para romper su aislamiento. Sin haber tenido éxito con los dirigentes de la COB, intenta estrechar un “diálogo” con el antiguo presidente Morales.

   Pero los trabajadores como los campesinos no quieren ningún “diálogo” con este gobierno subordinado a Trump y al FMI. En una conferencia de prensa, el sindicato de mineros de Huanuni (SMTMH) – cuna del movimiento obrero boliviano, en donde se produce el 60% del estaño del país – se declaraba “en estado de urgencia, en estado de movilización permanente para la defensa de nuestras acciones obreras, de las empresas del Estado y de los recursos naturales del pueblo boliviano, del bienestar de las familias obreras, de las libertades sindicales y de los derechos democráticos, de la soberanía nacional y de la dignidad de la clase obrera”, concluye con un llamado a la dirección de la COB para ir ahí donde todo se decide. “Si el camarada Mario (Agollo, secretario de la COB) nos hace este llamado, responderemos presentes ¡y marcharemos hacia La Paz!”.

   Acorralado entre las presiones que vienen de lo alto y la exigencia que se eleva desde abajo, la dirección de la COB cambió del 14 al 15 de junio su asamblea plenaria, luego la anuló “hasta nueva orden”.

Jean Alain