Por Roger Ilich
Durante la campaña presidencial en Argentina, Javier Milei se presentó como un experto capaz de conducir al país hacia una transformación histórica. Llegó incluso a plantear que, si los argentinos confiaban en su proyecto, en treinta años Argentina podría convertirse en una potencia mundial y alcanzar los niveles de desarrollo de las economías más avanzadas.
Ha transcurrido una parte de ese camino y, mientras sus defensores insisten en que aún es pronto para evaluar los resultados, la realidad cotidiana muestra un panorama profundamente debatido. Su gobierno ha impulsado un fuerte programa de ajuste fiscal, recortes al gasto público y reformas estructurales. Estas medidas han sido acompañadas por conflictos sociales, cuestionamientos por el impacto sobre las jubilaciones, los programas de asistencia, el empleo y numerosos sectores productivos. Al mismo tiempo, distintos informes muestran el cierre de miles de empresas, especialmente pequeñas y medianas, así como una caída de la actividad económica durante buena parte de su gestión. También existe un intenso debate sobre la apertura a inversiones vinculadas a la explotación de recursos estratégicos, como el litio y otros minerales, y sobre el papel que desempeñan las grandes corporaciones transnacionales en ese proceso.
Más allá de las interpretaciones políticas, existen algunos datos objetivos que ayudan a contextualizar este debate. Diversos informes oficiales y centros de investigación coinciden en que, desde el inicio del gobierno de Javier Milei, el número de empleadores registrados en Argentina ha disminuido de forma significativa. De acuerdo con estadísticas basadas en registros oficiales, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025 desaparecieron cerca de 22 mil empleadores registrados (empresas formales) y se perdieron alrededor de 290 mil empleos registrados. Los sectores más afectados han sido la construcción, la industria manufacturera y el transporte.
En materia de inversiones, el panorama también es objeto de debate. El gobierno ha impulsado el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) con el objetivo de atraer capitales, especialmente hacia la minería, el petróleo, el gas y otros proyectos extractivos. Sin embargo, los informes del Banco Central muestran que los flujos de inversión extranjera directa no han experimentado una expansión generalizada y, en algunos períodos de 2025, incluso registraron egresos netos de capital, reflejando un escenario más complejo que el prometido durante la campaña electoral. Buena parte de las expectativas de inversión se concentran en sectores extractivos como el litio, el cobre y los hidrocarburos, mientras persiste el debate sobre cuánto de esa riqueza se traducirá en desarrollo industrial, empleo de calidad y beneficios duraderos para la población argentina.
Sin embargo, más allá de las posiciones que cada quien tenga sobre estas políticas, hay un hecho que llama mi atención. A pesar de las denuncias por la represión de manifestaciones, las críticas de organismos de derechos humanos y el costo social que numerosos sectores denuncian, Argentina no ha enfrentado sanciones económicas internacionales, bloqueos comerciales ni embargos. Su gobierno continúa desarrollando su programa con amplios márgenes de acción dentro del sistema económico internacional.
Y entonces surge una pregunta que me parece legítima.
Si un gobierno capitalista puede pedir treinta años para demostrar que su modelo funciona, ¿por qué ese mismo criterio nunca parece aplicarse a los países que optan por un modelo socialista?
Si realmente creemos en la libertad de los pueblos para decidir su propio destino, ¿qué ocurriría si durante treinta años se permitiera a cualquier nación construir un modelo socialista sin sanciones económicas, sin bloqueos financieros, sin embargos comerciales, sin intentos de aislamiento diplomático, sin golpes de Estado, sin intervenciones militares y sin operaciones destinadas a desestabilizar su economía?
Un argumento frecuente sostiene que Cuba o Corea del Norte no sufren bloqueos porque mantienen relaciones comerciales con algunos países. Sin embargo, esa afirmación confunde un bloqueo absoluto con un régimen de sanciones extraterritoriales. El propio gobierno de Estados Unidos reconoce que mantiene un amplio sistema de restricciones destinado no solo a impedir que empresas estadounidenses comercien o inviertan en Cuba, sino también a desincentivar la participación de empresas, bancos e instituciones financieras extranjeras. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro establece que las personas sujetas a la jurisdicción estadounidense tienen prohibido hacer negocios o invertir en Cuba salvo autorización expresa, y señala que el embargo continúa vigente. Además, la legislación estadounidense —como la Ley Helms-Burton, la Ley para la Democracia Cubana y otras disposiciones— contempla sanciones y restricciones que afectan incluso a actores de terceros países.
En el caso de Corea del Norte ocurre algo similar. Estados Unidos mantiene uno de los regímenes de sanciones económicas más amplios del mundo, administrado también por la OFAC, que restringe prácticamente todas las transacciones financieras y comerciales con ese país y prevé sanciones contra personas, empresas y entidades extranjeras que faciliten determinadas operaciones con el gobierno norcoreano. En otras palabras, que un país pueda comerciar de forma limitada con algunos socios no significa que opere en condiciones de libre competencia. La diferencia entre comerciar bajo un régimen de sanciones y hacerlo en un mercado internacional sin restricciones es sustancial, pues las sanciones incrementan los costos financieros, limitan el acceso al crédito, desalientan la inversión extranjera y restringen el acceso a tecnologías, transporte y servicios bancarios internacionales.
La verdadera pregunta no es si Cuba o Corea del Norte comercian con otros países.
La verdadera pregunta es si pueden hacerlo en las mismas condiciones que cualquier economía capitalista: con acceso pleno al sistema financiero internacional, sin sanciones, sin amenazas de represalias contra empresas extranjeras, sin restricciones al crédito, a la inversión o a la transferencia de tecnología. Porque comerciar bajo un régimen de sanciones no es competir en un mercado libre; es hacerlo con un peso atado a los pies.
¿Qué pasaría si países como Cuba o Corea del Norte pudieran comerciar libremente con cualquier nación, acceder a tecnología, financiamiento e intercambios científicos y culturales en igualdad de condiciones? Si el libre mercado y la libre competencia son principios universales, ¿por qué no permitir que también compitan libremente modelos económicos diferentes?
Con frecuencia se afirma que la Unión Soviética cayó porque el socialismo es, por naturaleza, un modelo condenado al fracaso. Pero ese análisis suele ignorar la complejidad de los factores económicos, políticos e internacionales que influyeron en su descomposición. Del mismo modo, se presenta el desarrollo de China como una prueba de que el socialismo solo funciona cuando abandona sus principios. Sin embargo, desde el marxismo nunca se ha sostenido que una economía socialista deba permanecer aislada del resto del mundo. Al contrario, numerosos marxistas han defendido que ninguna sociedad puede desarrollarse plenamente encerrada sobre sí misma. El intercambio comercial, tecnológico y cultural con otros países no contradice esa perspectiva; forma parte de las condiciones materiales para el desarrollo de las fuerzas productivas.
Por eso mi reflexión no pretende afirmar que el socialismo garantizaría automáticamente mejores resultados. Mi pregunta es mucho más sencilla.
Si realmente creemos en la autodeterminación de los pueblos y en la libertad para elegir distintos modelos de organización económica y social, ¿por qué nunca se permite que los proyectos socialistas sean evaluados bajo las mismas condiciones que se conceden a los proyectos capitalistas?
¿Qué pasaría si, durante treinta años, capitalismo y socialismo pudieran competir sin bloqueos, sin sanciones, sin intervenciones militares, sin golpes de Estado ni presiones económicas externas?
Solo entonces podríamos saber, en condiciones verdaderamente comparables, cuál de los dos modelos convence por sus resultados y no por la fuerza de las intervenciones que condicionan su desarrollo.
Y bien, si el capitalismo está convencido de su superioridad histórica, no debería temer una competencia verdaderamente libre entre modelos de organización social. La prueba definitiva no serían las sanciones, los bloqueos o las intervenciones, sino los resultados obtenidos cuando todos compiten bajo las mismas reglas. Solo entonces podríamos hablar, con honestidad, de una auténtica libre competencia entre sistemas.
Fuentes:
Banco Central de la República de Argentina. Informe de Inversión Extranjera Directa (Cuarto Trimestre 2025).
Ministerio de Economía. El Gobierno Nacional prorroga por un año el plazo de adhesión al RIGI.
El Pais. Argentina. «Gobierno de Milei confía en imponer la economía sobre la política para ganar las elecciones» (mayo, 2026). https://elpais.com/…/el-gobierno-de-milei-confia-en…
Chequeado. Cierre de FATE: en lo que va de la gestión Milei, se perdieron casi 22 mil empresas y 290 mil trabajadores.
La izquierda Diario. El país que deja el ajuste. La precarización golpea a casi la mitad de la juventud. https://www.laizquierdadiario.com/la-precarizacion-golpea…
Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Oficina de control de anchos extranjeros. «Sanciones a Cuba». https://ofac.treasury.gov/sanctions…/cuba-sanctions…
La Jornada. Documentos revelan que bloqueo de JFK a Cuba buscaba derrocar a Castro. https://nsarchive.gwu.edu/…/2022-02-03%20jornada.com…
El País. 60 años de embargo estadounidense a Cuba y sin cambios a la vista. https://elpais.com/…/60-anos-de-embargo-estadounidense…
Archivo de seguridad nacional. Cuba bajo embargo: Las sanciones comerciales de EE. UU. cumplen sesenta años.
Ver menos
Liga Comunista internacionalista 