Artículo extraído de La Tribuna de Trabajadores #8, abril- mayo de 2026. Boletín de la Liga Comunista Internacionalista

Por Juan Carlos Vargas

La revelación de que agentes de la Central Intelligence Agency (CIA) participaron en operativos para el desmantelamiento de laboratorios clandestinos en Chihuahua ha abierto una crisis política que exhibe, una vez más, la subordinación de las autoridades mexicanas frente a los aparatos de seguridad de Estados Unidos. Diversos reportes periodísticos indican que elementos de la CIA colaboraron directamente con autoridades estatales en al menos tres operativos antidrogas durante 2026, incluyendo el realizado en la Sierra Tarahumara donde murieron dos agentes estadounidenses y dos funcionarios mexicanos tras un accidente vehicular.

Más allá de las contradicciones oficiales y de los intentos por minimizar el escándalo, el hecho central permanece: agentes de inteligencia extranjeros operaron en territorio nacional en acciones de seguridad pública, algo que la legislación mexicana restringe severamente y que representa una violación a la soberanía del país. La propia Fiscalía General de la República abrió investigaciones por posibles delitos contra la seguridad nacional relacionados con la presencia de estos agentes.

Al mismo tiempo el gobierno federal, achaca la responsabilidad de este operativo al gobierno local del estado de Chihuahua, negando tener conocimiento de dicha operación, a pesar de que los hechos demuestran que existió coordinación con el ejército y la Guardia Nacional,

Durante años, los distintos gobiernos mexicanos han repetido el discurso de la “cooperación bilateral” en materia de seguridad. Pero detrás de ese lenguaje diplomático se esconde una realidad profundamente desigual. Estados Unidos actúa como potencia imperial que dicta prioridades, presiona políticamente y extiende su aparato de inteligencia sobre el territorio mexicano bajo el pretexto de la guerra contra el narcotráfico.

El caso del gobierno de Chihuahua demuestra hasta qué punto sectores del aparato estatal mexicano están dispuestos a actuar como auxiliares subordinados de Washington. Reportes señalan incluso que agentes estadounidenses participaron vestidos con uniformes de corporaciones mexicanas para mimetizarse durante los operativos. Si esto se confirma, no solo estaríamos ante una colaboración irregular, sino frente a una operación encubierta que recuerda los peores episodios de intervención estadounidense en América Latina.

No puede olvidarse que la CIA tiene un largo historial de injerencia, espionaje y operaciones clandestinas en la región: golpes de Estado, financiamiento de grupos paramilitares, persecución de movimientos populares y operaciones contrainsurgentes forman parte de su historia. Pensar que hoy su presencia en México responde únicamente a “ayuda técnica” o facilitacíon de “información” es una ingenuidad peligrosa.

Además, el contexto político vuelve aún más grave la situación. En medio de las amenazas permanentes de sectores de la derecha estadounidense —incluyendo llamados a intervenciones militares directas contra los cárteles— permitir operaciones extranjeras en territorio mexicano abre la puerta a nuevas formas de tutela imperial sobre el país.

El narcotráfico y el crimen organizado expresión de la descomposición del sistema capitalista, es un problema real y brutal que golpea diariamente a la clase trabajadora y a la juventud. Pero la experiencia histórica demuestra que la militarización y la dependencia de agencias estadounidenses no resuelven el problema. Después de décadas de “cooperación”, la violencia continúa, las redes criminales siguen operando y el tráfico de armas desde Estados Unidos permanece intacto.

La soberanía nacional no puede convertirse en una consigna vacía mientras agencias extranjeras intervienen en operativos armados dentro del país y el gobierno federal acepta los mandatos de Washington en relación a Cuba . Defender la independencia de México implica rechazar toda subordinación política y militar frente a Washington, así como denunciar a los sectores de la clase política mexicana que actúan como administradores locales de los intereses estadounidenses.