El escándalo del concurso de ingreso a licenciatura de la Universidad Nacional Autónoma de México no puede reducirse a una discusión técnica sobre cámaras, algoritmos o jóvenes que recurrieron a la inteligencia artificial. Lo ocurrido es grave y debe investigarse: la Universidad detectó conductas contrarias a la convocatoria y denunció a particulares y empresas que engañaron a familias y vendieron servicios fraudulentos. Cerca del 2% de las pruebas fueron anuladas y una comisión técnica revisa los resultados atípicos.

Quienes vendieron respuestas, suplantaron aspirantes o lucraron con la desesperación deben responder. Pero rechazamos que se convierta a 158,712 jóvenes en sospechosos colectivos o que el escándalo sirva para ocultar el problema fundamental: la UNAM sólo ofreció alrededor de 21,962 lugares mediante concurso. Aun sin fraude, más de 130,000 aspirantes quedarían fuera, no por falta de capacidad, sino porque el Estado no garantiza suficientes espacios.

Ésa es la función ideológica de la meritocracia: transformar un derecho negado en una supuesta derrota individual. Al joven excluido se le dice que no estudió bastante o que otro “se esforzó más”. Se oculta que todos compiten por un número limitado de lugares y que parten de condiciones profundamente desiguales.

No presenta el mismo examen quien estudió con laboratorios, biblioteca, docentes suficientes y cursos privados, que quien padeció grupos saturados, falta de maestros, trabajo asalariado o responsabilidades familiares. La prueba aparentemente neutral mide desigualdades acumuladas y después las legitima mediante una cifra.

La primera aplicación completamente virtual profundizó la desigualdad. No bastaba conocer los contenidos: se necesitaban computadora compatible, conexión estable, electricidad, cámara, micrófono y un espacio silencioso. En 2025, el 78.3% de los hogares mexicanos tenía internet, mientras el uso alcanzaba al 88.9% de las personas en las zonas urbanas y sólo al 75.2% en las rurales. Convertir la conectividad doméstica en requisito trasladó a las familias costos que deberían asumir las instituciones.

Mientras algunos aspirantes contaban con equipos modernos y habitaciones privadas, otros dependían de dispositivos prestados, datos móviles o viviendas compartidas. Paradójicamente, el sistema de vigilancia tecnológica no impidió el fraude. Una eventual reposición tendría que realizarse sin costo, en sedes suficientes, con equipos proporcionados por la Universidad y respetando el derecho de audiencia.

Pero volver al examen presencial tampoco resolvería el fondo. Sólo permitiría administrar de otra manera la misma escasez. La pregunta no debe ser quién “merece” uno de los pocos espacios, sino por qué una sociedad que necesita médicos, docentes, científicos e ingenieros cierra las puertas a cientos de miles de jóvenes.

La desigualdad también atraviesa la vida laboral de la UNAM. En julio de 2026, de 43,733 integrantes del personal académico, 26,197 eran profesores de asignatura y sólo 13,107 pertenecían al personal de carrera. Además, 27,002 académicos aparecían bajo una situación contractual no definitiva. La Universidad descansa mayoritariamente sobre docentes pagados por horas y sujetos a la renovación semestral de materias.

Miles preparan clases, evalúan, asesoran y sostienen cotidianamente las escuelas y facultades sin recibir un salario proporcional al trabajo realizado. Mientras tanto, una minoría concentra plazas de carrera, estímulos, cargos administrativos y espacios de decisión. La institución que habla de “mérito” para seleccionar estudiantes reproduce dentro de sí una estructura laboral profundamente jerarquizada.

Esa estructura está protegida por una casta burocrática. La Ley Orgánica establece que una Junta de Gobierno de quince personas designa al rector y a los directores de facultades, escuelas e institutos. La comunidad puede ser consultada, pero no elige directamente a quienes gobiernan la Universidad.

En torno a este sistema se reproducen grupos cerrados, redes de influencia y vínculos familiares que pueden facilitar el acceso a plazas, cargos y oportunidades. No todo parentesco constituye automáticamente nepotismo, pero una universidad pública debe impedir que los apellidos, amistades o lealtades de grupo pesen más que los procedimientos transparentes.

Cuando las plazas y direcciones circulan dentro de los mismos círculos, se fortalece la denuncia de que la UNAM es administrada como patrimonio de una élite burocrática y familiar. Los concursos de oposición no deben ser confeccionados para favorecer candidatos previamente seleccionados, ni las facultades deben convertirse en feudos heredados entre grupos académicos y familiares.

Defender la autonomía universitaria no significa defender la autonomía de esa casta para gobernar sin rendir cuentas. La autonomía pertenece a estudiantes, docentes y trabajadores. Debe proteger la enseñanza, la investigación, la libertad de pensamiento y la organización independiente, no blindar privilegios.

La crisis exige una democratización integral: elección directa, universal, libre y secreta de rector y directores; revocabilidad de los cargos; transparencia presupuestaria; concursos de oposición públicos; prohibición efectiva del nepotismo; basificación del profesorado de asignatura y participación decisoria de estudiantes y trabajadores.

¡Ni fraude ni exclusión: lugar para todas y todos!

¡Basta de profesores precarizados: estabilidad, salario digno y derechos laborales!

¡Fuera la casta burocrática de las decisiones universitarias!

¡Que el rector y los directores sean elegidos por la comunidad!

Es necesario organizar asambleas por escuela y facultad, coordinaciones democráticas y un congreso universitario resolutivo que discuta el ingreso, el presupuesto, las condiciones laborales y las formas de gobierno, sin tutela de Rectoría, del gobierno federal ni de los partidos patronales.

Rechazamos a la derecha que aprovecha el fraude para atacar a la educación pública, justificar una mayor vigilancia o abrir nuevos negocios privados. También rechazamos el encubrimiento institucional. Defender a la UNAM significa defender su carácter público, gratuito, laico y autónomo, pero también luchar por transformarla.

El verdadero escándalo no es solamente que algunos hayan burlado el examen. Es obligar a 158,712 jóvenes a competir por menos de 22,000 lugares; llamar “mérito” a esa exclusión; mantener precarizada a la mayoría del profesorado y conservar el gobierno universitario en manos de una minoría.

¡Más presupuesto, más planteles y más plazas docentes!

¡Educación pública, gratuita y con lugar para todas y todos!

¡La UNAM es de quienes estudian y trabajan en ella, no de una casta burocrática!

A quienes estén de acuerdo con este artículo, a quienes rechacen que la educación se convierta en un privilegio y consideren necesario democratizar la UNAM, los invitamos a acercarse a la Liga Comunista Internacionalista (LCI). No basta con indignarse ante el fraude, la exclusión, la precariedad laboral o el control burocrático de la Universidad: es necesario organizarse para transformar esta realidad.

Llamamos a estudiantes, aspirantes rechazados, profesores de asignatura, trabajadores universitarios y jóvenes a construir una organización independiente de las autoridades, los partidos patronales y la burocracia universitaria. Organicemos asambleas, comités y espacios de discusión en cada escuela, facultad y centro de trabajo para luchar por el acceso universal a la educación superior, por la basificación de los docentes, por un presupuesto suficiente y por un gobierno universitario elegido democráticamente por su comunidad.

¡Acércate a la LCI, organízate y lucha con nosotros!

¡Por una UNAM pública, gratuita, democrática y al servicio de los trabajadores y la juventud!

¡La educación es un derecho, no un privilegio: ni un joven fuera de la universidad!